El PSC pone más trabas en el caso Inipro, pero ERC trata de impedirlo a toda costa, pese al pacto por la Diputación de Tarragona entra ambas formaciones políticas. El nuevo alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, ha aprobado un decreto para iniciar los trámites para retirar al Consistorio del caso. No obstante, ERC interpuso un recurso que ha sido admitido por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Tarragona.
El Consistorio tiene ahora que presentar las alegaciones y una vez estudiadas será el juez quien estudie las razones por las cuales el principal perjudicado de la presunta trama de corrupción, donde el PSC ha sido condenado a abonar 276.000 euros por el desvío de dinero destinado a inmigrantes para encumbrar la imagen del exalcalde socialista José Félix Ballesteros. El caso, además, tiene ramas en otros Ayuntamientos, como el Viladecans, con doce investigados.
El juez no ha aceptado las medidas cautelarísimas pedidas por ERC, como la suspensión inmediata del decreto de Viñuales
El juez, no obstante, no ha aceptado las medidas cautelarísimas pedidas por ERC, como la suspensión inmediata del decreto de Viñuales, convertido ahora en el defensor del PSC en vez de defender los intereses de sus conciudadanos. Por el momento, se estudia el caso en el Juzgado para decidir si se aplican las medidas cautelares.
VIÑUALES SE ERIGE AHORA COMO EL SALVADOR DEL PSC
El decreto, aún no publicado, pero sí firmado oficialmente por el propio Viñuales, según publica el diario Ara, va contra los propios intereses de los tarraconenses. Con ERC en el poder municipal, Pau Ricomà rubricó el documento para ser acusación en el caso Inipro al ser el principal afectado. La CUP, por si parte, acusa al PSC de usar la institución en beneficio del partido dirigido por Salvador Illa.
El decreto, realizado por la vía de urgencia el pasado 28 de junio, no tendría justificación alguna, más cuando se trata de un caso que se remonta a 2010. Según el actual alcalde socialista, «no ha habido actuación delictiva por parte de ningún órgano ni autoridad del Ayuntamiento de Tarragona, más allá de posibles actuaciones administrativas incorrectas».
No obstante, junto al ex alcalde de la localidad y número 27 de las listas del PSC a pesar de su imputación, están investigados Begoña Floria, ex concejal del PSC cuatro años y número 24 de la lista de los socialistas en estas pasadas elecciones municipales; la ex concejal de Servicios Sociales, de donde salió el dinero para pagar a la empresa Inipro, Victoria Pelegrín; así como el ex jefe de gabinete de Ballesteros, Gustavo Cuadrado; junto al ex gerente del IMSS, Antonio Muñoz. También están imputados Enric Miró, Josep Gallet, Enriqueta Aznar y Alejandro Caballero.
EL NUEVO ALCALDE DEL PSC MANIOBRA EN EL CASO INIPRO
Para el alcalde, las presuntas irregularidades no tendría efecto alguno en el Consistorio «al no ser constitutivas de delito». No obstante, Ballesteros, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, permitió el contrato con la empresa Inipro para fomentar fomentar el asociacionismo entre los inmigrantes.
Sin embargo, los hechos, según la Fiscalía, fueron muy distintos. Los empleados de esta empresa se centraban en promover desde las redes sociales a Ballesteros, para quien se le pide hasta cinco años de prisión. Una de las empleadas de esta empresa fue Cecilia Mangini, contratada por el nuevo equipo de Viñuales precisamente en el área del IMSS. Se trata de la principal testigo del juicio.
según la Fiscalía. Una vez agotado el presupuesto, Inipro continuó realizando la labor, pero sin tener el contrato público, según denunció la CUP. La Fiscalía corroboró los hechos y señaló que se hizo «prescindiendo de toda norma y procedimiento legal y con evidente perjuicio para el ente público».
BALLESTEROS, INVESTIGADO Y EN LA LISTA DEL PSC
Unos mails entre los propios acusados, presentados por la Fiscalía al caso, ponen de manifiesto los hechos, mostrando la relación entre los Servicios Sociales e Inipro. El dinero sirvió para mejorar los perfiles de redes sociales del propio alcalde, como si de una legión de ciberactivistas se tratara. Entre otros, había que revivir el canal de vídeo de Ballesteros o enviar cartas al director con temáticas muy concretas, como felicitar al alcalde por un nuevo parque infantil o cargando contra la oposición.
El caso se produjo cuando José Zaragoza ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSC, quien fue apartado de la ejecutiva del PSOE en 2013 por el espionaje político en el caso ‘Método 3’. Sin embargo, el PSC le repescó posteriormente, ya con Salvador Illa al frente y enviado al Congreso de los Diputados.
A Mangini se la consideró en un primer momento como «responsable a título lucrativo» al cobrar de un dinero destinado al asociacionismo de inmigrantes por una actividad ilícita.
