La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado enviar al Pleno los recursos del diputado del PP Alberto Casero y del Grupo Parlamentario Popular contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra. Así, se sumarán al orden del día, en el que ya está previsto que se estudie si se admiten los recursos contra la ley catalana que elimina el 25 por ciento del castellano en las aulas.
Los magistrados de la Sala Segunda se han reunido este lunes para debatir –entre otros asuntos– si dejaban en manos del Pleno la decisión de admitir o no a trámite los recursos de los ‘populares’ y un recurso de Vox relativo también a la votación de la reforma laboral. Según ha informado el órgano de garantías, han acordado elevar los escritos al Pleno, por lo que mañana martes estudiará si es pertinente o no la admisión.
El PP llevó al Constitucional el «atropello democrático» que, a su juicio, se cometió en la votación de la reforma laboral. En declaraciones a Europa Press, la portavoz Cuca Gamarra aseguró que aquel día «se conculcó el derecho» de Casero, que avisó con «carácter previo» de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había «capacidad» para que el diputado votara de forma presencial.
El Grupo Popular presentó los recursos antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyeron que el voto de Casero en favor de la reforma laboral fue válido y que no cabía su revocación aunque él se equivocara. En ese informe también se descartó que hubiese un fallo del sistema informático. Por su parte, los diputados de Vox llevaron el caso al Constitucional al considerar que se había «hurtado la voluntad popular» en el votación de la reforma laboral. «La reforma tenía que salir por lo civil o lo criminal, y salió por lo criminal», señaló la entonces secretaria general del Grupo Parlamentario.
LEY CATALANA DEL USO DEL ESPAÑOL
Para este martes, también se espera que el Pleno estudie si admite o no a trámite el recurso de PP y Cs contra varios artículos de la ley catalana que elimina el 25 por ciento del castellano en las aulas. En concreto, las formaciones presentaron recurso contra varios artículos del Decreto-ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. También recurrieron los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Según ha informado el órgano de garantías, el magistrado Antonio Narváez será el encargado de defender la ponencia ante el Pleno del tribunal. Tanto PP como Ciudadanos entienden que con estas normas el Govern catalán vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, anunciaron en mayo que recurrirían conjuntamente ante el Constitucional la ley del catalán en las escuelas acordada entre el PSC, ERC, Junts y los comunes.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró –en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid– que el recurso para garantizar el castellano en las escuelas de Cataluña lo tendría que haber impulsado el propio Gobierno de Pedro Sánchez, pero que había «renunciado para que pueda seguir siendo presidente». En una comparecencia en Barcelona, la líder de Ciudadanos criticó el «decreto trampa» sobre el catalán del Govern y defendió la necesidad de presentar este recurso junto al Partido Popular para hacer unidad de acción constitucionalista frente al independentismo.
Uno de los fundamentos del recurso es que tanto el Decreto como la Ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulnerando la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la propia doctrina del Tribunal en sentencia de junio de 2010, según se recoge en un comunicado que difundió el PP. El recurso explica que el Decreto Ley vulnera el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 86 de la Carta Magna, al no existir fundamento habilitante para la utilización de dicha norma que requiere extraordinaria y urgente necesidad, además de trascender los límites establecidos en el Estatut para la utilización de dicho instrumento normativo.
Otros fundamentos del recurso se centran en que las normas citadas vulneran preceptos constitucionales relacionados con la autonomía de los centros garantizada por la normativa básica del Estado y con la alta inspección como competencia exclusiva del mismo, además de la competencia del Estado para la regulación del uso del castellano.
LEY DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Asimismo, el Pleno debe resolver el recurso de Vox contra la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. A su vez, deberá decidir si admite o no a trámite el recurso de los de Santiago Abascal contra varios artículos de la ley catalana que modifica la ley para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
