Cuando de gastar recursos se trata, desde el Ministerio de Igualdad están pestos para «invertir» en ejecutar proyectos que sirven para reforzar las iniciativas feministas que la ministra Irene Montero y sus colaboradores se inventan, y en esta oportunidad su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez «Pam» se sacó del presupuesto 7 millones de euros para destinarlos a la financiación de proyectos que tengan que ver con la atención a mujeres y niñas víctimas de trata de personas.
La información salió publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se hace una convocatoria para todas aquellas organizaciones, sin ánimos de lucro, que se dediquen a brindarle atención, protección o formación a mujeres y niñas que hayan sido identificadas como víctimas de la trata de personas, con fines de explotación sexual.
Los organismos interesados en recibir estas subvenciones tendrán 15 días para presentar sus solicitudes a través de la vía electrónica, explicando cuál será el alcance del proyecto y los montos se decidirán atendiendo a la puntación obtenida en aplicación de los criterios objetivos de ponderación, de conformidad con los establecido en otro apartado de la convocatoria que habla sobre una memoria explicativa de la entidad que solicite los recursos, de una descripción del proyecto y de una declaración responsable para la obtención de los medios para financiar el recurso.
Los recursos serán específicamente para «entidades de naturaleza jurídico privada sin ánimo de lucro y con implantación estatal o autonómica según sus estatutos y que, en el momento de la publicación de la convocatoria, carezcan de fines de lucro e incorporen, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos, la protección, la atención o la asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o psicológica, a víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución, o que las entidades u organizaciones solicitantes acrediten fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho, experiencia en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de atención a estos colectivos», según publican en el BOE.
Estas subvenciones no solo están destinadas a la atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sino que involucra también la atención de sus hijos menores de edad o con discapacidad, y los organismos que requieran los recursos deberán tener sus actuaciones que se desarrollen en ámbitos de asistencia integral, detección, información y asesoramiento, atención psicosocial, asistencia sanitaria, apoyo jurídico, acompañamiento a otros recursos e inserción sociolaboral, incluidas las actividades de formación y la atención a situaciones de especial vulnerabilidad, cuando se propongan actuaciones que prioricen la detección y atención a víctimas menores de edad, mujeres extranjeras en situación irregular, solicitantes de protección internacional, víctimas con discapacidad y con problemas de salud mental, entre otras.
Las mujeres que son miembros de los colectivos de trabajadoras sexuales que llevan meses enfrentándose con las autoridades del Gobierno y en especial con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su séquito de colaboradoras, entre las que se encuentra Pam, debido al empeño que tienen desde el Gobierno por sacar adelante la reforma del Código Penal que busca abolir la prostitución en España, mediante la criminalización de las personas que consuman estos servicios.
Durante meses, los colectivos de trabajadoras sexuales han denunciado que hay más víctimas de explotación sexual en trabajos en el campo, que en los locales donde se ejerce la prostitución, por lo que rechazan que este sea un argumento válido que utilicen las autoridades del Gobierno para justificar la intención de aprobar la ley abolicionista.
Las trabajadoras sexuales piden, en cambio que se legisle para regularizar esta actividad, de manera que todas las personas que decidan dedicarse a ello, tengan los mismos beneficios que todos los trabajadores del país, pues consideran que aprobar la reforma del Código Penal que busca abolir la prostitución solo las condenará a la clandestinidad y a los riesgos que suponen ejercer la prostitución de manera clandestina.
Esta iniciativa legislativa que reposa en el Congreso de los diputados ha sido inicialmente impulsada por el PSOE, pero apoyada por el PP y Podemos, pero en cambio Ciudadanos se ha puesto del lado de las trabajadoras sexuales y ha preferido asegurar que se necesitan leyes que protejan a estas personas y no que las condenen a la clandestinidad.
