Pretender que una ley podrá abolir la prostitución en un país es tan utópico como pedirle peras al olmo, tal como reza el refranero popular español. Quienes trabajan en la atención de los colectivos que ejercen la prostitución en el país advierten que lejos de necesitar una ley que promueva la criminalización de quienes consumen prostitución, se necesita una reforma migratoria que le permita tener otras opciones laborales a quienes llegan al país y tienen que dedicarse a esta actividad para poder sobrevivir.
Así lo señaló Miguel Ángel Del Olmo, coordinador de la ONG In Género, quien además aseguró que esta iniciativa de ley, presentada por la ministra Irene Montero y respaldada por el ala socialista del Gobierno de Pedro Sánchez, no fue elaborada para buscar soluciones, sino para atacar y criminalizar a quienes están dentro de este mundo.
«Para poder hacer leyes en pro de quienes ejercen la prostitución hay que hablar con estas personas, que son quienes conocen la realidad de todo lo que pasa en ese mundo y con las ONG’s que nos dedicamos a la atención de estas personas, porque es la única manera de conocer qué es lo que en realidad puede ayuda», aseguró el vocero de la organización.
De acuerdo con la experiencia de Del Olmo y los estudios que han realizado en la organización a la que él pertenece, la realidad es que el 90% de las personas que se dedican a la prostitución son migrantes que han llegado a España y ante la imposibilidad de acceder a otras oportunidades laborales, terminan ejerciendo la prostitución como única alternativa para subsistir.
«Tenemos una ley de migración obsoleta, que tiene más de 20 años y que no le permite a los migrantes regularizar su situación antes de tres años, entonces ¿De qué pueden vivir estas personas que llegan aquí a España, si no tienen acceso a trabajos de manera legal? Ese proyecto de ley presentado no abolirá la prostitución, porque las únicas condiciones que cambiarán, será que ahora todo ocurrirá en la clandestinidad», expresó Del Olmo.
El pasado 22 de junio un grupo de mujeres y hombres que se dedican a la prostitución se concentraron a las puertas del Partido Socialista Obrero (PSOE), en la calle Ferraz de Madrid, para rechazar que se apruebe el proyecto promovido por el Gobierno, el cual busca criminalizar a quienes paguen por prostitución.
Del Olmo advirtió que ya desde la época en la que comenzó la pandemia ocasionada por la Covid-19, la policía comenzó a perseguir a quienes se dedicaban a la prostitución y a quienes salían en busca de prostitutas, acosándolos, lo que provocó que se fueran a la clandestinidad, porque comenzaron a criminalizarlos, con la excusa de la pandemia. De hecho, la encuesta de la organización determinó que el 83,9% de las mujeres que ejercían la prostitución, tuvieron que dejar de hacerlo durante el confinamiento, debido a la persecución de los organismos de seguridad.
En el más reciente informe elaborado por la organización que dirige Del Olmo, se determinó que 70% de los extranjeros que ejercen la prostitución no venían al país con la intención de ejercerla, ni lo habían hecho antes, pero que la situación económica y la falta de acompañamiento para solventar su estatus migratorio los obligó a escoger ese camino. «Tengamos claro que ninguna persona que ejerce la prostitución lo hace por gusto, eso no es bueno para nadie, pero cuando están ya dentro de ese mundo, la idea es brindarles ayuda, no crear una ley que solo lo criminalizará».
La organización considera que para legislar sobre la prostitución, se debe conocer ese mundo, pues considera que en nada cooperan las ideologías políticas para buscar soluciones y alternativas si no se conoce la realidad de quienes se desenvuelven en este mundo.
El Ministerio de Igualdad recibió la aprobación para disponer de un fondo de 12,9 millones de euros, aprobados en Consejo de Ministro, que supuestamente serán destinados para un plan de reinserción sociolaboral para mujeres y niñas que han ejercido la prostitución. Se supone que lo que busca hacer el despacho dirigido por Montero es un programa de subvenciones directas a organizaciones que se encargan de atender a estas personas.
Estos recursos serán gestionados a través del Instituto de la Mujer y esperan que entre el 2022 y el 2026 puedan llegar a alcanzar a más de 30 mil mujeres de todo el país que hayan sido víctimas de explotación sexual o de trata de personas. Sin embargo, no será sino hasta septiembre que el Ministerio de Igualdad de los detalles sobre este proyecto, junto a las instituciones que se encargarán de dar atención a estas personas.
