martes, 6 diciembre 2022 00:35

Fondos europeos y conflictos de interés: España y la Comisión contrataron a consultoras para redactar planes nacionales

Las grandes consultoras están haciendo un buen negocio con el plan de recuperación de la Unión Europea tras la pandemia. Al margen de que esas empresas sean legítimas beneficiarias de contratos y subvenciones de los fondos Next Generation, tanto la Comisión Europea como varios Estados miembros ─España, Francia, Italia, Grecia Eslovaquia y Países Bajos─ contrataron a multinacionales de la consultoría para elaborar los borradores de los planes nacionales.

Esta contratación, en determinados casos, puede derivar en conflictos de interés, según constatan los medios de la investigación ‘The Recovery Files’, un proyecto periodístico en el que participa Moncloa.com junto a medios de 22 países con el fin de arrojar luz sobre el uso del dinero de los contribuyentes europeos.

Los 800.000 millones de euros que los Estados miembros de la UE pondrán a disposición de sus economías hasta 2026 son una oportunidad de oro para las consultoras. En un vídeo publicitario de Deloitte de 2022 se manifiesta lo siguiente: “Deloitte puede ayudarte en cada etapa de tu viaje de transformación, desde la fase de las solicitudes de financiación hasta la ejecución del proyecto. Nos comprometemos a ayudar a los Estados miembros y a las empresas a aprovechar esta oportunidad irrepetible”.

A fe que las consultoras aprovechan esta oportunidad. Contemos un ejemplo cercano como muestra y que afecta a una gran consultora multinacional. La Comisión Europea dio luz verde para gastar 5.200 millones de los fondos europeos en proyectos pioneros de hidrógeno, entre ellos seis españoles liderados por Repsol, Endesa, Iberdrola y EDP. Esta lluvia de subvenciones, la primera de muchas para el sector del hidrógeno, quiere rebautizar los polos petroquímicos e industriales del país con el nombre de valles del hidrógeno o “energy parks”.

El puerto de Bilbao o el valle de Escombreras en Cartagena serán los primeros en ver crecer grandes plantas de electrólisis que separan las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua con la energía eléctrica producida principalmente en parques eólicos. El objetivo es el siguiente: crear hidrógeno renovable que, unido al CO2 capturado en las refinerías e industrias contaminantes, permita crear combustibles sintéticos.

El hidrógeno renovable es la joya de la propuesta energética del Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia español, que en total supondrá un desembolso para España de casi 90.000 millones de euros en ayudas directas de los llamados fondos Next Generation y que el Gobierno pretende poner en circulación antes del final de 2023 coincidiendo con el final de su mandato. El Ministerio de Transición Ecológica armó esa propuesta de la mano de Deloitte, una consultora internacional que tiene como clientes a potenciales beneficiarios de estos valles del hidrógeno. 

El 29 de enero de 2021, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adjudicó un contrato negociado sin publicidad a por 280.000 euros para “todas aquellas tareas relacionadas con la elaboración y debida justificación del contenido de las propuestas en materia de energía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Esta asistencia, según el pliego técnico del contrato, se prestó en todos los componentes del Plan relacionados “directa o indirectamente” con la transición energética, entre ellos el hidrógeno y el despliegue masivo de renovables. Gracias a este contrato, una consultora cuya especialidad es la externalización de activos renovables, logró estar a ambos lados del mostrador de los fondos europeos.

En febrero de 2021, cuando Deloitte ya trabajaba para el IDAE en la elaboración del Plan de Recuperación, varios medios anunciaron el fichaje de Deloitte por parte de la multinacional energética Cepsa para captar fondos europeos con los que financiar su transición ecológica.

No sólo Cepsa podría contar con ventaja en la captación de fondos al haber contratado a Deloitte. Esta consultora también tiene fuertes lazos con la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que agrupa a las principales empresas del sector, incluidas las grandes compañías eléctricas. Deloitte elabora para la asociación informes macroeconómicos anuales y además les asesora en eólica offshore.

La transición ecológica, una tajada suculenta para las consultoras 

De los 90.000 millones que movilizará hasta 2023 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 40% está destinado a la transición ecológica. La descarbonización de la economía y la mitigación y adaptación al cambio climático se convierten así en el pilar fundamental de los fondos europeos. Y, por lo tanto, es la principal partida en el mercado de asistencias técnicas de las consultoras internacionales, una tajada más suculenta si la consultora ayuda en la elaboración de las convocatorias a las que luego podrían optar sus clientes.

