La enseñanza del catalán vuelve a protagonizar la actualidad informativa. La Generalitat de Cataluña ha decidido imponer la enseñanza del catalán en las aulas de los niños de 0 a 6 años. A pesar de que la enseñanza no sea obligatoria en estas etapas educativas, el Ejecutivo de Pere Aragonés ha decido imponer el catalán en estas aulas. Además, a pesar de que algunas escuelas hayan pedido anular el proyecto lingüístico estas tendrán que llevar el asunto a los tribunales en contra de las directrices de la Generalitat. Se tratan de las escuelas públicas de Barcelona y Abrera (Barcelona) sobre las que el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por la Generalitat ante las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en marzo de 2021 en las que se anulaba el proyecto lingüístico en estos dos centros. Una vez más, la enseñanza del catalán en aulas tiene recorrido en los tribunales.
La decisión del Tribunal Supremo no ha sido acogida con entusiasmo por los altos cargos de la Generalitat. La secretaria general de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha defendido que la anulación del proyecto lingüístico de dos escuelas catalanas es «inaplicable» ante el nuevo marco normativo, que rechaza los porcentajes y fija que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular y el castellano como lengua curricular. «El Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por lo tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior», ha sostenido Gomà en una entrevista con Catalunya Ràdio en la que ha dicho que el tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión.
Poniendo en cuarentena la resolución judicial, Patrícia Gomà ha explicado que la Generalitat ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la revocación de las medidas cautelares vigentes en una decena de escuelas en las que una familia había solicitado la aplicación del 25% de castellano, y que está estudiando cómo proceder en la docena de centros en los que sí que había sentencia firme. «El lío deriva de que la justicia va muy lenta y hace sus procedimientos en años posteriores a las cosas. La realidad es mucho más rápida, mucho más dinámica y las sentencias llegan después, cuando ya hay un momento totalmente diferente», ha lamentado.
Esta inadmisión del recurso de casación se une a más recursos que las autoridades judiciales no han decidido admitir a trámite. La propia secretaria general de la Conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña ha vaticinado que en septiembre el Tribunal Supremo rechazará otros recursos de la Generalitat siguiendo la estela de los recursos sobre las escuelas públicas de Barcelona y Abrera (Barcelona). Patrícia Gomà ha asegurado que las direcciones de ambas escuelas no deben hacer ningún cambio, «no la tienen que aplicar porque estas sentencias devienen inaplicables», ha zanjado Gomà. Asimismo, la secretaria general ha insistido en que el nuevo marco normativo se adecua a la Constitución y los alumnos adquieren las competencias necesarias tanto en catalán como en castellano, y ha pedido «que se deje de judicializar la cuestión lingüística».
EL PP RECURRE LLEVA AL CONSTITUCIONAL LA NORMATIVA DE LA GENERALITAT
El Grupo Popular presentó el pasado julio en el Congreso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas de la Generalitat de Cataluña “contra el uso del castellano en la enseñanza”. A su entender, el Govern catalán vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. Tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya habían anunciado en mayo que recurrirían conjuntamente ante el Constitucional la nueva ley del catalán en las escuelas acordada entre el PSC, ERC, Junts y los comunes.
En concreto, el recurso que ha presentado el PP ante el alto tribunal afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y el 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Uno de los fundamentos del recurso es que tanto el Decreto como la Ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulnerando la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la propia doctrina del Tribunal en sentencia de junio de 2010, según se recoge en un comunicado que ha difundido el PP.
