Barcelona busca solo administrativos trans

El Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), liderado por la socialista (Força Corbera-PSC), Rosa Boladeras, ha publicado una oferta de empleo público de auxiliar administrativo dirigido únicamente para las personas trans.

El interesado se encargará de realizar tareas de atención al público, entre ellas, gestión de instancias, gestión de registros electrónicos, gestión de reservas de espacios, y apoyo en la gestión de subvenciones.

Además de ser una persona trans, el solicitante debe de cumplir los siguientes requisitos: estar desempleado, estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP de primer grado o ciclo formativo o título equivalente, estar registrado en el buscador de empleo no ocupado (DONO), tener un nivel intermedio en manejo de Word y Excel, y «capacidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas y capacidad de organización».

EL 80% DE LAS PERSONAS TRANS SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

El puesto tendrá que ser cubierto en menos de un mes, y el nuevo auxiliar administrativo percibirá un salario de 1.634 euros, y tendrá que cumplir un horario, en turno de mañana, de 8.000 a 15.00 horas.

Esta convocatoria de empleo se inscribe dentro la red Xaloc, la plataforma de empleo público presidida por el PSC. A la que es obligatorio estar suscrito para poder acceder a las ofertas de empleo ofrecidas por los Servicios Locales de Ocupación.

3 de cada 10 personas lgtbi manifiestan haber sufrido agresiones verbales

Un estudio reciente de UGT ha demostrado que las personas trans han sufrido dificultades a la hora de encontrar empleo, a causa de su identidad de género; concretamente, un 80% de las personas pertenecientes a este colectivo se encuentran en situación de desempleo.

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LAS PERSONAS TRANS EVITAN HABLAR DE SU VIDA PERSONAL EN EL TRABAJO

Además, dentro ya del ámbito laboral, «3 de cada 10 personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales, un 78% referidas a chistes y rumores sobre la orientación sexual, y un 52% insultos. Conductas acosatorias que hacen que casi 7 de cada 10 personas LGTBI consideren que ser LGTBI es un inconveniente para buscar un trabajo».

Y en un 41% de los casos, «evitamos hablar de nuestra vida personal en el trabajo por miedo a la discriminación. Son situaciones inasumibles», ha apuntado el estudio señalado.

Por ello, la Ley de Empleo, publicada en marzo, posiciona al colectivo LGTBI como «vulnerable», por tanto, establece que «este colectivo recibe programas específicos destinados a fomentar el empleo con una atención específica» en la planificación, diseño y ejecución de las políticas de empleo. La ley entiende que las personas trans «deben de tener además una consideración especial».

LAS PERSONAS LGTBI BUSCAN SER RECONOCIDAS

Por otro lado, estas personas deben de identificar su orientación sexual y su identidad de género en el Sistema Nacional de Empleo mediante una declaración jurada. Sin embargo, el SEPE no exige a estas personas enviar sus datos, se espera que se identifiquen por iniciativa propia.

Una vez que estés adscrito al SEPE y te reconozcan como persona LGTBI, tendrás acceso a «programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para su desarrollo de su empleabilidad».

La controversia viene cuando la forma de acreditar los datos señalados, para recibir esta consideración, resulta poco fiable, ya que, estos datos pertenecen a la intimidad de cada ciudadano, y que según Trabajo no debería «contrastar tu orientación sexual o identidad en ningún registro administrativo». Además, no existen mecanismos oficiales para averiguar si existe fraude.

Con lo que el SEPE no puede más que confiar en la buena fe de las personas que se declaren trans para recibir estos «itinerarios individuales y personalizados de empleo».

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LA DISCRIMINACIÓN CONTINÚA EN EL ÁMBITO LABORAL

Tales ventajas no se dan, en cambio, en vulneración clara al principio de igualdad que preside nuestra constitución, a las víctimas de terrorismo, colectivo también vulnerable. Pues en este caso no se les concede la opción de «escribir una declaración jurada por voluntad propia, sino que deben obligatoriamente presentar un certificado firmado por la dirección general de víctimas de terrorismo, del Ministerio del Interior».

Es importante resaltar que la reciente legislación no introduce ningún tipo de preferencia o discriminación positiva por razón de factores relevantes, como el nivel de ingresos, o el grado de dependencia. Pero sí, en cambio, las mejoras van a parar por razón de aspectos altamente personales, y en muchos casos, irrelevantes, como la orientación sexual y la identidad de género. En última instancia, esta situación suscita preocupaciones sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez ha promulgado una normativa que obedezca más a la arbitrariedad, que a un fundamento que de verdad pueda justificar tales medidas de discriminación.

Las personas trans comparten sus espaciales ayudas con otros colectivos desfavorecidos: los jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas mayores de 45 años, migrantes, personas beneficiarias de protección internacional, solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, personas de raza gitana, drogodependientes o aquellos cuya tutela sea o haya sido de la Administración Pública.

La discriminación laboral hacia las personas trans supone un desafío persistente en nuestra sociedad. A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, muchas personas trans aún enfrentan barreras para acceder a oportunidades laborales justas y equitativas. Sin embargo, la preocupación se intensifica cuando el gobierno implementa políticas de apoyo que, en ocasiones, pueden abrir la puerta a posibles abusos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el fomento de la inclusión de las personas trans en el mercado laboral y la garantía de que los recursos destinados a este fin sean utilizados de manera efectiva y justa.