Para poder acceder a estos fondos para proyectos pioneros de producción y almacenamiento de hidrógeno, empresas industriales con emisiones y empresas del sector de renovables se unen en clústeres que forman “valles del hidrógeno”. Deloitte tiene clientes en ambos sectores.

Cepsa, que es uno de los principales productores de hidrógeno verde en España, anunció la instalación de plantas para la producción de hidrógeno verde en sus centros industriales andaluces y también la creación junto al puerto de Rotterdam el primer corredor de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa.

Cepsa no contestó a las preguntas de Moncloa.com sobre la asistencia técnica prestada por Deloitte para captar fondos europeos. “Por política de empresa no informamos sobre estas cuestiones”, respondió escuetamente la segunda mayor empresa petrolera española.

En el caso de España, Deloitte, la consultora contratada para apoyar la elaboración de la estrategia energética española declinó hacer comentarios sobre sus posibles conflictos de interés al asesorar a Cepsa y a la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Por otro lado, la Asociación Empresarial Eólica afirmó a este medio que Deloitte, además de asesorar en la elaboración anual del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, la consultora internacional también les asesora en eólica offshore y prepara en estos momentos para ellos un documento estratégico: el Libro Blanco de la Industria Eólica Marina.

El IDAE es la institución del Ministerio de Transición Ecológica encargada de licitar todos los proyectos y subvenciones relacionadas con el plan estratégico (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento.

A pesar de ello, Deloitte España logró un contrato de asistencia técnica en enero de 2021 con este organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Energía que le permitió asesorar sobre los hitos del Plan del Recuperación, Transformación y Resiliencia, apoyar con informes mensuales las negociaciones bilaterales con la UE, analizar los proyectos recibidos del sector privado a través de manifestaciones de interés e incluso prestar apoyo en la elaboración de propuestas de bases, convocatorias y pliegos a cargo de fondos europeos.

El IDAE aseguró a través de un correo electrónico que el Plan y sus programas de ayuda asociados fueron “redactados íntegramente por el personal de la Secretaría de Estado de Energía, en particular el personal de IDAE”. Añadió que Deloitte no participó “en la redacción del PRTR, sino que ha prestado asistencia técnica en la recopilación de la información”.

Sobre un potencial conflicto de interés, se limitaron a lo expresado en el pliego: “Los pliegos incluyen la imposibilidad del contratista de dar a la información o datos proporcionados por IDAE, así como la necesidad de garantizar la debida confidencialidad y ausencia de conflicto de interés”.

Sin embargo, las declaraciones de la defensora del Pueblo Europeo. Emily O´Reilly, en 2020 sobre la contratación del fondo de inversión Blackrock para un estudio sobre las normas bancarias de la UE dejan claro que, aunque como dice el IDAE la consultora sólo haya asesorado a través de informes, existe un riesgo claro de conflicto de interés.

En aquel entonces declaró: “El mero hecho de tener un interés financiero relacionado con el mercado en el que el resultado del estudio puede tener un impacto, podría ser suficiente para argumentar que existe un riesgo de conflicto de intereses que puede afectar negativamente a la ejecución del contrato que es real, y no meramente hipotético”.

Para el Observatorio Corporativo Europeo, un grupo de investigación dedicado a escrutar la influencia de las empresas y grupos de presión en las políticas de la UE, el conflicto de interés en este caso sería evidente.

“El Gobierno español eligió a una consultora muy implicada con las grandes compañías eléctricas y está firmemente comprometido con la promoción de la idea del hidrógeno verde como parte importante de la respuesta a la crisis climática”, señaló Kenneth Haar, miembro de ese observatorio.

Para el experto, el hidrógeno verde se utiliza a menudo como pretexto para potenciar el uso del gas natural y por eso no es verde. “Escoger a un fuerte defensor y a una organización importante en la campaña a favor del hidrógeno verde como consultor energético es, en el mejor de los casos, ridículo”

La UE ayuda a los Estados con instrumentos que benefician a las consultoras

Como mínimo, en 2021, la Comisión Europea destinó 42 millones de euros a consultoras para ayudar a los Estados miembros a elaborar los borradores de los planes nacionales de recuperación, según información suministrada por la propia Comisión a  ‘The Recovery Files’.  La Comisión Europea no facilitó los datos de 2022. El 55 por cierto del valor de esos contratos fue adjudicado a las ‘Big Four’: PwC, Deloitte, KMPG y EY.

