PSOE y Sumar se han propuesto acabar definitivamente con la negociación laboral con el renovado acuerdo de legislatura. El texto es una «prioridad» que se fija ambiciosos objetivos, cuando no irreales, al poner a España en la cabeza del empleo en la UE pese a liderar el paro, con tasas superiores a Grecia, Portugal e Italia. Así se desprende del documento de 48 páginas. El acuerdo ha tenido una fuerte repercusión en la banca, con caídas cercanas al 5% en Bolsa para Sabadell, mientras que Unicaja, Bankinter y CaixaBank se han dejado más de un 3%. Repsol, Endesa e Iberdrola también han sucumbido tras la firma del acuerdo.
En la presentación del acuerdo, ni el presidente del Gobierno en funciones ni la vicepresidenta del Gobierno han aceptado ni una sola cuestión, como tampoco se han referido ni a Cataluña o País Vasco, términos que desaparecen también en el acuerdo. Aunque sí hacen mención expresa al Corredor Mediterráneo, una de las grandes infraestructuras exigidas por los independentistas y constitucionalistas catalanes, que obtendrían una mayor financiación y una aceleración en la ejecución. En este sentido, se impulsará la conexión Bobadilla con Algeciras (Cádiz) por su componente estratégico para el Corredor Atlántico, y del Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao, como ejes ferroviarios prioritarios para la conexión ferroviaria valenciana.
Por otro lado, no hay espacio para el Sáhara y sólo se nombra una única vez el problema de la migración, pese a la crisis y presión de los llegados en cayucos a Canarias y a otras partes de España.
se establecerá una imposición directa a los conductores, como son los peajes, o bien en las políticas de gasto
El nuevo pacto entre PSOE y Sumar no sólo es un acuerdo de investidura, sino también de gobernabilidad, aunque su futuro depende aún del dictado de los partidos separatistas y nacionalistas –EH Bildu, PNV, BNG, ERC y Junts-. Se trata de un acuerdo sellado durante la madrugada de este pasado martes tras meses de negociación, iniciadas justo después de digerir el resultado de las urnas de las elecciones generales del pasado 23 de julio, pero deja muy mal sabor de boca entre empresarios y pone en alerta a los ciudadanos, a quienes se impedirá viajar en avión por la Península si hay vía férrea alternativa.
Sumar y el PSOE estaban en un punto álgido de la negociación, a expensas de cerrar la reducción de la semana laboral y una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuyos costes tendrán que asumir los empresarios. Según el texto y las explicaciones tanto de Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, los trabajadores no verán rebajado su sueldo pese a trabajar menos horas, mientras cobrarán al menos el 60% del salario medio, que supondría un nuevo incremento que soportarían las empresas a pesar de la preocupante caída por los ingresos por el IVA y un más que posible freno del consumo.
EL CASTIGO DE PSOE Y SUMAR A LOS EMPRESARIOS
Cabe señalar que es la misma medida propuesta en 2021 y de la que se descolgaron las principales patronales, como CEOE y Cepyme, al considerar irrealizable esta pretensión. Por aquel entonces, el SMI se situó en 965 euros y ha pasado a 1080, un incremento del 11%. Por este motivo y seguir la misma línea, el salario mínimo podría alcanzar los 1.200 euros brutos, que equivalen a 24.000 euros anuales en 12 pagas, un salario que supondría un freno a la contratación e inasumible para la gran mayoría de autónomos y pymes.
Díaz y Sánchez tenían como objetivo alcanzar ese 60% en 2023, pero se han quedado muy lejos de las expectativas. De hecho, según las cifras oficiales, el salario medio en España alcanza los 2.100 euros brutos mensuales en este 2023, un nivel que supondría ascender el SMI en un 17% desde los niveles actuales para situarlo en la meta fijada para este año. De esta forma, el compromiso de Díaz y Sánchez firmado en 2021 está incumplido, como previsiblemente también ocurrirá durante la próxima legislatura si la hubiere.
Entonces como ahora, tanto la CEOE como Cepyme, así como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), las únicas patronales que se han pronunciado claramente en contra de este nuevo acuerdo, terminaron por descolgarse del mismo ante las exigencias e imposiciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero finalmente la subida del SMI vio la luz el 28 de septiembre.
Y es que, el mismo pacto entre PSOE y Sumar contempla el desarrollo de nuevas reglas en cuanto a la «representatividad empresarial» en las negociaciones, con un mayor peso de las pymes. Esta es la única parte que ha celebrado Pimec. La patronal catalana presidida por Antoni Cañete se arroga así que se haya plasmado una «reclamación histórica de las pymes», que conforman el 99,8% del tejido empresarial. No obstante, las propias pymes ya estaban incluidas en las negociaciones con los sindicatos.
PSOE Y SUMAR PREPARAN SU HACHAZO FISCAL Y NUEVOS PEAJES
PSOE y Sumar no olvidan la nueva fiscalidad verde con la excusa de avanzar hacia la transición energética. Si en el pasado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha negado por activa y por pasiva la implantación de los peajes, en este nuevo acuerdo se pone de manifiesto el nuevo eufemismo: «Quien contamina paga». Eso sí, con un añadido «evitando que el que pueda pagar siga contaminando».
De esta forma, se establecerá una imposición directa a los conductores, como son los peajes, o bien en las políticas de gasto, «para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora, teniendo siempre en cuenta sus efectos distributivos, y estableciendo mecanismos de compensación». Del mismo modo, «evaluaremos los incentivos en vigor para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular».
Eso sí, para sostener el relato del despilfarro, PSOE y Sumar pondrán a disposición de los contribuyentes una herramienta personalizada para conocer «exactamente» a qué se destinan los impuestos y que sea la ciudadanía la que pueda juzgar por sí misma la importancia de los impuestos para sostener el estado de bienestar».
