Pedro Sánchez no quiere ser molestado el próximo 5 de octubre y que sus planes para reunirse con los líderes europeos no sean alterados por manifestantes. En este sentido, la subdelegación de Gobierno de Granada ha interferido por el Ejecutivo en funciones y ha prohibido una manifestación que tenía previsto aglutinar a más de 5.000 personas en contra de las actuales políticas de la Unión Europea, una negativa que los manifestantes han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía alegando que atenta contra su derecho fundamental de reunión.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, celebra este miércoles 20 de septiembre el juicio contra la subdelegación del Gobierno de la ciudad por haber prohibido la celebración de una manifestación organizada por la Cumbre Social de Granada y que está conformada por «los colectivos sociales y vecinales, sindicatos y partidos frente a la Cumbre de la Alhambra». Esta iniciativa local recoge diferentes actividades en las mismas fechas en las que los líderes europeos estarán en la ciudad andaluza bajo el calendario de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, los días 5 y 6 de octubre.
Entre las diferentes iniciativas, los colectivos habían organizado una manifestación el mismo día que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene previsto celebrar la tercera Cumbre de la Comunidad Política Europea y el Consejo Europeo extraordinario. Dicha convocatoria pretendía reunir a más de 5.000 personas de diferentes zonas del país con el objetivo de, según el colectivo, «trasladar de manera pacífica y democrática a los líderes europeos que se reunirán el próximo mes de octubre en la ciudad la necesidad de impulsar otra Unión Europea que apueste por la justicia social y garantice los derechos humanos».
Una manifestación que «originaría situaciones de peligro»
Los organizadores aseguran que entregaron con más de un mes de antelación la información correspondiente y siguieron los pasos burocráticos «en tiempo y forma». Aun así, la subdelegación del Gobierno negó la celebración de este recorrido que tenía previsto copar las calles del centro de Granada de 19.00 a 21.00, unas horas en las que el calendario de la Presidencia del Consejo Europeo prevé que los líderes políticos se encuentren ya reunidos.
Por ello, a pesar de que la manifestación se planeaba como un paseo por las vías centrales de la ciudad, la Subdelegación del Gobierno asegura a Moncloa.com que la decisión «se ha tomado en consideración los informe emitidos por el Ayuntamiento de Granada y por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía». En este sentido, fuentes de la institución han asegurado que el encuentro «afectaría sin duda a los actos oficiales previamente programados y organizados en el marco de la Reunión de la Comunidad Política Europea».
En este sentido, los manifestantes aseguran que, teniendo en cuenta a las citas ya programas, solicitaron con la «mayor antelación posible» que «se habilitasen al efecto los recorridos de tráfico alternativos necesarios con el propósito de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales durante el tiempo que durase la manifestación». Sin embargo, la subdelegación avisa de que este recorrido no solo afecta a los 44 líderes políticos sino que también «a los dispositivos de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al traslado de las Delegaciones y Autoridades de los Estados participantes, a las vías de evacuación en caso de incidentes, a los servicios de urgencias y emergencias».
por todo ello, la institución llegó a la conclusión de que la celebración de la manifestación «originaría situaciones de peligro para personas y bienes». Así, aunque los organizadores catalogan la decisión de «prohibición absoluta», la subdelegación del Gobierno asegura que «se les ha dado la posibilidad de solicitar un itinerario alternativo o modificar la fecha de su celebración».
De actividades sociales a los tribunales andaluces
El recorrido que ha desencadenado este conflicto se aleja del objetivo inicial de la Cumbre Social de Granada. En un primer momento, los colectivos sociales tenían como objetivo organizar actividades en el marco de la justicia social para todo tipo de públicos y mostrarse como alternativa social de la Cumbre de líderes europeos y apostar por una perspectiva social de la UE. Sin embargo, la prohibición del Gobierno ha hecho que los colectivos lleven la decisión por la vía judicial.
Así, este miércoles 20 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) deliberará sobre la decisión gubernativa, la cual los colectivos tachan de «atentar contra su derecho fundamental de reunión». Con este paso judicial, los agentes sociales no solo cuestionan la imposibilidad de celebrar una manifestación que cumple los requisitos burocráticos, sino que también aseguran que «es una razón más para reclamar otra Unión Europea; una que, en lugar de blindarse y vulnerar los derechos humanos, garantice los derechos fundamentales de todas las personas».
