La comunidad venezolana en España se siente a la deriva. Entre la dinámica de adaptarse a un nuevo país y sobrevivir al proceso migratorio, le suman el hecho de que no existe una representación diplomática capaz de velar por los problemas a los que se enfrentan cada día y ayudarlos a buscar una solución verdadera.
Esto es lo que sucede con las personas afectadas por la cancelación del acuerdo del canje de las licencias de conducir, pues las recientes declaraciones emitidas por Antonio Ecarri, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, denotan, según algunas de las personas afectadas, un desconocimiento real de la situación y una inacción absoluta que lejos de colaborar con la solución del problema, los deja en un limbo jurídico y en un completo estado de indefensión.
Ecarri anunció que solicitaría a las autoridades españolas la reconsideración de la cancelación del acuerdo para el canje de permisos de conducir de venezolanos y que a cambio se les someta a una prueba práctica, pero la realidad es que esto no resuelve el problema de fondo, que es el desastre que hay en el organismo venezolano responsable de la emisión de los carnets de conducir, cuyo funcionamiento depende del régimen de Nicolás Maduro, y que durante los últimos años ha emitido distintos tipos de carnets, de acuerdo con todos los directores que han pasado por el cargo, y que no tienen un modelo específico de documento, con rasgos de seguridad, que puedan ser comprobados por las autoridades españolas.
El venezolano Armando Parejo es uno de los perjudicados ante toda esta situación. Tiene 72 años y fue una de las personas afectadas por la incompetencia del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) venezolano. Tuvo que enfrentar un proceso penal donde se le acusaba de haber falsificado su permiso de conducir venezolano, y aunque al final la jueza que llevaba su causa entendió que él era inocente, y hasta le ofreció disculpas, se vio afectado económicamente y en su trámite para obtener la nacionalidad española.
«Yo llegué a España en 2018 y tramité el canje de mi licencia sin ningún problema. En abril de 2021 me llaman de la Policía Nacional y me dicen que debo acudir con un abogado. Cuando acudí a la citación me dijeron que el documento era falso y me reseñaron como si hubiese cometido algún delito. Mi licencia la había tramitado en Venezuela en 2010, pero de la misma manera que lo hice desde que cumplí 18 años. toda esta situación me hizo sentir muy mal», dijo el afectado.
Otra de las víctimas de esta situación es el diputado venezolano Franco Casella, quien está en el exilio. En su caso, todavía tiene un proceso abierto donde también se le acusa de haber falsificado su licencia de conducir y, de momento, tendrá que esperar hasta septiembre, cuando tiene una audiencia ante un juez, para demostrar que no se trata de un documento falsificado, sino de una irregularidad por parte del organismo que emite los carnets en Venezuela.
«Yo presenté ante la Comisión de Política Interior la idea de que la Asamblea Nacional venezolana, que es reconocida por el Reino de España, emita un documento en el cual se explique a las autoridades españolas que lo que ha sucedido con las licencias venezolanas es responsabilidad del INTT y que la responsabilidad no recaiga sobre los venezolanos, porque todo estos procesos afectan desde los procesos migratorios, la economía y hasta las oportunidades de trabajo que tienen todos los venezolanos, pero hasta ahora no se ha podido hacer nada», expresó el parlamentario.
Casella rechazó las declaraciones que hizo el embajador Ecarri, quien señaló que no había causas contra venezolanos en los juzgados españoles y que ninguno había sido sentenciado, pues aseguró que, aunque en muchos casos los expedientes han sido archivados, hay venezolanos que sí han sido condenados y han tenido que pagar multas, porque al final todo depende del juzgado en el que sea debatida la causa.
«Cada tribunal es un mundo y hay jueces españoles que no conocen la realidad de todo lo que pasa en Venezuela, por lo que algunos han simplemente considerado que son los venezolanos los que falsifican los documentos, cuando la realidad es que el INTT en Venezuela ha emitido cinco tipos de licencias diferentes durante los últimos años, donde han utilizado distintas tintas y distintas impresoras y por lo tanto los documentos emitidos son diferentes, pero no quiere decir que sean falsos, sino que el organismo es incompetente», dijo el parlamentario.
De acuerdo con los datos obtenidos por un grupo de abogados, en la actualidad, en los juzgados españoles hay más de 700 procedimientos abiertos contra venezolanos; algunas causas son colectivas, pero en otras son individuales y son personas que son sometidas a procesos de juicio, en los cuales deben demostrar que los documentos que las autoridades españolas consideran como falsos no es responsabilidad de ellos.
De momento, la única alternativa con la que cuentan las personas que están afectadas judicialmente por esta situación, es solicitar ante el consulado venezolano, en manos del régimen de Nicolás Maduro, un documento donde certifican que los datos de sus carnets de conducir son verdaderos, pero eso no certifica la autenticidad de las licencias, y al mismo tiempo, para obtener este documento, deben pagar 50 euros a la representación consular.
