El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa con su batalla contra los cuerpos de la Guardia Civil. Antes de la celebración de las Elecciones Generales, el responsable de la seguridad nacional aprobó un Real Decreto por el que modificaba la estructura de las competencias que recaen sobre la Benemérita en los puertos y en los aeropuertos españoles. Con esta medida, que se hizo pública el 25 de julio de 2023 en el Boletín Oficial del Estado, Marlaska ha vuelto a aumentar el malestar existente en los cuerpos de la Guardia Civil, ya que supone quitar responsabilidades en materia de seguridad que correspondían a este Cuerpo y entregárselas a la Policía Nacional, a las policias locales y a la seguridad privada de Frontex en las zonas destinadas al control de la migración y de las fronteras españolas.
No pasaron ni 24 horas desde que Marlaska hizo público este Decreto Ley y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya había informado de que iba a llevar a los tribunales esta medida. Según este colectivo de la Benemérita, esta norma es una respuesta en modo de «parche» a las reclamaciones que hace la Guardia Civil sobre los problemas de plantilla en los puertos y aeropuertos. Según la AUGC, en vez de escuchar sus demandas y aumentar el personal necesario para dar un buen servicio, Interior «reorganiza las competencias, relegando a la Guardia Civil a las cuestiones fiscales y atribuyendo la seguridad de las instalaciones a la Policía Nacional y a los cuerpos de seguridad autonómicos».
En este sentido, el Ministerio de Interior ha publicado este Real Decreto para «evitar la reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», según ha informado el colectivo a Moncloa.com. Asimismo, en el comunicado que han emitido aseguran que esta norma se encuentra «totalmente obsoleta» y lamentan que en lugar de realizar «una más que necesaria reforma profunda» a través de la aprobación de «un nuevo texto, se utilice la puerta trasera para importantes cambios», tal como aseguran que supone este RD. Por ello, aseguran que «los servicios jurídicos de AUGC, una vez publicada la norma se han puesto a trabajar en un recurso contencioso administrativo».
Marlaska «destierra a miles de guardias civiles»
Antes de que el ministro de Interior tomara la decisión de aprobar por Real Decreto este cambio de «la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía», la Guardia Civil ya había puesto en cuestión la situación de la Benemérita en las instalaciones de puertos y aeropuertos de España. Un ejemplo es, según la AUGC, el cuartel de Roquetas de Mar, donde aseguran que existe desde hace años una falta de guardia civiles y «un incremento totalmente desigual de plantillas» en comparación con la Policía.
Ahora, Marlaska ha querido formalizar ese relevo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todo el territorio nacional. Según esta norma de Interior, se crea una nueva organización con la que reasigna las competencias de los puertos y de los aeropuertos y se los reasigna a comisarias locales y a comisarias superiores de Policía, sin incluir a la Guardia Civil en ninguna de estas instalaciones. Por eso, la AUGC ha aseguro que esta norma puede suponer «el destierro de miles de guardias civiles que ejercen su cometidos en puertos y aeropuertos de toda la geografía nacional».
«Un parche» a la falta de plantilla generalizada en la Guardia Civil
Ya en la pandemia, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunció la falta generalizada de personal en las Compañías de la Benemérita, lo que afectaba a su incapacidad «cubrir las necesidades de seguridad nacional». Entonces, este otro colectivo también comunicó que la falta de plantilla afectaba directamente al orden público por la falta de medios para cubrir en Murcia la llegada de «cerca de 200 argelinos con síntomas de Covid-19». Esta situación que describe la asociación se ha alargado en el tiempo y en lugar de ampliar el personal, Marlaska le ha retirado las competencias en puertos y aeropuertos a la Guardia Civil para dárselas a la Policía.
Por su parte, la AUGC ha asegurado a Moncloa.com que esta medida «no supone un conflicto con los cuerpos policiales» ya que «al final somos compañeros» y señalan directamente a Interior como responsable, al modificar normas que al final a quienes más afecta es a las escalas más bajas y a los propios ciudadanos». Sin embargo, sí aseguran que la distribución de las competencias y esta separación de la Guardia Civil de los puertos y de los aeropuertos nacionales va a suponer «grandes dificultades para realizar el trabajo», ya que la organización entre diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad supone un complicación en los métodos para que la seguridad esté cubierta.
