El último informe de Eurostat revela que los esfuerzos del actual Gobierno en funciones para luchar contra la pobreza infantil no han conseguido sacar a España de los tres últimos puestos de la Unión Europea en riesgo de pobreza o exclusión social en menores de 18 años. Este índice europeo sitúa a nuestro país solo por encima de Rumania y de Bulgaria y afirma que 2,3 millones de niños y niñas españoles sufren la vulnerabilidad económica, lo que representa un 32,2% del total de esta población.
Estos datos se basan en el Estudio Arope y desvelan que la precariedad de la infancia española está muy por encima de la media española, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo. En este sentido, Pedro Sánchez creó el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil el 18 de junio de 2018, poco después de desbancar a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno.
El año en el que se crea este organismo, el mismo estudio recogió que España se encontraba en la quinta peor posición de la Unión Europea con el 29,5%, casi tres puntos por debajo del dato actual y dos puestos por encima, cuando aún nuestro país superaba a otras potencias económicas europeas como Italia.
LA POBREZA INFANTIL AUMENTA CON PEDRO SANCHEZ
Con perspectiva de aumentar las partidas destinadas a paliar la pobreza infantil en España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez realizó una alta inversión en el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en 2019, por entonces dependiente del que era el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, liderado por María Luisa Carcedo. El Gobierno afirmaba entonces que en los Presupuestos Generales del Estado de ese año habría «un aumento de 266 millones en los fondos para la protección de las familias destinados fundamentalmente para combatir la pobreza infantil».
En la implantación de estos presupuestos, este Alto Comisionado señaló que la apuesta económica tenía como objetivo reducir los datos de pobreza infantil de 2018, que consideraba «desproporcionados e injustificables en un país con el nivel de desarrollo económico e institucional como España».
una tendencia de subida que no se apreciaba en España desde 2014
Sin embargo, este gasto económico no solo no consiguió una reducción de este tipo de exclusión en menores, sino que el mismo dato del Estudio Arope desveló que la pobreza infantil en España subió casi un punto en 2019, pasando del 29,5% de 2018 al 30,3% y recuperando una tendencia de subida que no se apreciaba en España desde 2014, cuando la pobreza infantil llegó al 35,8% de los menores españoles.
EL COVID-19 REVALIDÓ LA POBREZA INFANTIL
Frente a un 2019 en el que habían aumentado el número de menores en riesgo de pobreza infantil o de exclusión social, la pandemia del Covid-19 y sus efectos socioeconómicos revalidaron una subida a la que el Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió combatir. En este año de 2020, el porcentaje de niños y niñas en España que se encontraba viviendo en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social aumentó más de un punto y llegó hasta el 31,8%.
El actual Ejecutivo en funciones ha tardado dos años en conseguir hacer frente a las consecuencias de la pandemia y en materia de pobreza Pedro Sánchez no ha conseguido recuperar los datos que se encontró cuando llegó al Gobierno en 2018. Así, el segundo año de Covid-19 supuso otro aumento en la pobreza infantil, la cual llegó a alcanzar el 33,4% en 2021.
Estos datos no solo representan una subida de casi tres puntos en cuatro años, sino que doblan el objetivo de la Agenda 2030 que pretende reducir este tipo de pobreza en todos los países europeos por debajo del 17,2%. Aunque 2022 haya sido el primer año en el que Pedro Sánchez ha conseguido reducir este dato, la bajada de poco más de un punto porcentual resignifica la dificultad de España para llegar a la reducción marcada por Europa.
UN GASTO INFERIOR QUE LA MEDIA EUROPEA
El actual Gobierno en funciones ha presumido a través del Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil que los Presupuestos Generales de Estado han ido aumentando cada año la partida destinada para este colectivo vulnerable. Así lo relata este organismo al afirmar que los PGE de 2023 «dedican la mayor inversión en infancia de la historia de España, más del doble de la inversión incluida en los PGE de 2018», lo que supone un gasto anual de 63 millones de euros.
A pesar de este aumento anual, el gasto en familias e infancia de España es inferior a la media de la Unión Europea en relación a su PIB: España invierte en infancia y familia un 1,6% de su PIB frente al 2,5% de la media europea. Por lo tanto, esta inversión nacional del Ejecutivo no resulta suficiente en cuestiones de pobreza, no solo por alcanzar la media europea, sino porque actualmente en España más de dos millones de niños se encuentran en una situación diaria de desprotección y de vulnerabilidad, una realidad que se aleja de la política de galardones.
