La oleada de asesinatos machistas tanto en los últimas días del año como en la primera semana de 2023 han provocado que Fernando Grande-Marlaska agilice la toma de decisiones y medidas para tratar de reducir estos datos. Así, ha convocado una reunión con los principales altos cargos involucrados en esta cuestión con el fin de estudiar los últimos casos acaecidos y barajar distintas medidas. Una de las medidas que se ha puesto sobre la mesa es avisar a las mujeres sobre los antecedentes por maltrato de género de sus parejas. Una iniciativa que ha hecho saltar todas las alarmas en Justicia, dado que podría vulnerar los derechos los ciudadanos debido que está prohibido difundir datos sin la correspondiente autorización. Hasta el momento, esta decisión todavía no ha sido instaurada y tanto el ministro como todo el equipo que ha reunido están analizando impacto de llevar a cabo estas prácticas.
La idea que el ministro del Interior espera activar en un par de semana consiste en un protocolo con el que alertar a las mujeres en el caso de que convivan con parejas, las cuales cuentan con antecedentes de violencia de género. Se trata de una medida que sería aplicada solo para ciertos casos. Sin embargo, en España no está permitido difundir información de terceros sin el consentimiento correspondiente de la persona. Esto ha hecho que salten todas las alamar en el departamento de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, dado que podría suponer la vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución, así como una infracción grave contra el Reglamento General de Protección de Datos.
En este sentido, la Fiscalía de la Sala de Violencia contra la Mujer se ha pronunciado respecto a esta iniciativo y ha destacado que solo puede llevarse a cabo siempre que no sea un práctica generalizada ni automática y si previamente se concluye que existe un «factor de riesgo relevante» para la mujer denunciante. Además, ha añadido que es necesario llevar a cabo un «examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección».
«hay derechos fundamentales que pueden estar en juego»
Una cuestión de la que ya alertó la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuando se planteó por primera vez esta medida y advirtió de que «hay derechos fundamental que pueden estar en juego». Asimismo destacó la necesidad de «analizarlo técnicamente» antes de comenzar a aplicarlo con el fin de evitar problemas legales. A esta medida se une también, según ha adelantado Fernando Grande-Marlaska la idea de implementar mecanismos de comunicación a las víctimas del agravamiento del riesgo que supone su convivencia con una pareja con antecedentes de agresiones a otras mujeres. Todas estas cuestiones se debatirán en las reuniones que ha convocado el titular del Interior junto al Grupo de Análisis Policial.
Así, durante dos días va a examinar los 49 asesinatos machistas confirmados durante 2022. Este encuentro ha comenzado este martes y se extenderán también al miércoles con el objetivo de encontrar la forma de combatir el incremento en el número de mujeres que ha perdido la vida por la violencia machista en España. Y es que, el negro comienzo de año, donde en tan solo nueve días se han notificado cuatro asesinatos machistas, ha puesto en evidencia la necesidad de agilizar y diseñar una ruta de actuación cuanto antes. Además, han destacado que la idea es reforzar todos los frentes, desde la prestación operativa de medidas de protección de la víctima hasta en la adopción de actuaciones preventivas de seguridad sobre el posible agresor.
Los asistentes a este encuentro son el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, los máximos responsables del Área de Violencia de Género del Ministerio del Interior, así como los máximos responsables de las unidades que combaten la violencia machista en Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra. Y es que, estos participantes son los responsables director de los agentes que trabajan en materia de violencia machista.
LA MINISTRA DE JUSTICIA YA ANALIZÓ EL INCREMENTO DE ASESINATOS A FINALES DE AÑO
Pilar Llop, adelantándose a su compañero de Gobierno, se reunió con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; para analizar el repunte de asesinatos por violencia de género durante el mes de diciembre y para abordar posibles respuestas conjuntas desde el ámbito de la Justicia. Los responsables de estas tres instituciones llegaron a un acuerdo para fomentar el uso de los medios telemáticos para la protección de las víctimas y alertar del peligros de los negacionistas de la violencia de género y de la réplica de modelos machistas por parte de los jóvenes.
