La amnistía que impone Carles Puigdemont para dar sus votos a Pedro Sánchez ha llegado a la Comisión Europea, aunque por la puerta de atrás. La clave está en la reforma del delito de malversación que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la pasada legislatura para evitar que los líderes independentistas pendientes de procesar entraran en prisión por los preparativos del referéndum del 1-O. Para la Comisión Europea la reforma del delito de malversación podría vulnerar las reglas antifraude de la UE.
Este análisis, reclamado por el Grupo Liberal del Parlamento Europeo en el que se encuentra Ciudadanos, podría dar al traste con la ansiada amnistía del prófugo Carles Puigdemont, ya que terminaría en la cárcel no por lo que le puede ‘perdonar’ Sánchez de instigar la independencia de Cataluña y incluso declararla por unos segundo, sino por todo lo que gastó del dinero público para realizar esos actos. Para la Comisión Europea utilizar el dinero público para esos fines es fraude.
La iniciativa comunitaria ha partido del comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, el mismo que ha venido a España varias veces para apremiar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin lograrlo. Y, aunque con más de un año de retraso, considera que se debe analizar si la rebaja del castigo por malversación sin ánimo de lucro es acorde con las normas comunitarias. Esta reforma también serviría para reducir las penas de inabilitación de los ya condenados por el procés e indultados parcialmente, como sería el caso de Oriol Junqueras, el líder de ERC.
LA UE ADVIERTE A ESPAÑA SOBRE EL IMPACTO DE LA AMNISTÍA EN CONDENADOS POR MALVERSACIÓN
Reynders, además, ha advertido al Gobierno español sobre el impacto de la amnistía en condenados por malversación, por lo que el comisario europeo ha asegurado que va a seguir de cerca los efectos de la ley de amnistía que negocia Pedro Sánchez con los golpistas catalanes, sobre todo, en lo referente a los delitos de malversación.
Para la Comisión Europea destinar el dinero público para organizar un referéndum de independencia es fraude
Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario se había limitado a manifestar que no podía realizar juicios de valor sobre una norma cuya letra pequeña no conoce, además de que se trata de cuestiones de ámbito nacional. Por este motivo, aseguraba que le corresponde a España decidir cómo actuar, aunque siempre que se respete el marco constitucional español. Según explica la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva, el comisario Reynders tiene que ver el texto del acuerdo que alcance Pedro Sánchez con Puigdemont para comprobar si atenta contra los tratados de la UE, y si así ocurre, primero enviará una comunicación y, si no hay respuesta, se iniciará un procedimiento de infracción de los tratados. Poptcheva insiste en que el acuerdo político se tiene que plasmar en un acto jurídico, y es en ese momento cuando la UE emitirá su dictamen, como ocurrió con Polonia y Hungría.
La eurodiputada española reconoce que en las instituciones europeas está causando un gran revuelo todas las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas de Junts y ERC, y asegura que después de que se ha conocido la decisión del Gobierno socialista en funciones de conceder indultos a los implicados por los ERE de Andalucía. «En Europa no se entiende nada de lo que está haciendo Sánchez en las últimas semanas», asegura Poptcheva.
Ante las advertencias de Reynders, el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha explicado al comisario de que dicha ley dejaría «privadas de contenido» las sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos «muy graves» como la malversación o la desobediencia. A estas explicaciones, el comisario de Justicia europeo ha respondido que estará atento a la evolución del dosier que se está elaborando, en especial a todo lo que se refiere a los problemas de malveración o a la aprobación irregular de fondos públicos.
Por el momento, la Unión Europea sigue investigando si la rebaja de la malversación vulnera las reglas antifraude de la UE y en especial si la reforma del Código Penal del Gobierno de Sánchez va en la línea con la protección de los intereses financieros comunitarios.
BRUSELAS PUEDE DAR UN GIRO A LA NEGOCIACIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y LOS INDEPENDENTISTAS
Ante este giro europeo, el futuro del proceso independentista catalán y las implicaciones legales y políticas para España y la UE podría invalidar todo tipo de acuerdo que Pedro Sánchez alcance con Puigdemont, Junqueras y demás independentistas. La solución que dé la Comisión Europea podría avocar a España a unas nuevas elecciones y acabar con todas las esperanzas independentistas para Cataluña. ¿Puede España ‘amnistiar’ un delito comunitario por fraude de fondos públicos?
La otra gran polémica que Pedro Sánchez acaba de abrir en el panorama político nacional son los indultos que podría dar a los involucrados en el caso ERE de Andalucía. Una forma de desviar la atención sobre la reacción contraria que está teniendo en España su negociación sobre la amnistía, ya que no puede conceder indultos un Gobierno que se encuentra en funciones.
Sánchez intenta desviar la atención al anunciar los indultos, que no puede dar por estar en funciones, a los afectados por el caso ERE de Andalucía
El antecedente de esta nueva investigación por parte de la Comisión Europea lo encontramos en marzo de este mismo año cuando Bruselas propuso endurecer los nuevos tipos de malversación, como el cometido por los independentistas catalanes para la preparación de 1-O con fondos públicos. La propuesta de Bruselas fue la armonización penal en toda la UE de los nuevos tipos de la malversación.
La propuesta comunitaria incluso incluía las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de, al menos, 5 años. Trasladada esta directiva a las leyes españolas, supondría endurecer los dos tipos rebajados con la última reforma del Código Penal.
La reforma del Código Penal español (aprobada en enero pasado) fijó de un mínimo de 2 años (no los 5 fijados por Bruselas como mínimo) a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación este tipo de delitos, pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».
El juez Llanera decidió procesar a Carles Puigdemont por presuntos delitos de desobediencia y malversación agravada en el marco de la revisión efectuada tras la entrada en vigor de la reforma penal que derogó el delito de sedición por el que en un principio se investigaba al líder independentista. El Tribunal Supremo le dio la razón al juez LLanera.
