El Gobierno de Canarias ha puesto los ojos en Karpowership, la mayor flota mundial de centrales térmicas flotantes, para apuntalar el sistema eléctrico de Gran Canaria. El déficit de 120 megavatios (MW) que Red Eléctrica detectó en 2021 ha llevado al Ejecutivo autonómico, de Coalición Canaria y PP, a defender esta solución como un “respaldo” ante posibles apagones. Pero el buque que se aproxima a la isla arrastra un rastro de derrames, litigios y cortes de suministro que República Dominicana, Sudáfrica o Líbano ya han sufrido.
La consejería de Transición Ecológica, dirigida por Mariano Zapata (PP), no detalla plazos ni costes. Sí adelanta que el barco tendrá unos 100 MW de potencia y que su financiación correrá a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. La central flotante funcionará como un seguro “por si acaso”, en palabras del doctor en Ingeniería de la Energía David Ribó. Una lógica comprensible, admite, pero que demuestra que “el sistema está funcionando al límite”.
El rastro tóxico de la central flotante en otros países
Karpowership opera en una veintena de países con una flota de 45 barcos que queman fueloil pesado o gas natural licuado. En Ghana, un contrato de emergencia se prorrogó una década y dejó a la empresa 197 millones de dólares de beneficio bruto solo en 2019. En República Dominicana, el pasado marca el accidente más sonado: la rotura de una manguera provocó un derrame de lodos e hidrocarburos en Los Negros, provincia de Azua. El Gobierno dominicano paralizó el trasiego hasta que la compañía sustituyera las mangueras por tuberías metálicas.
La investigación de amaBhungane —consorcio de periodismo de investigación africano— reveló que la empresa turca obtiene ingresos millonarios mediante acuerdos calificados de “abusivos e irracionales”. En Sudáfrica, el mayor fiasco fue la anulación de una licencia para tres barcos que habrían atado al país durante 20 años con una cláusula take-or-pay. La organización OUTA llevó el caso a los tribunales y en julio de 2025 el regulador retiró la autorización. Y en el Líbano, la empresa cortó en 2021 el suministro de 370 MW por impagos de más de 100 millones de dólares, justo después de que un fiscal amenazara con confiscar los barcos.
La central flotante que se espera en Gran Canaria no es una novedad tecnológica, sino un modelo de negocio con un historial de conflictos ambientales y judiciales que recorre tres continentes.
Gran Canaria y la emergencia energética
El Gobierno canario justifica la llegada del barco con el déficit de 120 MW señalado por Red Eléctrica. La isla, según la consejería, “lleva ya tiempo sobre la cuerda floja del cero energético”. La central flotante estaría preparada para entrar cuando el sistema lo requiera y contaría con “todas las exigencias de la Unión Europea desde el punto de vista medioambiental y eléctrico”. No obstante, la compañía no ha respondido a preguntas de Canarias Ahora sobre emisiones reales, plazos o costes definitivos.
David Ribó insiste en que la solución es “cortoplacista” y que el archipiélago necesita “una mirada a medio plazo” para descarbonizar su sistema energético. A su juicio, los apagones recientes demuestran que las infraestructuras están al límite. Pero la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles sigue sin estar clara.
El Pulso Territorial
Canarias vive una tormenta política soterrada en torno a la energía. El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), con el respaldo del PP, ha abrazado la central flotante como medida de emergencia. La oposición en el Parlamento de Canarias —PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos— ya ha expresado dudas, mientras organizaciones ecologistas como Ben Magec denuncian que se apuesta por un modelo fósil incompatible con la declaración de emergencia climática aprobada por la propia cámara regional.
En el plano comparado, la tensión es similar a la que viven otras comunidades autónomas con sistemas eléctricos aislados. Baleares, por ejemplo, también ha recurrido a generación de respaldo con fuel mientras despliega renovables, aunque con un marco regulatorio más claro. Canarias, con una penetración de renovables por debajo de la media peninsular, afronta el reto añadido de una orografía compleja y una red débil. El barco de Karpowership, de llegar, estaría anclado junto a La Isleta, uno de los barrios más simbólicos de Las Palmas de Gran Canaria. El riesgo para la salud y el medio marino ya centra el debate vecinal.
Lo que viene ahora es una serie de autorizaciones ambientales que el Ejecutivo regional confía en tramitar sin grandes sobresaltos. El calendario, sin embargo, sigue siendo una incógnita. El Ministerio de Transición Ecológica financiará la operación, pero no se ha fijado una fecha de llegada ni un plazo máximo de estancia. El precedente de otros países muestra que los contratos de emergencia tienden a prorrogarse. Y en Canarias, donde las necesidades energéticas no desaparecen de un día para otro, el debate de fondo es si este barco se convierte, como en Ghana, en una solución temporal que dura una década.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias planea instalar una central térmica flotante de Karpowership en Gran Canaria para cubrir el déficit de 120 MW y evitar apagones.
- Datos importantes: El buque, de unos 100 MW, funcionaría con fueloil o gas. La empresa acumula denuncias por derrames en República Dominicana, litigios en Sudáfrica y cortes de suministro en Líbano. La financiación corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica, pero no hay plazos ni costes confirmados.
- Resumen: La solución se presenta como un respaldo de emergencia, aunque el historial ambiental y judicial de la compañía turca genera incertidumbre. La oposición y los ecologistas reclaman un plan de descarbonización claro en lugar de apostar por más combustibles fósiles.
