Jaume Collboni se estrena como alcalde con un varapalo de los que duelen. El juzgado contencioso-administrativo 5 de Barcelona ha tumbado la primera ‘superisla’ de Ada Colau, un eje verde que apoyaron sin fisuras los socialistas en su trámite municipal. Se trata del eje de Consell de Cent y que se modificó de forma ordinaria sobre un plan previamente establecido. Los de Colau y Collboni realizaron otras obras, saltándose la vía reglamentaria.
La magistrada ha aceptado así el recurso de la organización empresarial Barcelona Oberta y Foment del Treball, al tiempo que los empresarios, con Foment a la cabeza y cuya sede se ubica en una de estas ‘superislas’, han exigido paralizar todas las obras y dar marcha atrás al desastre urbanístico. Desde un inicio, el Gobierno de Colau y Collboni defendieron a capa y espada su «urbanismo táctico», es decir, convertir a Barcelona en una ciudad sin espacio para los coches. La oposición, con Elsa Artadi a la cabeza, fue feroz a estos planes, incluso los vecinos y comerciantes se mostraron en contra de la medida.
La jueza exige al Consistorio retomar las actuaciones y volver la zona a la situación en la que se encontraban
Pero Colau y sus socios del PSC hicieron oídos sordos. Fruto de ello, se eliminaron carriles, se colocaron enormes bolas y bloques de hormigón por las calzadas, se exigían zonas peatonales, pero sin espacio para que los vecinos pudieran aparcar el vehículo. Un sinfín de obras y un reguero de dinero público malgastado. Ahora la justicia se ha encargado de poner las cosas en su sitio, pero sólo será con efectos momentáneos. Y es que, el Consistorio recurrirá dicha sentencia.
COLLBONI PIDE AHORA DIÁLOGO, PERO DESOYÓ A LOS EMPRESARIOS
Collboni dice ahora que hará valer el «diálogo y el consenso», el mismo que aplastó cuando dio el visto bueno a una «modificación encubierta del Plan General Metropolitano», como señala la jueza. El PSC es uno de los principales responsables de esta nueva pifia política, que ha permitido convertir la calle en un «vial libre».
En este sentido, la jueza exige al Consistorio retomar las actuaciones y volver la zona a la situación en la que se encontraban. Es decir, volver a dejarlo todo como estaba, eliminando todos los bloques de hormigón y devolviendo la calzada a los coches. Un doble gasto que sufragarán los barceloneses por la negligencia política. Eso sí, el Consistorio se libra de las costas judiciales del proceso.
Para Collboni, este urbanismo táctico, al que orgullosamente dio su apoyo, se trata de una reforma ordinaria y dejar la calle con prioridad absoluta a los peatones. Todo ello, con el argumento de una mejora del medioambiente y la movilidad. No obstante, las obras tumban por completo la libre circulación de los vehículos.
Para la jueza, la visión es muy distinta al asegurar que se pasó de una «calle que cumplía la función que le venía atribuida de red viaria local a una calle pensada principalmente para peatones». Es decir, no se trataba de una reforma ordinaria. Para ello, el Consistorio modificó los usos del suelo, un hecho tumbado ahora por la justicia.
Asimismo, el Consistorio de Colau y Collboni realizó esta modificación sin estudio ni memoria económica ni ambiental, un incumplimiento de la normativa vigente en Cataluña. Este motivo permitió dar la razón a Barcelona Oberta.
EL PRIMER REVÉS JUDICIAL DE COLLBONI POR LAS ‘SUPERISLAS’
Con este nuevo revés judicial, Foment del Treball, la organización empresarial contraria a las actuaciones urbanísticas de Colau y Collboni, ha exigido parar todos los proyectos. «Barcelona Oberta y Foment del Treball reclamaron al anterior gobierno municipal que actuara con diálogo y se reclamaron medidas cautelares que no se entendieron», lamenta la organización liderada por Josep Sánchez Llibre.
En este sentido, denuncia que pesó «más la ideología que la legalidad», al tiempo que ha criticado que «la forma de hacer haya sido fruto del autoritarismo y no del entendimiento o la voluntad de sumar».
LA IDEOLOGÍA Y EL AUTORITARISMO DE COLAU Y COLLBONI
En este sentido, ha señalado a Colau y Collboni por la falta de diálogo, a pesar de la unión de la sociedad civil en contra de las ‘superislas’, que aún no han sido revertidas tras dos meses de la llegada del alcalde socialista. Asimismo, señalan que la política ha intentado retorcer el Estado de Derecho, saltándose las normas e imponiendo sus criterios antes que deberse a los ciudadanos.
Lejos de corregir el error y la ilegalidad, el Ayuntamiento lanza su huida hacia adelante con un recurso que previsiblemente será de nuevo tumbado por la justicia a tenor de las irregularidades cometidas.