El mecanismo de financiación usado es el llamado Instrumento de Apoyo Técnico (TSI, por sus siglas en inglés), por el cual las instituciones de los países piden ayuda a la Comisión y ésta colabora a través de consultoras u organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Sólo en el periodo 2021-2017, el TSI distribuirá 864 millones. GRAFICO TSI

Tan sólo en el primer semestre de 2021, la Comisión firmó 11 contratos con la empresa italiana KPMG Advisory a través de ese instrumento. Este uso de consultorías no siempre sale bien, como demuestra el hecho de que en julio de este año KPMG Advisory fuera incluida en la lista negra de la Comisión Europea debido a una “mala praxis profesional” calificada como “grave””.  Esa mala praxis no fue aclarada por la Comisión, ya que la base de datos entregada a ‘The Recovery Files’ sóloo especifica al respecto un artículo del reglamento financiero que significa que la falta pudo ser cualquier cosa, desde “violar derechos de propiedad intelectual” hasta “intentar obtener información confidencial”.

El instrumento TSI ayudó con 15 contratos de asistencia a instituciones españolas para elaborar propuestas que fueran añadidas en el borrador del plan de recuperación antes de su aprobación en junio de 2021, según la información obtenida por la petición de acceso a la información pública dirigida a la Comisión Europea por parte de #RecoveryFiles. De los 15 contratos, la Comisión aportó información sobre los adjudicatarios en sólo seis de los casos que benefician precisamente a consultoras. Dos de los contratos fueron precisamente con Deloitte para “evaluar el impacto económico de los riesgos del cambio climático” y para “superar las barreras para la innovación en los ecosistemas empresariales” según la escueta información enviada por la Comisión Europea.

La unidad de investigación de Moncloa.com envío una solicitud de acceso a la información pública a la Comisión Europea para solicitar la documentación de los contratos adjudicados a España por el TSI en el marco de la aplicación del Plan de Reconstrucción, una petición aún sin resolver y que debería ser contestada por ley antes del 20 de octubre. A mediados de septiembre, este medio también pidió formalmente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ─la institución competente─ esos datos. Aún no se ha recibido la respuesta.

Los periodistas miembros del proyecto #RecoveryFiles encuentran serias dificultades para acceder a información sobre los beneficiarios de las millonarias subvenciones de los planes nacionales de recuperación, como ya publicó Moncloa.com a comienzos del verano. Los contratos públicos con cargo a los fondos europeos no son fáciles de seguir, ya que la mayoría de los Estados miembros de la UE han decidido no crear un registro central de beneficiarios finales que incluya una búsqueda ordenada, España entre ellos.

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo ya advirtió en junio pasado que la Comisión Europea recurre cada vez más a consultoras para la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo, lo que supone unos mil millones de euros anuales de gasto en consultores externos. Dicha institución alertó precisamente sobre la falta de mecanismos de control para determinar conflictos de interés. “El recurso a consultores también generó riesgos de sobredependencia, de ventaja competitiva, de concentración de proveedores y de posibles conflictos de intereses. La Comisión no realiza suficientes labores de seguimiento, gestión y reducción de estos riesgos en la institución”, se lee en el informe.

Grecia:  PwC elaboró su plan de transición digital

La misma consultora que participó en la elaboración del plan de transformación digital griego se convirtió a posteriori en adjudicataria de un contrato para desarrollarlo. Se trata de PwC Grecia. Es uno de los conflictos de interés más evidentes que revela ‘The Recovery Files’.

En el contexto de un foro económico internacional en abril pasado, el director general de PwC Grecia, Mario Psaltis, describió el doble papel desempeñado por la consultora en el plan de recuperación de su país: “Nos sentimos muy orgullosos de que PwC Grecia hay tenido la oportunidad de ayudar al Gobierno griego en la preparación del Plan de Recuperación y Resiliencia, uno de los primeros en ser enviados y aprobados por la Comisión Europeo”. Continuó diciendo: “Igualmente, la oportunidad que tendremos para colaborar con las autoridades y los actores del sector privado para la ejecución del plan es de especial importancia para nosotros”.

En una petición enviada por Alessandro Runci, la respuesta de la Comisión Europea revela claramente la naturaleza de la doble implicación de PwC. La Comisión no entregó la documentación en toda su extensión, pero sí facilitó un índice con el título de los archivos. Esa descripción sugiere las continuas comunicaciones entre el ministro griego de Gobierno Digital y PwC.

