La inmigración irregular en España es una asignatura que el Gobierno está intentando aprobar a través del Ministerio del Interior. Esta problemática alcanzó su punto álgido en 2022 cuando Marruecos decidió abrir las puertas de su frontera con Ceuta y permitir la entrada masiva de migrantes como castigo al gobierno nacional por haber dado cobijo al líder saharaui en la sanidad pública española. Marlaska ha intentando paliar la situación invirtiendo más de 50 millones en los controles fronterizos desde 2019. Sin embargo, esta no ha sido su única inversión: una de las opciones que ha encontrado ha sido gastar más de 300.000€ en supuestos cursos, formaciones y jornadas destinadas a policías migratorios de los países de África Occidental.
En la primera quincena de 2023, el Ministerio de Marlaska publicó una batería de concesiones destinadas a ofrecer formación a policías y oficiales de las fuerzas de seguridad de aquellos países situados más cerca de las fronteras de España y de su socio fronterizo en África, Marruecos, llegando destinar un total de 293.705 € para dar cursos específicos en materia de migración y seguridad, anti-terrorismo, asistir a «pasantías», «jornadas de intercambio de tácticas» o recibir, incluso, formación de seguridad vial a más de 122 agentes de policía y seguridad de Mauritania, Guinea, Gambia, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Senegal y del propio Marruecos.
Mientras que el Ministerio de Interior publicaba los datos de flujos migratorios nacionales de 2022 y aseguraba que “Las llegadas ilegales por mar descienden en un 27,9 por ciento”, también estaba gastando más de 53.000 euros para que 22 representantes de Mauritania recibieran un curso de “rescate y salvación marítima” y otros 6 un curso de “patrón de barco”, este último por un valor de 24.000 €.
Además, la guardia de este país es una de las principales beneficiadas de estos cursos, ya que aparecen como beneficiarios de 10 de las 17 concesiones destinadas para este supuesto propósito formativo, lo que coincide con que Mauritania es uno de los países claves en la cuestión del control fronterizo de migración ilegal. No solo porque es un Estado de origen y tránsito de los flujos migratorios, sino también por su importancia estratégica y su condición de país bisagra entre el Magreb y la región africana occidental.
Otro de los países que más se benefician de esta política de Marlaska basada en la externalización de fronteras para frenar la llegada de inmigrantes al territorio español es Argelia, país al que pertenece el 14% de los migrantes irregulares que entraron en España en 2022, según el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Solo de estas concesiones del Ministerio del Interior, Argelia se ha beneficiado con casi 54.000 euros bajo la premisa de que 24 representantes de protección civil argelinos recibieran un curso de «técnicas de especialización en intervención en emergencia con riesgo biológico» realizado en Madrid.
Más de 3 millones de euros en «Cooperación policial»
Los cursos y las formaciones no son la única herramienta que está utilizando el Ministerio del Interior para evitar que no lleguen personas inmigrantes por rutas ilegales a territorio español. También a principios de 2023, el Ministerio concedió más de 3 millones de euros a la «Cooperación Policial Internacional», de los cuales fueron destinados más de 80.000 euros a Senegal. El resto de la partida se reparten entre Gambia, Mauritania y Ghana, países también pertenecientes a esa frontera sur con Marruecos y con la parte de África Oriental.
Mediante este tipo de políticas, Fernando Grande-Marlaska está intentando controlar que la inmigración ilegal se quede en los países africanos mediante la premisa de la cooperación internacional. Sin embargo, Este tipo de pago de cuantías, gestionadas por concesiones de dinero público, tienen como objetivo frenar la migración mucho antes de que pueda llegar a la frontera nacional y así evitar la movilización policial en territorio marítimo español y en las conflictivas vallas de las ciudades autónomas.
