El Congreso de los diputados discutirá si se crea una comisión para escuchar las demandas de las trabajadoras sexuales

Las trabajadoras sexuales están alertas ante lo que pueda suceder esta semana en el Congreso de los Diputados, pues se espera que la Comisión de Igualdad decidirá si procede la solicitud de conformar una comisión con la cual analizarán en profundidad la situación de las trabajadoras sexuales en el país.

De momento, ha quedado paralizada la aprobación de la reforma del Código Penal que busca abolir la prostitución en el país, tras varias protestas que han hecho hicieron las trabajadoras sexuales a las puertas del Congreso de los Diputados, para tratar de frenar esta iniciativa que ha promovido el PSOE con el apoyo de casi todos los partidos políticos y que pretende criminalizar

Se trata de una iniciativa de la Comisión de Igualdad del Congreso, que tiene previsto discutirlo si se crea en la Cámara baja una subcomisión que estudie la situación de la prostitución en España, para darle sustento a la iniciativa de reformar el Código Penal en los artículos con los que buscan abolir la prostitución.

Se trata de una petición registrada por el Partido Nacional Vasco (PNV), a raíz del debate surgido en el seno del Congreso durante la tramitación de la ley del PSOE para prohibir esta práctica en el país y penalizar a quienes la consuman.

Tal y como explicaron los nacionalistas vascos en la presentación de esta propuesta, el objetivo es que el Congreso realice, en un periodo de seis meses, un informe sobre este tema con «datos reales y verificables», para ser remitido al Gobierno y que este pueda legislar en consecuencia.

El portavoz de Igualdad del PNV en esta Cámara, Joseba Agirretxea, señaló la necesidad de que el Congreso haga «un diagnóstico veraz dando voz a las personas prostitutas, a personas prostituidas, asociaciones de toda índole, expertos y expertas en la materia y poderes públicos situando a las mujeres en el centro del debate».

Frente a la polarización que existe en la sociedad sobre este tema, los nacionalistas vascos quieren poner el acento en aquello que une a una mayoría del arco parlamentario y que, según han explicado, es la convicción de que este debate es relevante y que ha llegado el momento de abordarlo.

«Una cuestión que genera tan amplio debate social y que se encuentra jurídicamente indefinida no puede ser respondida desde el legislativo con una respuesta exclusivamente punitiva», declaró Agirretxea.

Para el PNV, el estudio del fenómeno de la prostitución a través de un proceso de escucha y la obtención de datos que se propone a través de esta subcomisión es «la mejor manera de dar la respuesta más objetiva y acertada posible a cuestiones tan complejas».

Las trabajadoras sexuales llevan meses intentado ser escuchadas por las autoridades del Congreso, pues aseguran que es necesario que las escuchen a ellas, quien a fin de cuenta serán las más afectadas por el intento de abolir la prostitución. Las afectadas han puesto el punto de mira en la ministra de Igualdad Irene Montero, a quien señalan por no defender de manera verdadera los derechos de las mujeres que se dedican al trabajo sexual.

Desde hace meses han intentado ser recibidas por Montero para presentarle los alegatos de por que en lugar de abolir la prostitución, lo que necesitan es una legalización de este oficio, como se ha hecho en otros países, con la intención de garantizarle a quienes se dedican a ello los mismos derechos laborales que tienen los demás trabajadores en el país, porque advierten que el hecho de que se pretenda abolir la prostitución, solo las condenará a la clandestinidad y las expone a ser víctimas de delincuentes que se aprovechan de la situación.

De hecho, sin que todavía se haya aprobado la ley, ya han denunciado que son víctimas de clientes que pretender solicitar sus servicios y que las amenazan con denunciarlas a la policía, porque en muchos casos, piensan que ya ha sido aprobada la ley que penaliza el consumo y el ejercicio de la prostitución.

Las trabajadoras sexuales alegan que además, es imposible que se intente aprobar una reforma legal que las perjudique, sin que se hayan consultado a ellas que son quienes conocen cómo se maneja el mundo de la prostitución, solo con el alegato de que quienes se dedican a este oficio son víctimas de la trata de personas, porque de acuerdo con las cifras que manejan las diferentes organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, la cifra de mujeres que son víctimas de mafias con fines de trata no alcanza el 10%, y no 90% como lo dicen las autoridades.