CASTIGO A LA BANCA Y GRANDES FORTUNAS
El acuerdo estipula una reforma global del sistema fiscal para aumentar la progresividad, es decir, más impuestos, y acortar la brecha con respecto al resto de países del entorno «al final de la legislatura». En este sentido, el reto establece alcanzar el 46% del PIB, es decir, una recaudación de más de medio millón de euros anuales.
En este sentido, las grandes empresas y patrimonios asumirán este golpe, así como las rentas del capital, como quienes incumplen con sus obligaciones tributarias.
PSOE Y SUMAR EVITAN DEFLACTAR EL IRPF
De esta forma, se exigirá una tributación del 15% sobre el «resultado contable» a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE, la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto. Eso sí, el acuerdo evita deflactar el IRPF y adecuarlo al nivel de la inflación.
Para autónomos y pymes se aumentarán los incentivos para «impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital», una constatación del fiasco de los fondos europeos y Next Generation, que no han llegado a cubrir los objetivos fijados.
Al mismo tiempo, se establece una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales. Del mismo modo se promoverá la adopción de medidas para «evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios».
PSOE Y SUMAR PONEN A BANCA Y EMPRESAS EN EL FOCO
Además, se revisarán los impuestos sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual «para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».
Evaluaremos los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
LA SEMANA LABORAL BAJARÁ A 37,5 HORAS EN 2025
No obstante, todas las patronales han mostrado su preocupación por las medidas pactadas sobre el SMI y la reducción de la jornada laboral ya que afecta directamente a la competitividad y especialmente a los autónomos, que tendrán un mayor obstáculo para poder crear empleo.
De hecho, la imposición de la semana labora de 37,5 horas sin ajuste de sueldo ha soliviantado los ánimos y encendido las críticas al acuerdo al hacerse al margen del diálogo social.
Los sindicatos, por su parte, han celebrado el acuerdo pese a realizarse fuera de la negociación colectiva. «España tiene que tener una tendencia hacia la reducción de la jornada laboral a 35 horas porque favorece, fundamentalmente, a las personas que no tienen un convenio colectivo ambicioso y porque tendría un efecto arrastre sobre el conjunto de las jornadas pactadas en convenio colectivo», ha sostenido Unai Sordo, líder de CC OO.
Hasta ahora, una gran mayoría de convenios, especialmente de trabajos temporales, establece una semana laboral de 37,5 horas. En este tipo de empresas se emplean especialmente los fijos-discontinuos, denominados antes trabajadores temporales, quienes realizan labores puntuales pero que no aparecen en las estadísticas como tales.
LOS EMPRESARIOS, OBLIGADOS A DAR INFORMACIÓN ECONÓMICA
Asimismo, los empresarios tendrán que aportar una mayor información económica a los negociadores de los convenios de ámbito supra-empresarial, para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad.
Según el pacto, la aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
Asimismo, tanto PSOE como Sumar reforzarán los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para «asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas».
CONTRA EL DESEMPLEO JUVENIL Y AUTÓNOMOS
Asimismo, el primer y cuarto partido del Congreso de los Diputados apuntan que meterán mano para regular el despido, cuyos costes están también en la picota por parte de los empresarios. En este nuevo intento de quitar a España de los puestos de cabeza de las listas de países con más desempleo en Europa o la Eurozona, tanto Sánchez como Díaz han prometido una ejecución «inmediata» del plan de choque contra el desempleo juvenil, que se encuentra en un elevado 28%.
En estos últimos cuatro años, el Gobierno ha implementado medidas para fomentar la ocupación, con especial atención a la Formación Profesional y su exitoso programa implementado por Pilar Alegría, ministra de Educación, que sí ha tenido en cuenta el consenso y la colaboración público-privada para poder desarrollarlo. En este plan, además, se incluirán mecanismos de «formación en alternancia con el empleo a través de contratos laborales».
Otra de las medidas pasa también por otro proyecto para impulsar el empleo entre los mayores de 45 años. «Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación», según señala el documento.
El pacto contempla la posibilidad de aplicar la cuota reducida -tarifa plana- en la cuota a la Seguridad Social «en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por estimación directa, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sin pérdida de derechos de protección social».
IMPULSO AL PACTO DE RENTAS Y USOS DEL TIEMPO
Para ello, se impulsará «la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno».
Asimismo, se implementará una ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, «permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo».
Trabajo, por su parte, busca mantener la ideología al cortar lazos y destruir puentes con los empresarios. Dos formas de hacer tan diferentes para conseguir un objetivo, como las dos almas que gobiernan en este momento en España. Asimismo, Yolanda Díaz busca ampliar los permisos de paternidad y maternidad, así como la aprobación del Estatuto del becario, que quedó en el tintero la pasada legislatura.
Además, el Ejecutivo en funciones propone realzar la figura de los sindicatos, callados ante el alza descomunal de precios de los alimentos y de la electricidad, como garantes de los «descuelgues» de los convenios. En este sentido, tanto PSOE y Sumar se han comprometido con el endurecimiento de los requisitos para poder acogerse a estas exenciones. En este sentido, una empresa sólo podrá descolgarse del convenio en una situación que ponga en riesgo la viabilidad.
IMPACTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Además, ambas formaciones se comprometen a impulsar jornadas híbridas para combinar el empleo presencial con el teletrabajo, «con horarios más adaptables y flexibles».
En cuanto a las bajas laborales, se han comprometido a actualizar la prevención de riesgos laborales con una actualización de las enfermedades profesionales así como el procedimiento de notificación del accidente de trabajo. Además, se tendrán muy en cuenta la evaluación en la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. También se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales.
