Para Pablo Iglesias la figura de Yolanda Díaz en estos momentos no es de sus favoritas. El fundador de Podemos ha vuelto a arremeter contra la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo porque no se ha pronunciado a favor de Irene Montero, tras todo el escándalo que se ha desatado por la aplicación de la Ley del Solo Sí es Sí, que está siendo aplicada y ha beneficiado a personas sentenciadas por presuntos casos de abuso sexual, lo que ha ocasionado la reacción de diversos sectores ligados al Poder Judicial y al ámbito social.
En días pasados el ex vicepresidente lanzó dardos envenenados contra la líder de Sumar, en el marco del evento «La Uni de Otoño» que se montó el partido morado en la Universidad Complutense de Madrid, por la decisión de ella de no concurrir a las elecciones autonómicas y municipales, pues según Pablo Iglesias, el hecho de que Díaz no les apoye en los comicios de mayo de 2023, podría afectar los resultados para las elecciones generales que se realizarán a finales del próximo año.
Toda la polémica que se ha desatado ha derivado en que jueces, fiscales y partidos políticos pidan la dimisión de Irene Montero o como alternativa, que sea el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez quien la separe del cargo, debido a toda la situación que ha ocasionado la aplicación de una de las leyes banderas del Ministerio de Igualdad y de la propia ministra podemita.
El detalle del nuevo ataque contra Yolanda Díaz es que Iglesias no la ha mencionado, pero la realidad es que a lo largo de toda la semana la líder de Sumar ha sido la única de las socialistas que hace parte del Gobierno de Pedro Sánchez que no ha dicho absolutamente nada en relación con la polémica ley.
«Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido» escribió Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter en un texto en el que al mismo tiempo criticó la actuación de los medios de comunicación y contra el Poder Judicial al que se ha referido como la derecha judicial y los calificó de actores políticos.
Pablo Iglesias ya no hace las veces de portavoz de Podemos, pero ha dejado más que claro en sus últimas apariciones el poder que todavía tiene dentro del partido, donde hacen la pantomima de que son Ione Belarra e Irene Montero las que tienen el poder, pero al final el él quien siempre avanza hacia adelante para arremeter contra todo lo que se le atraviese en el plano político.
Díaz nunca ha querido ser clara en relación con la participación que permitirá que tengan los líderes de Podemos dentro de su grupo político, pero con sus actuaciones ha dejado claro que no los quiere muy cerca. De hecho, la porpia Irene Montero ha dicho en más de una oportunidad que Yolanda Díaz sería la candidata para las elecciones generales de noviembre de 2023, pero la vicepresidenta jamás se ha dignado a decir ni una sola palabra al respecto y se ha dedicado solo a hacer reuniones en varias regiones del país, con miembros de Más País, pero jamás con nadie de Podemos.
Las únicas palabras que ha pronunciado Yolanda Díaz en relación con todo el revuelo que ha ocasionado la aplicación de la Ley Montero es que ella no quería generar «alarma social», dejando claro que no todo estaba bien con el texto legal y que tampoco manifestaría su apoyo incondicional hacia Montero, como lo han hecho todos los miembros de Podemos que se han cerrado en bloque para acusar a los jueces de machistas y atribuir a la mala interpretación de la ley el hecho de que personas sentenciadas por haber cometido abuso sexual, estén siendo beneficiadas con la revisión de sus penas.
La vicepresidenta indicó que hay que esperar que se pronuncie el Tribunal Supremo y que en todo caso la protección sería para con las víctimas. Dentro del Gobierno todavía sopesan cuál podría ser el impacto de toda esta controversia para las ansias de mantenerse en el poder, pero desde el PSOE tiene claro que los más afectados de la revuelta serán los de Podemos, pues estiman que los votantes tienen muy claro que las responsabilidades, en este caso, son directamente atribuibles a Irene Montero y a su equipo de asesores que no hicieron caso sobre las advertencias que se habían hecho sobre la aplicación de este texto legal y sus consecuencias en los casos de violencia sexual.
