El Gobierno Vasco ha incorporado cerca de medio millar de alegaciones al anteproyecto de ley universitaria de Euskadi, endureciendo las medidas contra los denominados ‘chiringuitos’ académicos a instancias de la Universidad del País Vasco (EHU). La reforma, impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, modifica 41 de los 142 artículos iniciales tras un proceso de participación pública que ha implicado a la comunidad universitaria, agentes sociales y ciudadanía.
El consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias presentó este miércoles en Bilbao el estado actual del texto, acompañado por el viceconsejero Xabier Aizpurua y la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea. “Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema”, declaró, subrayando que no se podrá usar de forma impropia los términos ‘universidad’ y ‘universitario’ sin autorización expresa.
Prohibición del uso indebido del término ‘universidad’
Una de las principales novedades del anteproyecto es el blindaje del concepto ‘universidad’ frente al intrusismo. Cualquier entidad que opere bajo esa denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves. La medida responde a la proliferación de centros privados que utilizan la palabra para atraer alumnos sin ofrecer titulaciones oficiales. Según Pérez Iglesias, el texto delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de modo que la planificación del Gobierno abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en el territorio, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en Euskadi.
La EHU, buque insignia del sistema, había solicitado expresamente este refuerzo en sus alegaciones. Fuentes de la universidad consultadas por este diario indican que, en la presentación del anteproyecto, han podido comprobar que parte de sus peticiones han quedado recogidas, aunque advierten que aún no han recibido el documento completo para su análisis detallado.
Flexibilización de la contratación de profesorado
El texto también revisa los límites de personal docente e investigador tras las demandas de la EHU. El porcentaje de profesorado asociado se dobla del 5% propuesto originalmente al 10%, mientras que la cuota de personal sustituto pasa del 2% al 5%. Estos ajustes, según el consejero, buscan dotar de mayor agilidad a la contratación en áreas con necesidades específicas. Asimismo, se amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.
En materia de carrera académica, la nueva regulación se vuelve “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, en palabras de Pérez Iglesias. Se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales, que pasa a un rango de uno a dos años en lugar de una cifra rígida, al tiempo que se reduce la carga burocrática de la rendición de cuentas para la universidad pública.
Una ley nacida del diálogo y con mayoría parlamentaria
El Departamento de Ciencia da por concluida la fase de participación pública y subraya que todas las alegaciones se han analizado “con respeto, rigor y voluntad de escucha”. El consejero remarcó que los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original. Se refuerza además la seguridad jurídica del contrato‑programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos, una vez garantizada la suficiencia financiera.
PNV y PSE-EE cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, por lo que, salvo sorpresa mayúscula, la aprobación de la ley está garantizada durante la presente legislatura. Antes, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria con la emisión de los informes y dictámenes preceptivos; posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto para remitirlo a la Cámara vasca.
El texto también integra medidas de conciliación para que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. Respecto al “malestar” expresado por la EHU ante la posibilidad de que se abriera la puerta a una nueva universidad pública, el consejero desveló que su departamento no contempla ninguna creación en ese sentido y que la redacción final mantiene el término ‘centro universitario público’ a petición de la propia universidad, “para evitar suspicacias”.
En un plazo de un año, el Gobierno Vasco trabaja ya con la EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en posgrados, similar al modelo del centro de música Musikene, con personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales. La universidad pública vasca, según fuentes del Departamento, está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.
El blindaje del término ‘universidad’ y la flexibilización de las plantillas docentes constituyen los ejes de una reforma que aspira a fortalecer el sistema público vasco frente al intrusismo académico.
La ley elimina ambigüedades en los complementos retributivos del profesorado, aunque remite su desarrollo reglamentario y la negociación colectiva con los sindicatos. Con este anteproyecto, el Gobierno de Imanol Pradales (PNV) da un paso más en la definición de un modelo universitario propio, que responde a los retos de la educación superior y que, tras las modificaciones, cuenta con el aval de la principal institución académica vasca.
Fuentes oficiales del Departamento de Ciencia recuerdan que todas las aportaciones han sido estudiadas y que el texto resultante es “fruto del diálogo con la comunidad universitaria”. A partir de ahora, el foco se desplaza al trámite parlamentario, donde los grupos de la oposición podrán presentar enmiendas, aunque con pocas opciones de alterar el núcleo de una norma que nace con el respaldo de los dos partidos que sustentan al Ejecutivo.
