Todo comenzó con una amenaza que detectaron las autoridades de Murcia, y que ahora mantiene en alerta a los funcionarios de prisiones de todos los centros de reclusión del país. Se trata de una orden presuntamente dada por grupos yihadistas en las que se les indica matar a todos los guardias de las prisiones, seguirlos hasta sus casas y apuñalarlos.
Esta alerta había sido dada por funcionarios de la Guardia Civil de Murcia desde el pasado mes de abril, mucho antes de que se diera la agresión contra uno de los trabajadores del centro penitenciario Murcia II, donde un interno le cortó el cuello con una lata a un trabajador penitenciario.
Esto ocurrió la misma semana en que se produjeron otras tres agresiones en las cárceles de Estremera y en la de Picassent, donde otros cuatro funcionarios de prisiones quedaron heridos tras ser brutalmente golpeados por dos reclusos.
Toda esta situación mantiene en alerta a los trabajadores penitenciarios, que llevan años denunciando las condiciones de riesgo que supone lidiar día tras días con reclusos con diferentes grados de peligrosidad, que saben que a pesar de las agresiones que comentan contra los trabajadores de las prisiones, no habrá sanciones penales en su contra, sino solo sanciones administrativas impuestas por el penal.
En la alerta que había emitido la Guardia Civil española en abril, se señalaba, a través de una circular emitida por el Grupo Central de Información y Control Operativo (GCCO), que habían detectado información en una revista islamista, de carácter radical la orden expresa de asesinar a los funcionarios de prisiones, por lo que en ese momento se ordenó extremar las medidas de seguridad para garantizar la protección de este colectivo.
Esta información llegó, de hecho, a las oficinas del Ministerio del Interior, donde no solo no prestaron atención, sino que la desestimaron.
De acuerdo con los informes elaborados por los sindicatos de los trabajadores de prisiones, cada 26 horas ocurren una agresión de considerable gravedad contra uno de sus funcionarios; ello sin contar las constantes agresiones verbales y las retadoras discusiones que día tras días deben sobrellevar el personas que se encarga de la seguridad y el orden en las prisiones españolas.
Tras el ataque que ocurrió en Murcia, por parte del recluso yihadista, los trabajadores penitenciarios se pusieron en alerta, pues temen que esta situación se repita en otros centros penitenciarios del país, donde ya han sido detectados comportamientos extremistas por parte de estos grupos islámicos.
La situación obligó a los trabajadores de la cárcel de Murcia II realizar una protesta para exigir al ministro Fernando Grande – Marlaska mayor seguridad, así como mejores condiciones laborales, debido a lo ocurrido con el funcionario y el recluso yihadista. La misma protesta fue hecha en varias ciudades del país, donde los funcionarios manifestaron sentirse inseguros ante la posibilidad de que este tipo de ataques se propaguen dentro de las prisiones españolas, ante la inacción del Ministerio del Interior.
Todo ello ha generado tensión en otros establecimientos penitenciarios, donde los funcionarios de prisiones señalan que también hay reclusos islámicos y temen que la situación se pueda salir de las manos, si ocurren agresiones por parte de este grupo de internos, pues la respuesta de las autoridades ante la situación de amenaza ventilada en Murcia por La Guardia Civil fue que se extremaran las medidas de seguridad tanto dentro como fuera de las instituciones penitenciarias, lo que ha generado mayor preocupación por parte de los funcionarios, quienes advierten que no se sienten a salvo ni dentro de los penales, ni cuando van de camino a sus casas.
Los funcionarios de prisiones denunciaron que la respuesta del Ministerio dirigido por Fernando Grande – Marlaska fue que se dejaran de ventilar estas situaciones para no generar temor en los funcionarios de otras prisiones, a pesar de que si esta alerta se hubiese dado antes, se hubiese podido evitar la agresión que sufrió el funcionario de la prisión murciana, pues en este caso puntual, el agresor ya había sido identificado como un recluso yihadista, de alta peligrosidad y radical, y que la situación ameritó la intervención de otros funcionarios y reclusos para poder ser controlada, debido al alto grado de violencia del agresor.
Para los sindicatos de los funcionarios de prisiones, lo más complejo de entender es cómo las autoridades del Ministerio del Interior no terminan de entender que cuando suceden este tipo de situaciones de violencia, los reclusos se saben impunes y que por lo tanto saben que a única consecuencia es, cuando mucho, el aislamiento.
No obstante, denuncian que toda esta situación se ha agravado desde que arribó al ministerio del Interior Fernando Grande – Marlaska, quien se ha empeñado en mantener una imagen «bueno», que a la larga pone en riesgo a los funcionarios de las prisiones y a todo aquel que tenga que ver en el reeducación de los reclusos españoles.