El plan griego fue enviado a la Comisión en abril de 2021. Más de un año más tarde, en mayo de 2022, el Gobierno de Atenas anunció que un consorcio de empresas ejecutarían el proyecto de un valor de 50 millones de euros. Su ministro de Gobierno digital dijo: “Hoy es un hito para la transformación digital del gobierno”. ¿Qué compañía estaba entre las elegidas para trabajar en ese consorcio? Efectivamente, PwC Grecia.

La consultora aseguró que no comenta asuntos relacionados con sus clientes y que se adhiere a la normativa comunitaria que combate los conflictos de interés en la contratación pública.

Por su lado, el Ministerio de Hacienda griego aseguró que no había conflicto de interés en el caso de PwC, ya que sólo ayudó a hacer ajustes en los textos de los borradores de los proyectos.

Francia, Países Bajos… La polémica está servida en otros países de la UE

La consultora McKinsey fue una de las más beneficiadas en ayudar al Gobierno francés en la elaboración de su plan de recuperación antes de enviarlo a Bruselas para su aprobación. Fue contratada para asistir al Ministerio de Agricultura, según informó en un primer momento la revista satírica ‘Le Canard Enchaîné’ y de lo que luego se hicieron eco otros medios como ‘The New York Times’.

Las consultoras Roland Berger, Capgemini, EY y PwC también ayudaron al Gobierno francés a elaborar sus planes. Un informe gubernamental publicado el pasado 10 de octubre muestra que en 2021, el Elíseo firmó hasta 152 contratos de consultoría relacionados con el plan de recuperación francés por un total de 10 millones de euros. Otros 48 contratos se sucedieron en el primer semestre de 2022, por un importe de 2,9 millones.

A comienzos de 2021, McKinsey osó enviar un email al Ministerio de Economía y Cambio Climático neerlandés postulándose para colaborar en la elaboración del plan nacional. Al final, McKinsey no tuvo éxito y nunca fue citado a reunirse con los funcionarios de ese ministerio. Aunque la reunión no se materializara, la redacción del email denota cómo era una práctica habitual que McKinsey ofreciera sus servicios a las instituciones de los países comunitarios.

Como ha ocurrido en otros Estados miembros de la UE, también en Eslovaquia McKinsey fue adjudicataria de un contrato licitado por el Ministerio de Hacienda “en relación con el programa de resiliencia y recuperación”. En el contrato se lee que la consultora ofrecía sus servicios de forma gratuita y “por razones altruistas”.

El analista de grupos de presión Kenneth Haar no cree en el altruismo de McKinsey en este caso. “Es difícil saber cuál era exactamente su agenda, pero tener la posibilidad de trabajar estrechamente con los gobiernos tiene tantas dimensiones que estoy seguro de que el trabajo encajaba bien en su estrategia general en Eslovaquia», apunta Haar.

El Gobierno de Bratislava enfatizó que era plenamente responsable de la versión final del plan enviado a Bruselas y no de ninguna otra parte, como McKinsey.

Este mismo martes se debate en el Senado francés una ley que pretende restringir la contratación de las consultoras. Al mismo tiempo, en la Comisión Europea está en su agenda actual una revisión de las reglas financieras para la ejecución del gasto comunitario. Por insistencia del Europarlamento, la Comisión propone controles más exhaustivos para evitar conflictos de interés.

Pero esas reformas deben ser debatidas y aprobadas por los Estados miembros antes de que las cosas cambien. La situación actual no es la más transparente ni la más conveniente para los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, algo corroborado por el Tribunal de Cuentas Europeo y por la defensora del Pueblo Europeo.

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* ‘The Recovery Files’ (#RecoveryFiles) es un proyecto periodístico transnacional que investiga la gestión del Plan de Recuperación de la Unión Europea y sus fondos Next Generation EU. Reporteros de investigación y medios de 22 países se han unido para colaborar con la coordinación de la publicación neerlandesa Follow the Money (Peter Teffer, Lise Witteman, Ada Homolová) y en el que participa el Grupo Merca2 con Moncloa.com. Otros periodistas que han participado en la elaboración de este artículo son: Hans-Martin Tillack de Die Welt (Alemania), Adrien Sénécat de Le Monde (Francia), Roberta Spiteri de Daphne Foundation (Malta), Steven Vanden Bussche de Apache y Lars Bové De Tijd (Bélgica), Carlotta Indiano y Giulio Robino de IrpiMedia (Italia), Attila Biro de Context Investigative Reporting Project (Rumanía), Karin Kőváry Sólymos de Investigativne centrum Jána Kuciaka (Eslovaquia), Janine Louloudi de Reporters United (Grecia) y Matej Zwitter y Ante Pavić de Ostro (Eslovenia/Croacia)

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