A finales de marzo, un avión aterrizó en la calle Prolongación Ramón y Cajal de Santa Cruz de Tenerife, donde se ubica la Delegación Provincial de Estadística de la isla. Probablemente, los tinerfeños no estaban informados de que contenía esa aeronave, pero era un envío urgente procedente directamente desde las oficinas de Madrid del Instituto Nacional de Estadística (INE), dirigido por Elena Manzanera. En su interior, los funcionarios encontrarían algo que es difícil de calificar de urgente: 85 cajas de folios din-A4 por el ‘módico’ precio de 6.000 euros.
Según el contrato que figura en el Portal de Trasparencia, se trata de un tipo de licitación menor que no contiene más información que el carácter urgente. Además de esto, el instituto dependiente del ministerio de Nadia Calviño no incluye si en el interior había algún tipo concreto de folio, ni explica el motivo de la urgencia del envío. Lo único concreto es la cantidad gastada para alquilar un avión y enviar 212.500 hojas en blanco. El precio final del contrato es algo menos de 6.000 euros, pero el INE estaba dispuesto a pagar hasta 10.000 euros por este transporte.
En este sentido, se trata de una cantidad «pequeña». Por eso el INE no tiene la obligación de publicar más información que el motivo del gasto. Se incluye dentro de lo que son los «contratos menores», los cuales se pueden asignar directamente a una empresa sin necesidad de sacarlo a concurso público previo y están exentos de la obligatoriedad de publicar pliegos técnicos o administrativos, según la Ley de Contratos del Sector Público. El sector público puede utilizar este método para contratar cualquier servicio inferior a 15.000 euros o cualquier obra, si no llega a los 40.000.
Desde Moncloa.com nos hemos puesto en contacto con el Instituto Nacional de Estadística para conocer el motivo de este contrato y para saber si se trataba de algún tipo de folio concreto que no esté disponible en el mercado tinerfeño. Desde el INE nos han confirmado que este papel está relacionado con la demanda que supone las elecciones locales, en cuanto a material de impresión y de fotocopias. Aseguran que «La posibilidad de adquirir el suministro de papel directamente desde la Delegación Provincial de Tenerife hubiera supuesto un fraccionamiento del contrato citado anteriormente para el suministro de todas las delegaciones».
Además, añaden que el carácter urgente se debe a «la necesidad de la Delegación Provincial de Tenerife de anticipar la ejecución de las tareas asignadas en los procesos electorales y para poder cumplir con los plazos establecidos». Sin embargo, la noticia de la fecha de las elecciones es conocida desde el tiempo suficiente como para no haber necesitado recurrir al proceso de urgencia. Alegan que si este envío no hubiera sido así «no hubieran llegado en el plazo requerido».
Los contratos menores, la herramienta para no justificar los gastos públicos
Más allá de la pequeña historia que pueda suponer el envío de folios en blanco, por el hecho de de que se pueda considerar urgente y sea necesaria la contratación de un avión expresamente para este servicio, este tipo de contratos es un ejemplo claro de cómo los contratos menores son una herramienta de las instituciones públicas para hacer gastos que no requieran de una justificación pública. En este caso, el INE ha ampliado la información, pero no siempre pasa. Tal y como cuenta el abogado y experto en contratación pública Francisco Lavale, los contratos menores permiten hacer «adjudicaciones a dedo» sin necesidad de justificar el gasto.
Por eso, Elena Manzanera no se ha visto en la obligación de explicar porqué era tan urgente gastar 6.000 euros para enviar folios en blanco din-A4 a una isla donde también venden este material. Así, este caso ejemplifica la falta de obligatoriedad de los organismos públicos en cuanto a sus contrataciones de obras y servicios. De hecho, la Oficina Antifraude afirma que la contratación pública es «un área de riesgo de corrupción evidente» y que el «50% de las investigaciones de Antifraude» son en relación a este ámbito.
La lucha contra la irregularidad no termina de materializarse
Por eso, en los últimos años ha habido varios intentos gubernamentales para poner freno a que la contratación pública sea la herramienta para la irregularidad administrativa e, incluso, para la corrupción. Entre ellos destacan los cambios que se realizaron en 2021 en la Ley que lo regula, o la creación del Portal de Transparencia para favorecer el acceso de los medios de comunicación y de la ciudadanía a toda la información relacionada con la contratación pública. Además, el gobierno actual del Partido Socialista y de Unidos Podemos se posicionó completamente en contra de la corrupción y del uso de la contratación pública como un elemento de fraude.
Sin embargo, a pocos meses de que se acabe su legislatura tienen pendientes la ley integral, el plan nacional contra la corrupción y el final de los aforamientos que prometieron aprobar cuando formaron la coalición. Mientras tanto, la contratación pública sigue destacando por ser el ámbito donde las instituciones hacen uso y gasto del dinero público con herramientas que permiten evitar la justificación de esa inversión.
