La dictadura de Nicolás Maduro y sus tribunales han sentenciado a la venezolana con nacionalidad española Ángela Expósito a cumplir una condena de 24 años de prisión, tras ser juzgada por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, tras ser sometida a un irregular juicio por el supuesto atentado contra el dictador venezolano, ocurrido el sábado 4 de agosto de 2018, en el centro de Caracas, cuando dos drones cargados con explosivos estallaron muy cerca de la tarima presidencial, en medio de un homenaje que el chavismo hacía a la Guardia Nacional Bolivariana
Junto a Expósito fueron condenadas otras 16 personas, con penas de entre 8 y 30 años de prisión, entre quienes se encuentra el ex diputado venezolano Juan Requesens, que fue tomado por la dictadura como la medalla de oro del caso.
De acuerdo con lo expresado por el abogado Gonzalo Himiob Santomé, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, el juicio contra Expósito y el resto de los condenado, estuvo plagado de irregularidades. La sentencia fue emitida por la jueza chavista Hennit López Mesa, quien se adjudicó el trofeo por haber sentenciado a todas estas personas para congraciarse con la dictadura venezolana.
«Lo único que existe contra Angela Expósito es un video que le obligaron a grabar mientras estaba detenida en el que además destaca que no tenía conocimiento de que otras personas estuvieran involucradas en la comisión de ningún delito», expresó Himiob Santomé en una conversación con Moncloa.com
A principios de junio los abogados del Foro Penal Venezolano estuvieron en España y se reunieron con Antonio García Roger, subdirector general de Países Andinos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con quien conversaron sobre el caso de Expósito y otros dos ciudadanos venezolanos con nacionalidad española que están dentro de la lista de presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro.
En aquel momento pedían a las autoridades españolas que intercedieran, ante las autoridades del régimen venezolano, para procurar que estas personas fueran dejadas en libertad, pero dos meses después, lejos de haber hecho algo, las autoridades españolas no han hecho nada por estas personas que permanecen presas en Venezuela, en manos de un régimen que ha sido denunciado internacionalmente por someter a sus prisioneros a torturas y tratos crueles, y por cometer crímenes de lesa humanidad.
Alfredo Romero, otro de los directivos del Foro Penal Venezolano, aseguró en ese entonces que en oportunidades anteriores las autoridades españolas habían logrado interceder por presos políticos que tenían la doble nacionalidad, con éxito, pero en el caso de Expósito no han podido hacer nada.
Expósito era representante de la ONG Fundanimal y se dedicaba a resguardar a las mascotas de los presos políticos venezolanos. Ella fue capturada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN), el 29 de septiembre de 2018 y desde entonces comenzó su calvario por demostrar su inocencia frente al Poder Judicial venezolano, que se encuentra secuestrado por la dictadura.
A la ciudadana española la señalan de haber encubierto a personas vinculadas con el supuesto atentado cometido contra Nicolás Maduro en medio de un acto militar que se realizó en la avenida Bolívar de Caracas, un paraje en el centro de la ciudad que frecuentemente es utilizado por el chavismo para sus concentraciones políticas.
De acuerdo con lo establecido por las autoridades de la dictadura venezolana, Expósito ayudó a Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, mejor conocido como «Morfeo», que fue señalado de ser la persona responsable de grabar en vídeo sobre la muerte de Nicolás Maduro. Las investigaciones de las autoridades venezolanas determinaron que Rivas supuestamente pretendía escapar a Colombia con la ayuda del coronel Ramón Santiago Velasco García, pero ambos fueron detenidos entre los días 21 y 22 de agosto de 2018.
Los representantes del Foro Penal Venezolano señalaron que la Fiscalía venezolana se limitó en sus conclusiones a, básicamente, leer el acta de los funcionarios que hicieron los arrestos de las 17 personas que fueron implicadas en este hecho.
Los demás condenados fueron: Juan Carlos Monasterio, Argenis Valera, Emirlendris Benítez, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Pedro Zambrano, Brayan Oropeza, Alejandro Pérez Gámez, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, José Miguel Estrada, Yanin Pernia. Todas estas personas fueron condenados a 30 años por los delitos homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio intencional calificado en grado de frustración por motivos fútiles y lanzamientos de artefactos explosivos es espacios públicos, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
La dictadura venezolana también sentenció a 20 años de prisión a José Eloy Rivas, por el delito de financiamiento al terrorismo; Héctor Armando Hernández Da Costa, condenado a 16 años de prisión por el delito de conspiración con agravantes y Winder Anderson Vázquez, condenado a 5 años por el delito de encubrimiento.
En este momento la pelota está del lado de las autoridades españolas, que ya fueron notificadas de la situación de Ángela Expósito y la condena que recibió.
