La semana pasada llegó al Congreso de los Diputados una propuesta de ley con la que buscan que en España haya un proceso de regularización masiva de extranjeros, impulsada por Augustin Ndour Ndong, un ciudadano senegalés que tiene más de 20 años viviendo en España, residenciado en Granada.
De acuerdo con el escrito presentado ante el Parlamento, se dice que en España supuestamente habrían entre 370 mil y 490 mil ciudadanos extranjeros que residen de manera irregular en el país, de los cuales se estima que por lo menos un tercio serían menores de edad.
Esta propuesta sugiere la modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que establece que «El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años». Lo que piden en esta nueva propuesta es que se actualice la fecha del real decreto para que puedan ser regularizados todos los extranjeros que se encuentren en situación irregular y que hayan estado en España antes del 1 de noviembre de 2021.
Entre los argumentos que fueron incorporados a la propuesta que presentó Ndour Ndong en su escrito introducido en el Congreso de los Diputados, está «la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad», pues señala que por un lado, la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y que por el otro, la economía sumergida limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen.
«Una regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social. Una estimación reciente de la Universidad Carlos III sugiere que la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año«, dice el texto consignado para que sea considerado en el Congreso de los Diputados.
Esta propuesta no sería nueva en España, ya en el año 2000 y en 2005 se hicieron procesos similares que sirvieron para regularizar a un gran número de inmigrantes que se encontraban en el país, sobre todo para tener el control de la población y la incidencia que tiene en el mercado laboral y la economía del país el hecho de mantener a estas personas dentro del sistema laboral y de cotizaciones.
En la petición que se hizo ante el Congreso, los solicitantes señalan que el Real Decreto le daría un lapso de seis meses al Gobierno para que establezca un procedimiento para que se pueda ejecutar el plan de regularización. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a esta legislatura le quedan apenas seis meses, por lo que, de ser aceptada la solicitud, es más factible que le quede la responsabilidad a un nuevo gobierno, pues con la mera proposición se inicia todo un proceso de debate, discusión que debe pasar del Congreso de los diputados y luego al Senado, para que esta propuesta pueda ver la luz al final del túnel.
No obstante, de concretarse esta propuesta y salir adelante, esta sería otra de las alternativas para regularizarse con la que contarían los extranjeros que residen en España, pues en agosto del año pasado fue aprobada la más reciente modificación de la Ley de Extranjería, que contempla las opciones del arraigo laboral, el arraigo social y la novedad del arraigo por formación, que le permite a las personas venir al país a estudiar y al mismo tiempo obtener una residencia con permiso de trabajo con contratos de hasta 30 horas semanales.
Además, recientemente también salió un proyecto de Decreto Real mediante el cual podría darse la oportunidad a los inmigrantes que se encuentren en el país en situación irregular de poder cursar una formación profesional como alternativa para regularizar su situación, especialmente para aquellos que tengan al menos dos años en el país, no importa la edad que tengan. Esta opción también está a la espera de su aprobación, pero se suma a la lista de las alternativas que existen en España para la regularización de extranjeros.
