La ‘telemedicina’ se ha instaurado en las prisiones. El déficit de médicos en los centros penitenciarios y la falta de ejecución de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias han hecho que los funcionarios de prisiones interpongan una denuncia ante el Defensor del Pueblo para tratar de mejorar la asistencia sanitaria de la población reclusa. Esta denuncia ya ha sido admitida a trámite y tiene como objetivo garantizar una asistencia médica idónea para los internos. La «telemedicina» hace aguas en las prisiones.
MONCLOA.com ha tenido acceso a dicha denuncia en la que se exponen las problemáticas en materia sanitaria a la que se enfrentan los centros penitenciarios dependientes del ministerio del Interior. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha individuado diversos problemas en dicha queja sobre la atención sanitaria a los reclusos. «La Administración Penitenciaria ha implantado un Proyecto Piloto de Guardias Telemáticas de Apoyo con profesionales de Instituciones Penitenciarias. Se trata de establecer consultas telefónicas a la población reclusa en la atención primaria que asumen los médicos de prisiones», explica ACAIP en su denuncia ya que esta medida está siendo objeto de críticas y de una oposición frontal de todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias. Con ello, no cabe duda que la «telemedicina» en las prisiones ha mermado la atención médica en celda, así como la escasa intervención de los facultativos (si es que hay) cuando se producen altercados con lesiones.
la «telemedicina» en las prisiones ha mermado la atención médica en celda
Es por ello que ACAIP ha decidido denunciar esta situación ante el Defensor del Pueblo. Para el sindicato de funcionarios de prisiones, se están vulnerando derechos fundamentales como no garantizar un derecho a la vida digna en materia de salud a los internos. La legislación recoge que «la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos», por lo que garantizar una correcta atención sanitaria es necesario. Asimismo, el legislador vincula el derecho a la vida de las personas privadas de libertad a su salud por lo que es necesario garantizar una correcta atención médica.
Además de denunciar estas lagunas de atención médica que se viven en las prisiones, los sindicatos también reclaman que las comunidades autónomas asuman sus competencias. «Señor Defensor del Pueblo, ¿qué ocurre? ¿por qué no se produce la transferencia de los servicios
sanitarios a las comunidades autónomas? Todas las CC.AA. tienen asumida la competencia en la
asistencia sanitaria, la estatal únicamente queda relegada a las Ciudades Autónomas. Para ser más exacto, no tienen asumida toda la asistencia sanitaria, falta la penitenciaria. En cambio, las comunidades autónomas con competencia en materia penitenciaria, Cataluña y más recientemente el País Vasco, asumen la sanidad penitenciaria desde sus servicios de salud autonómicos», reclaman los sindicatos en su denuncia a la que ha tenido acceso MONCLOA.com.
DÉFICIT TOTAL DE MÉDICOS EN LAS PRISIONES
La «telemedicina» compromete la atención sanitaria, sin embargo, lo que más compromete este servicio es la falta de médicos facultativos que se está viviendo en las prisiones españolas. Según datos proporcionados por los sindicatos mayoritarios de prisiones, en las cárceles españolas faltan 300 médicos, es decir, un 58% de las vacantes de médicos de familia para ejercer en las prisiones están desiertas. «No se cubren las plazas vacantes y las convocatorias de médicos interinos apenas alcanza el 1,5% de los puestos necesarios», denuncian desde ACEIP-UGT.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones denuncian que muchos centros carecen de médicos para atender las necesidades diarias o para hacer las guardias, lo que aboca a que haya presencia de facultativos en las prisiones. La solución planeada por la administración, con carácter general, es establecer un servicio de “telemedicina” en los centros penitenciarios, sin embargo, las organizaciones sindicales han denunciado que este sistema es inoperativo dada la idiosincrasia del medio y sus particularidades asistenciales y legales. «Aplicar este modelo en los centros es tanto como desconocer la realidad de los mismos», apostillan en una conversación con MONCLOA.com.
Y es que las características de la población reclusa hacen necesaria la atención médica presencial. Las cárceles españolas son con frecuencia escenario de altercados que necesitan la intervención inmediata de médicos. Asimismo, son estos facultativos los que tienen que autorizar si un recluso debe acudir o no a un centro hospitalario con el riesgo de fuga que ello conlleva. Además, la asistencia en celda es de suma importancia sobre todo en aquello reclusos que permanecen aislados.
Es por ello que desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT reclaman un mayor compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas para no dejar caer el sistema sanitario
penitenciario. «No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria», zanjan los sindicalistas representantes de los funcionarios de prisiones.
