Conseguir una revisión ginecológica en el servicio de salud pública de la Comunidad de Madrid a día de hoy es una aventura rodeada de negativas para cualquier persona que no tenga un seguro privado. Sin embargo, Alberto Garzón ha querido que hasta 107 trabajadores de los Servicios Centrarles de su Ministerio puedan librarse del este proceso y van a poder disfrutar del beneficio de quien paga un seguro privado de salud, sin necesidad de pagarlo de su bolsillo.
El Ministerio de Consumo de Alberto Garzón va a pagar las revisiones ginecológicas y urológicas mediante un contrato público adjudicado a la empresa de prevención de riesgos laborales Quirón Prevención, por un valor superior a 10.000 euros. El documento técnico informa de que es un gasto que tienen como objetivo «prevenir y diagnosticar precozmente las consecuencias que para la salud de los empleados pueda representar la exposición a los riesgos inherentes a su puesto de trabajo».
A diferencia de una revisión por el sistema de salud pública, los «107 trabajadores de los Servicios Centrales» de este Ministerio contarán con pruebas específicas junto a un análisis de su historia clínica con un objetivo diagnóstico. Por un lado, los reconocimientos médicos urológicos serán para un total de 30 hombres de la plantilla de Garzón, tendrán un gasto medio de 86€ por persona y contarán con «un exploración urológica por tacto rectal, si procede, una determinación PSA Total y una ecografía Renovesicoprostática». Por otro lado, en el caso de las mujeres serán un total de 77 pruebas, diferenciando entre aquellas mujeres con una edad inferior a 50 años y las que la superan.
Así, las revisiones de las más jóvenes supondrán un gasto medio de 92 euros cada una e incluirán «una exploración mamaria, una ecografía mamaria bilateral, una mamografía bilateral (mayores de 40 años y a criterio, en su caso, del facultativo atendiendo a la exploración mamaria y ecografía mamaria bilateral), PAAF mamaria si procede, exploración ginecológica, ecografía vaginal o abdominal, citología, diagnostico morfológico: extendido citológico, diagnostico microbiológico: exudado vaginal y examen en fresco». Aquellas 32 mujeres que tienen más de 50 años disfrutarán de una revisión cuyo coste individual ronda los 149 euros y que incluye todo lo anterior además de una «densitometría ósea», una prueba destinada a averiguar la densidad mineral de los huesos para detectar la osteoporosis.
Pedir una revisión médica en la Sanidad Pública si no trabajas para Garzón «es imposible»
Elena (nombre ficticio) acudió a su médico de Atención Primaria de un ambulatorio de la Comunidad de Madrid para realizarse unos análisis y confirmar que estaba todo correcto después de haber terminado un proceso de medicación con antidepresivos, gestionado por la atención psiquiátrica privada. Una vez en la consulta, Elena le pidió a su médico que le gestionara una cita externa en el hospital de la zona para realizarse una revisión ginecológica.
Sin embargo, su doctor le dijo que «solo estaban dando citas para patologías» y que no podía darle una cita para una revisión «a menos que tuviera antecedentes familiares de cáncer de mama». Lo único que consiguió fue una cita para hacer una citología, la cual la tendría cuatro meses después en un ambulatorio de la zona noroeste de Madrid. Elena asegura a Moncloa.com que «por ser una mujer joven, sin antecedentes y sin seguro privado no puedo hacerme una revisión ginecológica. ¿Cómo sé yo que está todo bien si no pueden si no pueden hacerme un reconocimiento correspondiente?».
Además, Elena trabaja en una empresa privada que no le ofrece este tipo de beneficios sanitarios anuales. Por tanto, en el caso de que quisiera hacerse una prueba ginecológica completa tendría que optar por una de las tarifas que ofrece el mercado privado de la sanidad. Podrá encontrar ofertas en portales que se dedican a poner «los mejores precios» a servicios sanitarios que, como en este caso, no está cubriendo actualmente la Sanidad Pública madrileña.
La formación política a la que Garzón pertenece, Unidas Podemos, ha defendido en innumerables ocasiones la necesidad de tener una sanidad pública que pueda dar cobertura a todas las personas de manera universal y se han mostrado contrarios a la gestión privada de la sanidad. El último paso de Podemos en este sentido son las negociaciones sobre la llamada Ley Darias en las que piden modificaciones para restringir la gestión privada en la sanidad pública.
A pesar de sus posición de defensa de la sanidad pública, el ministerio de Garzón prefiere gestionar la salud de los que trabajan en Consumo a partir de contratos públicos que cubran una su asistencia ginecológica y urológica, invirtiendo más de diez mil euros de dinero del Estado en una empresa de sanidad privada como es Quirón Prevención.
