El PSC trata de salir del atolladero de la corrupción en el caso Inipro. Los socialistas liderados por Salvador Illa maniobran para tratar de tapar el asunto con el fichaje de la principal testigo del caso, María Cecilia Mangini Schäfer, como octava teniente de alcalde, consejera de Igualdad, servicios a la Ciudadanía y Servicios Sociales, según se detalla en la web del Ayuntamiento de Tarragona.
Este Consistorio es el epicentro de este caso en el que se piden penas de prisión a nueve imputados, entre los que se encuentra Josep Fèlix Ballesteros, ex alcalde de Tarragona, y otros 288.000 euros al PSC en concepto de fianza.
El juez de la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona había recopilado las pruebas y preparado el sumario del caso, todo lo necesario para fijar fecha para el juicio contra la cúpula del PSC en Tarragona. La ponente, Begoña Tàrrega, tenía 17 tomos y 14 piezas adicionales que conforman este caso, uno de los mayores que afecta a los socialistas en la provincia. Josep Fèlix Ballesteros está acusado junto a otras ocho personas por prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil y fraude, los ingredientes necesarios para cocinar un buen caso de corrupción.
EL PSC PAGÓ LA FIANZA TRAS UNA PRESUNTA MALVERSACIÓN DE FONDOS DESTINADOS A INMIGRANTES
Todos ellos se enfrentan a una pena de entre cinco y ocho meses de prisión, junto a la correspondiente inhabilitación y multas, que pueden ascender a miles de euros, según el escrito de la Fiscalía. Asimismo, el PSC abonó 288.157 euros por la posible responsabilidad civil y se esperaba el juicio para después de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.
Junto a Ballesteros están investigados Enriqueta Aznar, Alejandro Caballero, Teresa Victòria Pelegrín, Antonio Muñoz, Enric Miró, Josep Gallet y Gustavo Cuadrado. Todos ellos concertaron, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), que presidirá la principal testigo del caso en esta legislatura, para adjudicar de forma fraudulenta el contrato «servicio de intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada» a la empresa Iniciativas y Programas, SL, Inipro.
Lejos de realizar la labor presupuestada, Inipro realizó «tareas de clientelismo en favor del PSC a cambio de dinero». El fin último era captar votos y mejorar la imagen de Ballesteros en la provincia y en la ciudad que le dio el bastón de mando.
LOS MAILS VINCULAN AL PSC, BALLESTEROS E INIPRO
Todo ello, según la Fiscalía. Una vez agotado el presupuesto, Inipro continuó realizando la labor, pero sin tener el contrato público, según denunció la CUP. La Fiscalía corroboró los hechos y señaló que se hizo «prescindiendo de toda norma y procedimiento legal y con evidente perjuicio para el ente público».
Unos mails entre los propios acusados, presentados por la Fiscalía al caso, ponen de manifiesto los hechos, mostrando la relación entre los Servicios Sociales e Inipro. El dinero sirvió para mejorar los perfiles de redes sociales del propio alcalde, como si de una legión de ciberactivistas se tratara. Entre otros, había que revivir el canal de vídeo de Ballesteros o enviar cartas al director con temáticas muy concretas, como felicitar al alcalde por un nuevo parque infantil o cargando contra la oposición.
EL NUEVO ALCALDE DEL PSC FICHA A MANGINI
No obstante, con el nuevo alcalde del PSC en Tarragona, Rubén Viñuales, se ha incluido a la principal testigo del caso en el equipo de gobierno. El presunto fraude y corrupción que afecta al PSC se remonta a 2009, cuando el actual diputado José Zaragoza ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSC.
Bajo este mandato, la zona del Bajo Llobregat y Tarragona, junto con Sabadell y otros municipios estaban bajo la lupa judicial por distintos casos de corrupción. De hecho, Zaragoza fue apartado de la ejecutiva del PSOE en 2013 por el espionaje político en el caso ‘Método 3’. Sin embargo, el PSC le repescó posteriormente, ya con Salvador Illa al frente y enviado al Congreso de los Diputados.
A Mangini se la consideró en un primer momento como «responsable a título lucrativo» al cobrar de un dinero destinado al asociacionismo de inmigrantes por una actividad ilícita.
En caso de abrirse el juicio, la principal testigo está obligada a contar la verdad sobre los correos enviados y detallar todas las tareas que realizaba la empresa para el Consistorio de Tarragona. Mangini es ahora la concejala que gestionará el IMSST, de donde, desaparecieron los 276.121 euros para encumbrar a Ballesteros, al menos en redes sociales.
