El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común defenderá este martes en el pleno del Congreso la toma en consideración para una integración voluntaria de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos. Se quiere hacer a través de una proposición de ley reguladora. Lo que no se sabe es si el Grupo Socialista, su socio de gobierno, apoyará o no tramitar esta iniciativa.
El texto persigue establecer los mecanismos legislativos necesarios para garantizar que las escuelas privadas concertadas que así lo soliciten voluntariamente se puedan incorporar, como instituciones de pleno derecho, a la red de escuelas públicas del Estado español.
Para el grupo parlamentario, existe un «exitoso precedente» a este respecto, la ley del Parlament de Cataluña reguladora del proceso de integración a la red pública de centros docentes públicos de diversas escuelas privadas aprobada a instancias del Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña, y que supuso la integración de 71 escuelas privadas catalanas en la red de escuelas públicas.
Se trata de las llamadas escuelas del CEPEPC (Cohlectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana), unas cooperativas educativas que a partir de 1978 «iniciaron una gran movilización social para reclamar su integración en la red pública».
La proposición de Ley de Unidas Podemos establece así que los centros de Educación Infantil y Primaria y los centros de Educación Secundaria concertados que voluntariamente así lo soliciten puedan integrarse a partir de un proceso de convocatoria de la Administración competente en la red de centros docentes públicos, mediante un convenio entre el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de la comunidad autónoma correspondiente, respetando las competencias transferidas de ésta si las tuviere, el ayuntamiento de la localidad y el titular del centro educativo concertado en cuestión.
Para ello, según el texto, el titular del centro educativo concertado deberá solicitar al departamento competente su voluntad de integración previo acuerdo del Consejo Escolar del Centro, especialmente de las familias, el ayuntamiento de la localidad y el claustro del centro.
Además, la adquisición de la titularidad del centro educativo solicitante se realizará por parte del departamento competente a través de un convenio de colaboración en el que participará el Ministerio de Educación, según recoge la proposición de ley.
La iniciativa señala que una comisión creada al efecto y participada por el departamento competente que asumirá la titularidad del centro, el Ministerio de Educación, el ayuntamiento de la localidad, la representación legal de los trabajadores y una representación del Consejo Escolar de centro, especialmente de las familias, decidirá la adecuación de la solicitud de integración y aprobará el proceso de integración mediante consenso de las partes.
