CCOO y UGT volverán este viernes a la calle, en su primera concentración del «otoño caliente», para exigir «justicia salarial» ante la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con la mesa del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) paralizada desde mayo y con las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) previstas para los próximos meses.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, junto con las secretarias generales de Madrid de ambos sindicatos, Paloma López y Marina Prieto, respectivamente, encabezarán la protesta, prevista a las 11.00 horas en la calle Diego de León, en Madrid, donde se ubica la sede de la patronal.
La cita coincide con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional, que este año está dedicada a la justicia salarial, y servirá a CCOO y UGT para reivindicar de nuevo su proclama de «salario o conflicto».
Ambos sindicatos ya se congregaron ante la sede patronal antes del verano, el pasado 6 de julio, con la misma reivindicación y con la intención de volver a sentar a la CEOE en la mesa de negociación del AENC.
Entonces, los representantes de los trabajadores reclamaban a los empresarios una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, acompañadas de una cláusula de revisión salarial, como expusieron en la mesa de negociación rota en mayo.
Sin embargo, tres meses después de aquella concentración del verano la situación económica es otra, con una inflación que en agosto se situó en el 10,5% y en el 6,4% en el caso de la subyacente, su valor más alto desde enero de 1993.
Por tanto, las exigencias salariales también son diferentes, como expusieron la semana pasada Sordo y Álvarez. Los sindicatos piden ahora negociar una horquilla de subida salarial de entre el 3,5% y el 4,5%.
«Las condiciones de la negociación han cambiado», dijo Álvarez en una rueda de prensa, secundado por Sordo, que añadió que la propuesta del sindicato tenía incrementarse e instó a la CEOE a «modificar sus posiciones».
CCOO y UGT defienden que una subida salarial no generará una inflación de segunda ronda, como propugnan los empresarios, e insisten en que esas mejoras en los sueldos para 2023 y 2024 son perfectamente asumibles por las empresas, ya que contarán con un margen temporal suficiente para absorber el incremento de los salarios en los próximos años.
Para Sordo, la negativa de la CEOE a la propuesta sindical responde a que «están acostumbrados a salir de las crisis a través de la devaluación salarial y la destrucción de empleo».
Pese al estancamiento en las negociaciones con la patronal, los sindicatos han tenido más éxito en las conversaciones con el Gobierno. A comienzos de esta semana, CCOO y UGT pactaron con el Ministerio de Hacienda y Función Pública una subida salarial para los empleados públicos de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024.
Esa cifra ya recoge el incremento del 2% que los funcionarios han recibido en sus nóminas este 2022. A esa cifra, se le sumará un 1,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
En 2023, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.
En 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado.
Conseguido ese acuerdo, la siguiente mesa de negociación con el Gobierno, esta vez con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, será la del SMI, en la que también se sentará la CEOE. El Gobierno no tiene obligación de negociar con los agentes sociales el SMI, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, prefiere que la subida de esta renta se asiente sobre un acuerdo social.
Los sindicatos confían en que el salario mínimo de 2023 se sitúe en 1.100 euros mensuales, para que sus perceptores mantengan el poder adquisitivo. Aunque todavía deben hablarlo, previsiblemente en diciembre, CCOO y UGT cuentan con el compromiso del Gobierno y de la propia Yolanda Díaz, que ha repetido en varias ocasiones que el SMI equivaldrá el próximo año al 60% del salario medio español en 2023, como mandata la Carta Social Europea.
La patronal, por su parte, se mantiene a la espera de la convocatoria para conocer las propuestas y negociar, pero ha dejado entrever su negativa.
Al margen de sus diferencias en cuestiones salariales, CCOO, UGT y la CEOE muestran posiciones similares respecto al concepto de «pacto de rentas» que propone el Ejecutivo, y tanto los sindicatos como la patronal han coincidido en que un pacto de rentas no debe abordar únicamente salarios, cuyo ámbito de trabajo es la negociación colectiva, sino también fiscalidad, impuestos, pensiones y funcionarios, entre otros temas.
No obstante, pese a la conversación recurrente sobre un pacto de rentas, hasta la fecha no se han expuesto propuestas concretas, como demandan los sindicatos.
