«Estamos desprotegidos». Es el mensaje en el que siguen insistiendo los funcionarios de prisiones, ante la aparente desidia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la normativa que, desde hace meses, espera ser aprobada, y que protegerá legalmente a estos trabajadores de prisiones frente a las acciones de los presos. Una legislación que sigue sin ser aprobada a pesar de contar con el apoyo individual de los principales grupos parlamentarios, y que podría acabar completamente estancada el próximo mes de marzo, quedando como la gran promesa sin cumplir del ministro de Interior, que podría esperar hasta las elecciones generales para dar este significativo paso en apoyo de los funcionarios de prisiones.
Fernando Grande-Marlaska está teniendo serias dificultades para mantenerse al frente del Ministerio de Interior. Al menos, en lo que se refiere a la gestión de algunos de los principales frentes abiertos del departamento, como es el caso del control de las fronteras nacionales, las cuales desde la cartera del socialista se busca «delegar» en los países limítrofes, bajo pago de generosas «donaciones» de las arcas públicas nacionales.
Del mismo modo, el ministro de Interior parece estar teniendo problemas para garantizar el buen funcionamiento de las penitenciarías españolas y, especialmente, en garantizar la seguridad de los trabajadores que mantienen en activo estos centros. Funcionarios que siguen a la espera de que el Gobierno de España apruebe la nueva legislación sobre los centros penitenciarios, mientras comprueban que los constantes retrasos en la aprobación de esta ley provoca el aumento de agresiones contra los trabajadores, y la gravedad de las mismas, en las cárceles.
LA NORMATIVA, A LA ESPERA DE SER APROBADA
Desde hace más de un año, los funcionarios de prisiones, así como los principales sindicatos del sector, han reclamado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se actualice la ley en referencia a los centros penitenciarios. Una normativa que, tal y como han destacado estos trabajadores ante medios de comunicación como LibreMercado, procede «hasta de la época franquista […] con artículos vigentes del año 81, a pesar de lo que han avanzado la sociedad y la delincuencia».
Una situación ante la que los funcionarios de prisiones aseguran que se sienten «desprotegidos». Más aún, debido a la tardanza del Gobierno nacional para aprobar una nueva normativa que ofrezca armas jurídicas a los funcionarios de prisiones. Una tardanza que sorprende y angustia a estos trabajadores, que esperan, desde hace meses, que el borrador sea aprobado en las principales cámaras parlamentarias. Una espera que parece no tener fin, ya que, desde el pasado mes de marzo, las prórrogas y las enmiendas a esta nueva Ley penitenciaria se suceden dentro del Parlamento, retrasando de forma constante la aprobación y publicación de esta nueva normativa, que convertiría a los funcionarios de prisiones en «agentes de autoridad» y que, por tanto, les ofrecería una clara protección frente a los reclusos.
«es triste que este colectivo se vea arrastrado por intereses políticos»
Según explican fuentes del sindicato ACAIP a Moncloa.com, este retraso es aún más inexplicable, ya que la necesidad de actualizar la legislación vigente sobre las prisiones cuenta con el apoyo de todos los principales grupos parlamentarios. Así pues, desde el sindicato, aseguran que estas constantes enmiendas, y por tanto, el retraso en la aprobación de la Ley, viene marcado por «otras cuestiones» de índole política, que poco o nada tienen que ver con la realidad de los centros penitenciarios españoles.
«Es triste que este colectivo se vea arrastrado por intereses políticos» destacan desde ACAIP para este diario. Algo que preocupa especialmente al sector, ya que los retrasos y las enmiendas a la Ley podrían acabar extendiendo la situación hasta el próximo mes de marzo. Un momento, destacan fuentes sindicales, en el que se podría paralizar toda la situación, debido al comienzo de la campaña electoral, tanto por los comicios autonómicos de mayo, como de las elecciones generales de finales de año. Elecciones que podrían provocar que el sector de las penitenciarías tenga que volver a comenzar el proceso con el nuevo Ejecutivo tras los comicios, retrasándose aún más la «burocracia» alrededor de esta normativa necesaria en las cárceles españolas.
LAS AGRESIONES EN PRISIONES, CADA VEZ MÁS PREOCUPANTES
«Las respuestas siempre son buenas palabras» nos aseguran desde los sindicatos de funcionarios penitenciarios, que lamentan que las prórrogas y las enmiendas se sigan produciendo desde el pasado mes de marzo. Y es que la falta de esta normativa hace que los funcionarios de prisiones estén completamente «desprotegidos» legalmente durante su jornada laboral, en la que tienen que enfrentarse a complicadas situaciones sin una correcta protección jurídica estatal.
Protección que les otorgaba, hasta hace apenas un año, el parte disciplinario a los reclusos; un elemento en manos de estos funcionarios, que podía condicionar los permisos de los presos, así como la otorgación del segundo y tercer grado penitenciarios. Algo que cambiaba hace algo más de un año, cuando se quitaba esta función de los partes penitenciarios, dejándolos en apenas un «aviso» de mala actitud por parte de los reclusos.
«UNA AMENAZA DE MUERTE NO ES UNA AGRESIÓN»
Cambio en el caso de los partes disciplinarios que se une a la falta de categorización de los funcionarios de prisiones como «agentes de autoridad». Una condición que sí tienen sanitarios o profesores y protegen a estos profesionales de las diversas agresiones físicas o mentales a las que se ven sometidos durante su jornada laboral. «Una amenaza de muerte no es considerada una agresión. Un intento de tirar a un trabajador por las escaleras, no es agresión. Las tentativas no son consideradas agresiones, y sólo reciben una sanción administrativa. Falta de consecuencias que ha provocado, según cuentan los sindicatos, que se produzcan, no sólo más agresiones a los funcionarios, sino agresiones de más gravedad.
Falta de medidas de seguridad ante los presos que siguen sin tener respuesta por parte de los partidos políticos, que siguen presentando enmiendas a esta cuestión en los organismos parlamentarios. Una situación que podría mantenerse durante los próximos meses, lo que podría hacer que Marlaska no tenga que enfrentarse a la polémica situación que atraviesan los funcionarios de prisiones, los cuales tendrán que esperar hasta la próxima legislatura para que sus peticiones sean escuchadas.
