El coqueteo del Gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura de Nicolás Maduro está llegando más lejos de lo que muchos españoles y venezolanos desearían, pues durante los últimos meses ha habido acercamientos diplomáticos con la excusa de utilizar al país suramericano para salir de la crisis energética ocasionada por la invasión de Rusia a Ucrania. Es por ello que la diputada de la Asamblea Nacional venezolana, Olivia Lozano, ha decidido encarar a las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores para advertir que en Venezuela las condiciones políticas no han cambiado.
«No se puede pretender cambiar energía por derechos humanos», declaró la diputada Lozano a Moncloa.com, haciendo referencia a la posibilidad de que España se acerque a Venezuela para reactivar las relaciones diplomáticas y comerciales, con el fin de utilizar el petróleo y el gas del país suramericano para salir de la crisis energética.
Desde el pasado 15 de octubre se encuentra en Madrid la diplomática venezolana Coromoto Godoy, jefa de la misión de Venezuela ante el Reino de España, quien hasta los momentos no ha sido oficialmente reconocida como tal por las autoridades del despacho que dirige el ministro José Manuel Albares, pero por otro lado, funcionarios de este ministerio reconocen que la funcionaria chavista estará en el país en calidad de lo que la dictadura venezolana decida, pues señalan que es necesario un entendimiento con ellos para resolver temas de índole económico.
Para Lozano, diputada por el partido venezolano de la oposición Voluntad Popular, es importante que el Gobierno de España reconsidere el acercamiento con la dictadura, pues considera que la necesidad energética del país no debería estar por encima de los derechos humanos de cientos de miles de venezolanos que se han visto afectados por la dictadura de Nicolás Maduro, ni debería implicar que se deba ser complaciente con los señalamientos que han hecho diversos organismos internacionales que han reconocido a la dictadura venezolana como responsable en la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos, con hechos que son actualmente investigados en la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las ambigüedades del Gobierno de Pedro Sánchez para con Venezuela no tienen límites, pues por un lado mantienen oficialmente su posición de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de país suramericano y mantienen el reconocimiento de Antonio Ecarri como el representante diplomático del interinato, pero por el otro, permitieron la llegada de Godoy a España y su instalación en el país como «jefa de la misión de la embajada de Venezuela en España».
Lozano ha dejado claro al ministro Albares que las condiciones por las que España había decidido retirar su embajador de Caracas, en 2020, no habían cambiado. Esto a propósito de la información relacionada con la posible designación de Ramón Santos como embajador de España en Venezuela. Este funcionario en la actualidad estaría en la capital venezolana como encargado de negocios, pero todo parece indicar que la intención del Ejecutivo es decidir, en un Consejo de Ministros, que se le dé el carácter de embajador, con la intención de retomar las relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana.
«Esa señora que llegó a España no ha sido reconocida por la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, por lo tanto, su designación como embajadora no tiene ninguna validez y es totalmente incoherente hacer esos movimientos diplomáticos sin tener en cuenta los antecedentes, porque el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció en 2019 a Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela, hasta que se lograran realizar unas elecciones libres y democráticas, que no han ocurrido», dijo Lozano desde Venezuela, a este medio de comunicación.
La parlamentaria venezolana recordó a las autoridades españolas que en el país suramericano todavía hay más de 320 presos políticos en las cárceles del chavismo y que son sometidos a torturas, tal como lo ha dejado en evidencia el informe del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que ratificó recientemente los señalamientos contra la dictadura de Nicolás Maduro, por violar los derechos de sus presos políticos y sus ciudadanos.
«Desde la Asamblea Nacional venezolana reconocemos la decisión soberana del Gobierno de España, en el caso de que decidan designar un embajador en Venezuela, pero debemos dejar claro que no hay justificación política, económica, ni moral ese exabrupto de querer restablecer relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro y de esta manera se lo queremos expresar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de su ministro José Manuel albares», dijo la parlamentaria venezolana.
La diputada opositora venezolana recordó que recientemente se reactivó el diálogo entre los funcionarios de la dictadura y la oposición, con la intención de llegar a acuerdos que permitan la celebración de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, pero que todas las veces previas que los miembros de la oposición estuvieron dispuestas a negociar, fueron los miembros de la dictadura quienes se levantaron de la mesa y torpedearon las conversaciones, por lo que aboga por la opción de que España se ponga del lado de los venezolanos que apuestan por el restablecimiento de la democracia.
