La corrupción sale cara. La Comunidad de Madrid ha destinado millones de euros públicos para pagar abogados que defienden a un grupo de empresarios acusados de «enriquecimiento ilícito» por parte de la Justicia colombiana. Los hechos ocurrieron en una de las filiales del Canal de Isabel II en el extranjero llamada Triple A que acabó siendo «expropiada» por el Gobierno de Iván Duque. Y es que aún hay temas por atar, por ejemplo, donde fue a parar la recaudación del 4,5% de los ingresos estipulados en el contrato de asistencia técnica. «Es un tema que sigue en proceso judicial», responden con evasivas desde el Canal de Isabel II a MONCLOA.com mientras ese dinero sigue el paradero desconocido.
Canal de Isabel II desembarcó con su expansión internacional en Colombia. Concretamente en Barranquilla, donde empezó a gestionar las aguas de la ciudad. Sin embargo, los negocios no salieron bien. Según ha explicado la Fiscalía en un comunicado, entre 2000 y 2017 se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un «contrato de asistencia técnica» que habrían causado un daño patrimonial en la compañía Triple A cifrado en 236.853 millones de pesos, es decir, 68 millones de euros.
El contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5% de la recaudación de cada mes por los servicios domiciliarios de alcantarillado y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica. Según los investigadores, se calcula que en esos 17 años de vigencia del contrato se habrían desviado esos 68 millones de euros, que ahora equivaldrían con la actualización del IPC colombiano a unos 94 millones.
Pero esta recaudación no llegó a la empresa y se quedó en manos de los directivos. «Los elementos recaudados indicarían que el objeto del contrato de asistencia técnica nunca se cumplió», señaló la Fiscalía colombiana que calificó los hechos de «saqueo». Según la Fiscalía, hay evidencias de «desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros», entre ellos las sociedades Canal Extensia, perteneciente al grupo Canal de Isabel II; y la compañía panameña Slasa, «que presuntamente recibieron dinero en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EEUU)». «Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa», explica la Fiscalía.
la Fiscalía colombiana que calificó los hechos de «saqueo»
Por este «saqueo» la Fiscalía prohibió salir de Colombia e impuso multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, y Francisco Javier Malia Baro, ex gerente general de Inassa. La misma sanción afecta a los exgerentes de Triple A Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira, así como a Luis Alberto Nicolella de Caro, ex gerente general de Inassa, y a Germán Sarabia Huyke, gerente de la misma empresa. Además, los españoles Carlos Roca García, actual gerente Inassa; Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo de Inassa, y Edmundo Rodríguez Sobrino, fueron multados. En el caso de Edmundo Rodríguez Sobrino, este aparece en los sumarios del Caso Lezo, una trama de corrupción que salpicó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. «Los procesados son investigados por los delitos de asociación para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares», ha zanjado la Fiscalía.
MADRID SE GASTA MILLONES DE EUROS EN ABOGADOS PARA DEFENDER SUS INGRESOS EN TRIPLE A
Esta «expropiación» que el Gobierno colombiano de Iván Duque trató de hacer a una filial española dependiente del Canal de Isabel II ha sido llevada a los tribunales. La Comunidad de Madrid se ha gastado cifras millonarias en abogados para defender a los empresarios que se quedaron con los ingresos millonarios de Triple A. MONCLOA.com ha contactado con Canal de Isabel II para conocer el dato exacto y con evasivas han remitido al medio al portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.
No obstante, este medio ha tenido acceso a sendos contratos con despachos abogados con los que la filial de Canal de Isabel II ha tratado de ejercer su defensa. Según el contrato titulado “Servicios de asesoramiento jurídico para la protección, en arbitraje internacional, de la inversión
efectuada en Colombia por Canal de Isabel II, S.A., a través de Canal Extensia, S.A.U. e INASSA en la empresa Triple A de Barranquilla” consultado por este medio el despacho Uría Menendez recibió 1.415.982,56 euros de las arcas públicas madrileñas para defender a los empresarios de esta operación.
Pero no solo el prestigioso bufete madrileño ha defendido a los empresarios españoles. La Comunidad de Madrid confío en los servicios jurídicos de Deloitte Legal para que le asesoraran en el caso. La ‘big four’ cobró por este asesoramiento 739.450 de euros. Con todo esto, queda latente las cifras millonarias que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se gasta en defender a sus afines implicados en tramas de corrupción. Gastando millones de euros públicos, el Canal de Isabel II está tratando de recuperar esta filial que regó con fondos millonarios a varios empresarios españoles vinculados a la Comunidad de Madrid.
