El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, corta las alas a la cúpula del FC Barcelona y veta al club como acusación particular, según el auto judicial al que ha tenido acceso MONCLOA. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona recrimina la falta de ética de la junta del club blaugrana, presidida por Joan Laporta, y la utilización de los servicios jurídicos en las diligencias previas del caso.
Laporta, según el juez Aguirre, es el que designa, bien directamente bien a través de otras personas de menor rango, a los representantes del equipo jurídico en las presentes diligencias previas. «Resulta contrario a toda ética que quien cometió unos actos idénticos a los de los posteriores presidentes pretenda personarse en la causa ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del FC Barcelona, como si este fuera una entidad abstracta con un «yo» propio ajeno al de los directivos del club», ha cargado el magistrado.
La reprobación a este uso de los servicios jurídicos «no es admisible éticamente», ha continuado el magistrado debido a que sería una acusación de la actual cúpula contra el proceder de Sandro Rosell y Josep María Bartomeu cuando «existen más que sobrados indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos» durante su primera etapa al frente del FC Barcelona.
SE ESTRECHA EL CÍRCULO AL FC BARCELONA EN EL CASO NEGREIRA
En concreto, el juez señala a los pagos realizados desde el primer contrato a José María Enriquez Negreira por tratarse de uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol, unas cantidades que dejaron de abonarse cuando Negreira ya no estaba en el cargo. Por este hecho, el juez Aguirre apunta al «cohecho activo» del FC Barcelona, independientemente de si los pagos obtuvieron un resultado favorable para los intereses del club.
El club alegó un supuesto agravio por los pagos de 7,5 millones de euros a empresas controladas por Negreira
El juez argumentó el auto de cohecho activo contra el FC Barcelona al comparar a Negreira como un funcionario público dado que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad jurídica pública, a pesar de ser de carácter privado. En este sentido, considera que la junta de Laporta incurriría en un «fraude de ley» si se admitiera al club como acusación particular por el delito de administración desleal.
«Aun cuando no se admita esta cuestión ética referente al fraude de ley, resulta insalvable el argumento formal referente a la necesidad de acusar globalmente por el concurso medial de delitos, ya que el concurso de delitos constituye una unidad formal y procesal que no se puede desmembrar», ha considerado el juez. Este misil a la línea de defensa del caso podría llegar también ante la FIFA a través del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, en una nueva ampliación de la denuncia.
EL JUEZ AFEA AL FC BARCELONA Y A LAPORTA AL COMPROBAR QUE PAGÓ TAMBIÉN A NEGREIRA
De esta forma, el magistrado cortas las alas y vuelve a vetar al FC Barcelona como acusación particular en este caso. A mediados de mayo de este año, el club pidió personarse en la causa como perjudicado por los pagos de 7,5 millones. La defensa era clara dada la nueva normativa de la ley del Deporte, que tan sólo podría investigar los últimos tres ejercicios fiscales. No obstante, con el auto de cohecho activo, las pesquisas podrían remontarse hasta quince años atrás y poner la lupa desde la primera etapa de Laporta al frente del club azulgrana.
El club alegó un supuesto agravio por los pagos de 7,5 millones de euros a empresas controladas por Negreira.
No obstante, los pagos se realizaron a través de la cuenta corriente de un directivo fallecido en diciembre del pasado año, quien cobró además más de 400.000 euros en comisiones. Todos los abonos a las empresas de Negreira pasaron desapercibidos para los socios del club, mientras que el propio Laporta aseguró en abril que se pagaron por una serie de informes elaborados por José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Negreira.
El juez da la razón también a la Fiscalía, que se opuso de forma contundente a la personación del Barcelona como acusación particular, como se expuso en un informe fechado a finales del mismo mes de mayo. Según el titular de la investigación, el FC Barcelona podría haber incurrido en el delito de corrupción deportiva, además del de administración desleal, al extraer de las arcas del club el dinero como medio para cometer otro supuesto delito, como el cohecho. No se puede acusar a uno sin el otro.
LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL, EL DELITO MEDIAL PARA EL COHECHO
En este sentido, afea al club no haberse personado también por el supuesto delito medial. «Dado que no acusa por el concurso medial es por lo que debe inadmitirse la personación», ha sostenido. En este sentido, el juez entiende que en caso de haberlo hecho se estaría acusando al FC Barcelona a sí mismo debido al delito de cohecho que pesa sobre el club.
Aguirre, además, ahonda en el varapalo judicial. «Resulta obligatorio acusar por el concurso globalmente considerado ya que el tribunal sentenciador está obligado a apreciar el concurso de delitos, por lo que si el Tribunal está obligado a su aplicación, las partes también han de estar obligadas a estar y pasar por la norma penal que regula el concurso y si no la aprecian en sus argumentaciones, los tribunales se lo deben hacer saber como hace ahora este magistrado», ha reseñado.
El club dirigido por Laporta presentó su escrito en tiempo y forma, es decir, podría haberse admitido, pero «atenta gravemente contra el espíritu ético del resto de normas aplicables a la admisión de la personación de partes acusadoras». En este sentido, reprocha al presidente del FC Barcelona su ética, dado que realizó los mismos pagos que Rosell y Bartomeu, al intentar dilucidar la prescripción de los supuestos delitos cometidos.
