Un grupo de organizaciones no gubernamentales de venezolanos en España está recolectando firmas para solicitar al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que interceda ante las autoridades españolas, debido a la imposibilidad de acceder, desde hace meses, al sistema de citas para solicitar protección internacional.
Las organizaciones han iniciado una recolección de firmas, para presentárselas al funcionario, a fin de que interceda ente las autoridades españolas para que busquen una alternativa que propicien el normal funcionamiento del mecanismo que solo se puede hacer por vía telemática.
De acuerdo con el documento que han elaborados estas organizaciones, el asilo es un «derecho humano consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, en su protocolo suscrito en Nueva York el 31 de enero del 67, así como el la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la cual tiene como objeto establecer los términos en los que los nacionales de otros países no comunitarios pueden gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiarios inconvenientes que hay en este momento para solicitar protección internacional», dice el texto.
Los afectados han denunciado que desde febrero, tras la llegada al país de los desplazados por la invasión rusa a Ucrania, la página web a través de la cual se accede al sistema de solicitud de citas, no funciona adecuadamente y es prácticamente imposible solicitar la primera cita para manifestar la voluntad de pedir protección internacional, que les da garantía de que no serán devueltos a sus países de origen, de los cuales han huido debido a las crisis políticas, sociales y económicas y la violación de derechos humanos.
«Actualmente, la obtención de la cita de asilo en el portal de la sede virtual de la administración pública limita de forma compleja el ejercicio de este derecho y desde la pandemia, en vez de generar los mecanismos tecnológicos para desbloquear estas limitantes en el sistema de citas, se ha agudizado esta dificultad dilatando el tiempo de espera para acceder a la administración pública española y más aún limitando en términos reales el ejercicio de un derecho fundamenta» expresan las organizaciones en el documento para recolectar firmas.
Las organizaciones hacen énfasis en las condiciones en las que los migrantes llegan a España, con la intención de solicitar protección internacional, pues la imposibilidad de iniciar este trámite los mantiene sin la posibilidad de acceder al permiso de trabajo, sin contar que los mantiene en situación irregular hasta esa primera cita. Asimismo, al no tener acceso a un permiso de trabajo, se ven obligados a trabajar de manera ilegal, lo que los expone a tratos abusivos y denigrantes, y a la explotación laboral.
Esto sin contar que al mantenerse de manera irregular en el país, se ven obligados a acudir a las ayudas sociales de emergencia, cuando en su gran mayoría son personas en edad productiva que podrían fácilmente incorporarse al mercado laboral y contribuir con la economía del país.
En España se activó hace seis meses la opción de protección temporal, para acoger a los más de 135 mil ucranianos que tuvieron que salir de su país, a consecuencia de la invasión de Rusia y han sido destinados una cantidad importante de recursos para atender esta situación, por lo que organismos como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha solicitado también a las autoridades españolas que se utilicen los recursos humanos y técnicos para atender la situación no solo de los ucranianos, sino del resto de refugiados que continúan llegando a España y que no tienen acceso al sistema de solicitud de protección internacional.
De hecho, el CEAR también emprendió una campaña de recolección de formas para sustentar ante las autoridades españolas estas peticiones, pues están al tanto de lo que está sucediendo con el sistema informático que sirve para solicitar asilo y así se lo han hecho saber a las distintas instituciones del Estado implicadas en este proceso.
Si bien es cierto que la mayor cantidad de solicitudes de protección internacional de los últimos años son hechas por parte de venezolanos que llegan a España huyendo de la crisis política, económica y social provocada por el régimen de Nicolás Maduro, al país continúan llegando personas de otros países que también enfrentan situaciones complejas que obligan a su población a huir.
Otra de las organizaciones internacionales que ha levantado la mano debido a esta situación es ACNUR, donde han advertido que esta situación amerita atención por parte del Gobierno Español. EL organismo reconoció que el Estado español ha aumentado los recursos para atender esta situación durante los últimos años, pero consideran que no ha sido suficiente, pues son muchas las personas que desde hace meses no han podido tener acceso a este sistema, sin que haya una solución a la vista.
