Las autoridades españolas preparan la extradición de otro ciudadano venezolano, que supuestamente era funcionario de la Policía Militar de ese país, tras haber sido solicitado por el régimen de Nicolás Maduro, por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada y asociación para delinquir, contra una compañía venezolana identificada como Diagold Overseas.
De acuerdo con información extraoficial obtenida por parte de las autoridades españolas, este ciudadano venezolano tenía una alerta de Interpol desde agosto de 2021, tras una investigación del presunto delito que habría cometido en 2016, contra esta empresa, de la cual obtuvo 53.000 euros que se suponían que iban a ser invertidos en diversos negocios de carácter internacional y que no se llegaron a concretar.
De acuerdo con las autoridades españolas, este ciudadano venezolano inicialmente señaló que era un perseguido político, por lo cual su defensa pidió que no se tramitara la orden de extradición, que había sido momentáneamente archivada en octubre de 2021, pero que finalmente se reactivó en marzo de este año y que podría concretarse en las próximas semanas.
La defensa del ex funcionario de la Policía Militar venezolana habría dicho a las autoridades españolas que se oponían a la extradición, bajo el alegato de que los tribunales competencias no tenían potestad para conocer de este caso pues para el momento en que señalan que se habría cometido el delito, esta persona ya residía en España.
Sin embargo, las autoridades españolas señalaron a la defensa que la compañía afectada por el presunto delito de estafa continuada tiene una sede en Venezuela, por lo que los juzgados del país suramericano tienen competencia para investigar y juzgar lo sucedido.
Otro de los argumentos utilizados por la defensa para tratar de salvar a esta persona de la extradición, es decir que es un perseguido político, debido a que según el investigado, ejerció funciones dentro de la Policía Militar venezolana. Sin embargo, las autoridades españolas hicieron dos advertencias muy claras para combatir este argumento esgrimido por los abogados defensores.
En primer lugar, esta persona no ha podido comprobar ante los juzgados españoles que realmente era funcionario de la Policía Militar venezolana, y en segundo lugar, los delitos por los cuales lo están solicitando desde el país suramericano nada tienen que ver con hechos políticos, dice el escrito del los juzgados locales.
Esta persona, de quien no ha trascendido el nombre, podría ser enviada a Venezuela en cualquier momento, una vez que entre el país caribeño y las autoridades españolas coordinen la logística para su entrega.
El pasado 7 octubre de 2021 se iba a concretar la extradición, pero en ese momento el investigado se opuso y no renunció al principio de especialidad, que no es más que una figura utilizada en los procesos de extradición, donde el Estado solicitante no lo puede juzgar por otro delito diferente al que esté mencionado en el trámite por el cual lo requieren.
Hay que recordar que el pasado 14 de julio las autoridades españolas entregaron a Venezuela a Ernesto Luis Quintero, que estaba solicitado por las autoridades de ese país, por su presunta vinculación con un caso de estafa a través de la compañía ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa. Los delitos que le imputaban son estafa, apropiación de fondos o valores y legitimación de capitales.
Quintero estuvo detenido en España por más de año y medio, mientras se resolvía su situación de extradición, que finalmente accedieron a entregarlo a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, pese a los esfuerzos de la defensa y de varias organizaciones políticas españolas que abogaron para que no fuese enviado a Venezuela, pues temían que pudiese ser víctima de torturas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
Esta persona tenía una alerta roja de Interpol desde 2018, justo el año en que llegó a este país en compañía de su esposa y su hija, donde se instalaron. Tanto la mujer como la hija de Quintero fueron beneficiadas por el Gobierno español con una residencia por razones humanitarias, pero en el caso de Quintero, le negaron en dos oportunidades la petición de asilo que hizo.
Desde que esta persona fue entregada a las autoridades españolas, la defensa que tenía en España estaba intentando conseguirle ayuda en Venezuela, pues tras llegar a Caracas, se esperaba que fuera trasladado hasta el estado Zulia, donde se investigaba y se juzgaría el delito por el cual lo solicitaron en extradición.
De concretarse esta nueva extradición, sería la segunda que se lleva a cabo entre Venezuela y España en menos de tres meses, pese a las recomendaciones que han hecho los políticos de oposición en España, de no entregar a Venezuela a detenidos, debido a las múltiples denuncias que cursan en organismos internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro, por violación de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad.
