Las trabas vía impuestos que está diseñando el equipo económico dirigido por Nadia Calviño y María Jesús Montero están provocando el enfado de las empresas. Las grandes compañías españolas no están contentas con el tratamiento fiscal que les están aplicando en los últimos años las políticas fiscales del Gobierno. Ni a empresas ni a contribuyentes les gusta pagar impuestos, pero las empresas españolas están llegando a su límite y hasta acuden a los estudios para explicar qué les está ocurriendo. Algunas ya han empezado a hacer estudios de cómo les iría en otros países a la hora de realizar inversiones o pagar impuestos.
Un análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentado este mismo año aseguraba que el esfuerzo fiscal sobre las rentas españolas era un 53% superior a la media de la Unión Europea. En el caso de las empresas, 2022 acabó con una tasa de presión fiscal del 32,5%, un 8,6% más que la media de las empresas europeas. Las comparaciones siempre son odiosas, pero la conclusión del informe del IEE es que España ya es uno de los cinco países dentro de la OCDE con peor competitividad fiscal.
El esfuerzo fiscal de las rentas españolas era del 53% en 2022 y la presión fiscal de las empresas era del 32,5%, en ambos casos superior a la media de la UE
Del informe del IEE se hicieron eco algunas webs de empresas y entidades financieras destacando otra de las conclusiones del informe: el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en un aumento de las bases imponibles y la lucha contra el fraude fiscal, y no en subidas de impuestos que alcancen récords de recaudación y una presión fiscal por encima de la media en la UE, según aparece en la web del Banco Santander.
El descontento es evidente entre las empresas. Ahora que se encuentran en pleno proceso de presentación de resultados del tercer trimestre, no tardan en explicar -sobre todo los bancos y las empresas energéticas- cuánto de sus beneficios se destina a pagar la tasa extraordinaria puesta en marcha por los efectos de la guerra de Ucrania.
Por si fuera poco, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha justificado los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, y se ha mostrado convencida de que existe margen para que las compañías que más ganancias registran continúen aportando más a través de los gravámenes temporales a las entidades financieras y las empresas energéticas. «Para poner en marcha medidas es necesario que contribuyan más quienes más tienen», ha destacado.
CALVIÑO PRESIONÓ A FERROVIAL PARA QUE MANTUVIERA SU SEDE EN ESPAÑA
Como ya hay un antecedente con el cambio de sede de Ferrovial (la justificación para irse a Países Bajos fue para poder cotizar en la Bolsa de Ámsterdam y finalmente en la de Nueva York pese a las presiones de Gobierno), la pregunta recurrente ahora en cada rueda de prensa durante la presentación de resultados de las grandes del Ibex es si van a seguir el mismo camino que Ferrovial.
De momento, la mayoría se apresura a decir que mantendrán su sede en España, descartando cualquier intento de esquivar la presión fiscal y los impuestos extraordinarios que, de momento, son temporales, pero que ya desde el ministerio de María Jesús Montero y el acuerdo reciente entre PSOE y SUMAR no se descarta que se pueda prolongar o incluso hacer permanente.
No obstante, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha vuelto a atraer las dudas sobre lo que harán las empresas del Ibex. En el caso del empresario vasco ha lanzado un aviso para navegantes a Montero porque su compañía tiene «otras alternativas» si en España no se garantiza la estabilidad para invertir.
Las medidas fiscales de Montero han colmado el vaso de los empresarios y en el caso de Imaz le han llevado al ‘hasta aquí hemos llegado’ porque asegura que irá hasta final en la ‘batalla’ contra el impuesto del Gobierno, tanto por lo que respecta en la justicia española como en la europea.
También el consejero delegado de Caixabank ha contestado al impuesto a la banca de Calviño. Gonzalo Gortázar ha afirmado que el Gobierno les discrimina con el impuesto a la banca, que es como «darse un tiro en el pie», porque no es cierto que tengan una rentabilidad extraordinaria. La entidad ha ganado un 48% más hasta septiembre, 3.659 millones.
Las empresas necesitan tener un marco fiscal estable para diseñar sus inversiones
Para cualquier empresa, incluida Repsol o Caixabank, es básico que antes de tomar cualquier decisión sobre una inversión en España que se analicen si las condiciones del país son «estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos». Si las condiciones favorables no se producen, entonces -explicó Imaz- se tienen en cuenta «otras alternativas».
Imaz prefirió no valorar el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y el impuesto especial temporal a las energéticas y banca (en teoría vigente hasta finales de 2024). Sobre el impuesto, que grava el 1,2% de la facturación de las empresas con ingresos de más de 1.000 millones de euros, Repsol es la compañía energética española que más paga, con cerca de 450 millones. Para Imaz se trata de un tributo «ilegal, inconstitucional y discriminatorio». El empresario confía en que la justicia les dará la razón.
EL IMPUESTO A BANCA Y ENERGÉTICAS DE CALVIÑO Y MONTERO AFECTA AL EMPLEO, ACCIONISTAS Y CAPACIDAD DE INVERSIÓN
Como a la energética, este impuesto impacta y e incide de forma negativa en las empresas del sector que se encuentran invirtiendo en activos industriales y creando empleo. Por este motivo, Imaz considera que si el próximo Gobierno decide ampliar durante más tiempo este impuesto o, incluso, hacerlo permanente, lo que conseguirá será «penalizar aún más a la empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética».
Por tanto, Imaz recordó que su empresa tiene pendiente realizar «grandes inversiones» para transformar sus complejos industriales en España, pero la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal «podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país». De momento, España es donde esta realizando el grueso de sus inversiones y donde prevé seguir invirtiendo, aunque para ello se necesita un «marco regulatorio y fiscal claro, predecible y estable».
A Repsol no le faltan «otras alternativas», como sería Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial. Tras analizar el marco regulatorio y fiscal «antes de tomar nuevas decisiones de inversión» en la geografía española ya que, además, las empresas tienen que proteger a sus accionistas y a sus empleados. En consecuencia, el impuesto castiga a las empresas que invierten en España, pese a que son las que crean industria en el país.
EL ACUERDO PARA LA INVESTIDURA PREVÉ MÁS RECAUDACIÓN VÍA IMPUESTOS PARA MONTERO
La política fiscal y laboral que pretende aplicar el posible nuevo gobierno de PSOE y Sumar a la vista del acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en vez de tranquilizar al empresariado, ha servido para sembrar la alarma porque consideran que van a pagar más impuestos.
Por si fuera poco, aunque se debe negociar entre los demás socios, todo parece indicar que el impuesto a la banca y a las energéticas podría convertirse en permanente. En lo que llevamos de año, y tras realizar bancos y energéticas el segundo pago de este impuesto, la Agencia Tributaria ha recaudado 2.908 millones, según confirmó la propia María Jesús Montero.
Una de las partidas que ha concentrado las protestas de los empresarios al conocer el contenido del acuerdo ha sido la reforma del Impuesto de Sociedades que pretende realizar el futuro gobierno. Según consta en el documento, inicialmente se fijaría un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que supondría una recaudación de 10.000 millones más que lo que Hacienda está cobrando hasta ahora por este tributo, o lo que es lo mismo un 30% más.
