jueves, 20 junio 2024

El Gobierno negó la residencia a un viceministro de Nicolás Maduro que quería vivir a España

España se ha convertido en el destino predilecto de los chavistas, que a pesar de su ideología y su fidelidad para con el régimen de Nicolás Maduro y algunos han corrido con suerte, pero recientemente las autoridades españolas le dieron un portazo en la cara al general Saúl Utrera Ramírez, quien intentó obtener una residencia sin finalidad laboral para instalarse en el país.

En una sentencia del Tribunal Supremo se pudo conocer que el militar venezolano, quien se desempeñó como viceministro para el Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz había solicitado ante el Consulado de España en Caracas, un visado de residencia sin finalidad laboral, pero el 22 de enero de 2022 le negaron esta solicitud.

Uno de los argumentos que esgrimieron las autoridades españolas para negarle la residencia a este militar venezolano fue justamente por el cargo que desempeñó en el régimen venezolano entre enero y abril de 2015, en plena época de crisis política y protestas en Venezuela. «Varias organizaciones no gubernamentales y colectivos de Derechos Humanos, así como medios de comunicación y partidos de la oposición política, han denunciado que durante el período de ejercicio de sus funciones como viceministro, y en el contexto de las protestas que se produjeron en Venezuela, las fuerzas de seguridad a su cargo habría sido responsables de comportamientos contrarios a los Derechos Humanos, incluyendo, entre otras alegaciones, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos a los detenidos», dice la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia publicada el 20 de enero de 2023.

Es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia desestimó el recurso contencioso interpuesto por la representación legal del ex militar venezolano, que entre sus alegaciones señaló que ya había vivido desde el 08 de agosto del 2015 hasta el 11 de agosto del 2016, permaneció legalmente en España acompañando a su esposa, que había sido designada para cumplir funciones como «Adjunta a la Agregaduría de Defensa en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España» y es por ello que sus pretensiones eran quedarse a vivir en la península, pero en vista de que desde el Consulado en Caracas le negaron la visa, intentó recurrir ante una instancia superior para obtener el visado.

En el fallo del máximo tribunal español se señala que este viceministerio para el que trabajó Utrera tenía competencia en materia de investigación penal y era responsable del «diseño, dirección, planificación, supervisión y evaluación de las políticas públicas relacionadas con el Sistema Integrado de Investigación Penal» y que entre los órganos adscritos al mismo, estaba justamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

España asegura que «debido a estas alegaciones públicas vinculadas al ejercicio de su cargo como viceministro (…) la presencia del solicitante en España representa un riesgo para la política exterior española y podría interferir tanto en las relaciones bilaterales con el Estado de origen del solicitante como con la política multilateral española en materia de Derechos Humanos, circunstancia que sustenta la denegación de los visados».

Sin embargo, la defensa señala en el escrito que la duración en el cargo de Utrera como viceministro de investigación del chavismo «fue de unos escasos dos meses y no tenía funciones ni capacidad operativa para ordenar dispositivos policiales frente a cualquier tipo de manifestaciones o altercados públicos», tal como lo indica la sentencia en la que le denegaron el recurso contencioso administrativo.

Sin embargo, parte de los argumentos que utiliza España para negarle este recurso a Utrera, y que ratifica la decisión del Consulado de España en caracas de negarle la residencia sin finalidad laboral en el país, es que este militar chavista se encuentra «bajo investigación de la Corte Penal Internacional, como el Tribunal Internacional encargado de juzgar los crímenes más graves y reprobables, delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión».

Pero el militar intentó que las autoridades españolas tomaran en consideración un memorando que supuestamente estaría firmado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, emitido en noviembre de 2021, en la cual «el propio Fiscal de la Corte Penal Internacional ha desmentido la ignominiosa e infundada versión de los hechos emitida por el Consulado General de España en Caracas», por lo que Utrera aseguró que «no cabe calificarle siquiera de sospechoso de haber incurrido en delito alguno».

Hay que recordar que durante los últimos años han sido varios los chavistas que han intentado instalarse a vivir en España, tras haber sido señalados por tener responsabilidad en la violación de derechos humanos mientras ostentaban cargos relevantes, entre los que se encuentra la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien tiene un proceso de solicitud de asilo político en curso.

También está desde hace un mes el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, quien fue beneficiado con una residencia por razones humanitarias, gracias a la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras haber estado preso durante cuatro año por conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro.