Los autónomos son el colectivos más sufrido de la economía española, pero es que además se sienten perseguidos por el Gobierno. Desde que el PSOE y Unidas Podemos llegaron a La Moncloa, los distintos departamentos de los que dependen las cuestiones relacionadas con los trabajadores por cuenta propia no han dejado de castigarles. El primero en hacerlo ha sido José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Escrivá no ha dejado de aprobar medidas que lo único que han hecho ha sido endurecer los requisitos laborales a estos trabajadores. Sin embargo, la última vuelta de tuerca llegará partir del año 2023: para los autónomos ya no es suficiente con una factura física para clientes, sino que a partir de ahora será obligatoria una factura electrónica. Además, en el caso de no llevar esta medida a cabo los autónomos se pueden enfrentar a multas que ascienden hasta los 10.000 euros. Todo ello por la puesta en marcha de la Ley de creación y crecimiento de empresa, que está levantando ampollas entre los empresarios.
El año 2023 se presenta como un ejercicio difícil a nivel económico para los autónomos, tras las medidas anunciadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y en menor medida por las decisiones de la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que han decidido endurecer las condiciones a estos trabajadores. La última medida viene de la manos de la Ley de creación y crecimiento de las empresas. Esta normativa viene acompañada de distintas cuestiones que sirven como castigos a estos trabajadores. El Gobierno parece haber renunciado a este nicho de votantes para ellos, consideran que es muy difícil conseguir el apoyo los autónomos y por eso no les tiembla la manos para aprobar medidas que cuentan con la oposición de estos colectivos.
Los autónomos se verán obligados a contar con una factura electrónica debido a la nueva normativa que entrará en vigor. Para poder implantar esta cuestión, los trabajadores por cuenta propia tendrán que contratar a una empresa externa para que instaure este programa, es decir, un gasto más a los muchos con los que ya cuentan. Además, se trata de una cuestión que deberá estar instaurada en todas las pequeñas y medianas empresas antes del año 2025. En el caso de no llevarlo a cabo los empresarios podrían enfrentar a elevadas multas y sanciones que podrían ascender hasta los 10.000 euros.
Además de las exigentes medidas impulsadas por Escrivá, ahora también se unirá a esta cuestión la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Hacienda se ha marcado el objetivo de seguir batiendo récord en recaudación y está dispuesta a rascar dinero de donde sea. Y, parece, que ha puesto el objetivo en los autónomos y en los protocolos de acoso laboral, los cuales son estrictamente necesarios que se realicen por parte de los trabajadores por cuenta propio y es que en el caso no llevarlos a cabo podrían enfrentarse a elevadas multas que podrían llegar hasta los 120.000 euros. Lo que está claro es que María Jesús Montero se ha puesto el objetivo de volver a marca un récord de recaudación y está haciendo esfuerzos para conseguirlo.
A estas medidas se suma también el hecho de que los autónomos deben hacer frente se encuentra la Ley de Protección de Datos Una normativa obliga a los empresarios a subcontratar a una empresa, que cobra de forma anual. Y, en el caso de no contar con este protección, será sancionado por incumplimiento de la ley. Así, los autónomos continúan siendo castigados por José Luis Escrivá a quien solo le importan los jubilados y sus pensiones.
LOS AUTÓNOMOS LLEVAN TIEMPO SOPORTANDO CASTIGOS DEL GOBIERNO
El Gobierno se ha puesto manos a la obra de cara a las elecciones. Tiene que contentar a los funcionarios, jubilados y dependientes del Estado, su gran nicho de voto, y tiene que recortar de algún otro lado. Y el colectivo al que meter la tijera ya lo han elegido: los autónomos. El equipo de Pedro Sánchez ha preparado una trampa fiscal motivada por José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, para adelgazar el peso que suponen los autónomos para las arcas públicas. La «trampa» que han preparado consiste en recortar dinero del total que reciben los trabajadores por cuenta propia en forma de prestaciones. La zanahoria es que bajarán la cuota a los autónomos, pero el balance general solo beneficia al Gobierno, no a este colectivo.
