El PP quiere que las familias cobren la ayuda por hijo a cargo desde el quinto mes de embarazo

El Partido Popular propone en su programa electoral para el próximo 23 de julio que las familias puedan cobrar la prestación por hijo a cargo a partir del quinto mes de embarazo.

«Aumentaremos la cuantía y ampliaremos el alcance de la prestación por hijo a cargo, posibilitando su cobro desde el quinto mes de embarazo», se lee en el programa del PP, publicado este martes.

Además, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo se compromete extender el título de familia numerosa para los padres y madres hasta que el último de los hijos cumpla 26 años y a recuperar la bonificación de hasta el 45% de las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de trabajadoras del hogar.

Asimismo, propone ampliar, en el marco del diálogo social, los permisos de paternidad y maternidad de las familias monoparentales «en la parte voluntaria»; y promete «abordar» el permiso de cuatro meses para los padres con hijos de hasta 8 años complementándolo con los nuevos permisos parentales.

Igualmente, asegura que potenciará la flexibilidad del horario laboral y un banco de horas, para que las empresas ofrezcan más flexibilidad a los trabajadores sin afectar al salario; y promete que la educación de cero a tres años será «universal y gratuita» y estará cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas al 50%.

Los ‘populares’ también proponen: garantizar la equidad en la atención de la infancia «en cualquier punto de España»; priorizar que los niños crezcan en familias de acogida; erradicar cualquier tipo de acoso, especialmente en el ámbito escolar y digital, y acabar con la tolerancia hacia cualquier tipo de violencia hacia la infancia.

Al mismo tiempo, el PP se compromete a impulsar la implantación de procedimientos de verificación de edad para el acceso de menores a redes sociales y para evitar su acceso a páginas pornográficas; a poner en marcha un plan estatal de prevención de la salud digital infantojuvenil; a avanzar en la especialización de los juzgados, y a implementar la reforma del procedimiento de determinación de edad de los menores migrantes solos.

En el ámbito de los mayores, plantea una oferta de atención social «amplia» y «libertad de elección» para los mayores; una estrategia nacional de atención a la soledad no deseada; crear más recursos residenciales para mayores, como las viviendas compartidas o las viviendas con servicios comunes; y promover programas de digitalización y proyectos de voluntariado a partir de los 65 años para conectar a los jóvenes con los mayores.

En cuanto a las personas con discapacidad, el PP se compromete a reformar la Constitución Española para eliminar el término ‘disminuido’; a recuperar la comisión de políticas integrales de la discapacidad en el Congreso; a poner en marcha mecanismos que favorezcan el reconocimiento de la discapacidad en «plazos razonables», y a universalizar la atención temprana de la discapacidad.

Asimismo, aseguran que defenderán la «educación especial», posibilitando la «inclusión académica y social total de los niños con discapacidad» y garantizando el derecho de los padres «a elegir entre distintos modelos de centros educativos», y proponen impulsar programas de atención combinada de mayores con hijos con discapacidad en centros residenciales.

Además, el PP se marca como objetivo la «erradicación de la violencia de género y de toda la violencia contra la mujer» y, en concreto, se compromete a cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de género; a modificar la ley para «tipificar la violencia digital y luchar contra la violencia de control, amenazas o violencia psicológica a través de los móviles»; y a aprobar una ley orgánica integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

También propone perseguir a los proxenetas y el beneficio económico extraído de esta actividad por terceras personas; reforzar las unidades de atención de la familia y de la mujer de la Policía Nacional y los equipos mujer-menor de la Guardia Civil; realizar una evaluación y actualización continuada de los cuestionarios del programa Viogen de valoración del riesgo en los casos de violencia de género, y extender la realización del curso de iniciación sobre la violencia de género a los funcionarios públicos que atienden a las mujeres víctimas.

Igualmente, en el programa se incluye revisar y perfeccionar la tecnología actualmente utilizada para el control de las penas y medidas de seguridad y cautelares de alejamiento, y reformar la ley orgánica del poder judicial para atribuir la competencia a los juzgados de violencia sobre la mujer de todos los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio de Estambul.

Respecto al colectivo LGTBI, el PP se compromete a aprobar «una nueva ley que garantice los derechos de las personas transexuales», que nazca «del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso»; a luchar contra todo tipo de discriminación, con nuevos protocolos educativos, y a impulsar «cambios en el código penal y campañas de sensibilización».

En materia de igualdad, los ‘populares’ también quieren avanzar hacia una presencia «equilibrada» en puestos directivos y combatir las brechas de género que se mantienen en el ámbito laboral. En este sentido, se comprometen a bonificar las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador durante los permisos por nacimiento, exista o no contrato de sustitución.

Por otro lado, en materia migratoria, proponen potenciar la inspección fronteriza; establecer una red de equipos conjuntos de investigación en materia migratoria con países africanos, y agilizar el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito «para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto ‘llamada’.