La fosa común de Beira, en el municipio coruñés de Carral, ha entregado este miércoles los primeros cuatro cuerpos de represaliados por el franquismo. El hallazgo se ha producido durante la primera cata arqueológica promovida por la Diputación de A Coruña y ejecutada por el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), dentro de una intervención que busca localizar a las al menos 18 víctimas que las investigaciones históricas sitúan en el entorno de la iglesia parroquial.
Los trabajos, coordinados por los historiadores Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho, han permitido exhumar ya el primer individuo, que presenta claros signos de violencia. Las muestras óseas serán sometidas ahora a análisis forense y genético para avanzar en la identificación, un proceso en el que la colaboración de los familiares de las víctimas resulta determinante. La Diputación de A Coruña y la USC han confirmado que los restos coinciden con la hipótesis elaborada por el historiador Xurxo Antelo en el estudio previo, lo que refuerza la certeza de haber dado con la fosa.
El arqueólogo forense Edgard Camarós, del centro Cispac de la USC, ha detallado que la disposición de los cuerpos y las marcas de violencia son compatibles con ejecuciones sumarias, un patrón recurrente en las fosas gallegas del 36. La intervención forma parte de un convenio entre la Diputación coruñesa y la USC que abarca tres fosas con víctimas del fascismo: las de Boisaca, Serantes y la propia Beira, donde las estimaciones apuntan a 97, 190 y 18 personas asesinadas respectivamente.
La diputada de Dereitos Civís, Sol Agra, subrayó durante la presentación que «la localización de estos primeros cuerpos representa un paso muy importante en un proceso que busca restituir la verdad y la dignidad de las personas que fueron asesinadas por el golpe de Estado fascista de 1936 y la posterior represión franquista». A su juicio, devolver los restos a las familias constituye un acto de reparación en sí mismo, ya que «no es posible hacer justicia con las víctimas porque nunca se pudo juzgar a los asesinos».
Agra calificó de «anomalía democrática» que Galicia y el conjunto de España convivan aún con fosas llenas de desaparecidos más de cincuenta años después de la muerte del dictador Franco. En la misma línea se manifestaron los representantes de la asociación Cultura Aberta de Carral y varios familiares presentes, quienes confían en que la comparación de ADN permita cerrar duelos que llevan décadas abiertos en la comarca.
La exhumación de Beira demuestra que la memoria democrática en Galicia avanza, pero lo hace con la lentitud de quien excava a pulso entre la indiferencia institucional.
Una fosa con nombre y con historia
La fosa de Beira no es un punto más en el mapa gallego de la represión. Las pesquisas de Xurxo Antelo, recogidas en el estudio histórico que sustenta la intervención, documentan que en la zona fueron asesinadas al menos 18 personas entre agosto de 1936 y los meses siguientes. Muchas de ellas eran vecinos de Carral y concellos próximos, detenidos sin garantías y ejecutados en las cunetas y parroquias que hoy vuelven a ser escrutadas por los arqueólogos. El hallazgo de los cuatro cuerpos confirma el relato oral que las familias habían transmitido durante generaciones, a menudo en voz baja y sin expectativa de reparación oficial.
El convenio entre la Diputación y la USC, firmado en 2025, dotó de recursos a una demanda ciudadana que hasta entonces carecía de impulso administrativo. La institución provincial, gobernada por el PSdeG, asumió el coste de los trabajos y la coordinación científica, mientras que el Concello de Carral, encabezado por el socialista José Luís Fernández Mouriño, facilitó los permisos y la logística sobre el terreno. Esta colaboración entre administraciones de distinto color político contrasta con la parálisis que durante años rodeó a otras fosas gallegas.
La Consellería de Cultura, en manos del PPdeG, no ha participado directamente en esta campaña, aunque fuentes de la Xunta recuerdan que el gobierno autonómico financia desde 2020 un plan bianual de exhumaciones con fondos propios, al margen de la ley estatal de memoria. El contraste entre la lentitud de ese plan y la agilidad mostrada por la Diputación coruñesa alimenta el debate sobre quién está cumpliendo realmente con el deber de memoria en Galicia.
El Laboratorio Gallego
Galicia es, en términos de fosas comunes, una de las comunidades más señaladas de España. El mapa elaborado por la Xunta y la USC contabiliza más de cuatrocientas localizaciones con víctimas del franquismo, una cifra que sitúa a la comunidad a la cabeza junto a Andalucía. Sin embargo, las políticas de memoria han avanzado aquí con un ritmo desigual, condicionadas por la hegemonía del PPdeG en la Xunta desde 2009 y por la fragmentación de competencias entre consellerías, diputaciones y concellos. Mientras la Diputación de A Coruña, con gobierno socialista, impulsa exhumaciones como la de Beira, la Xunta defiende un modelo más contenido, centrado en la identificación genética y en la señalización de espacios, pero sin asumir la titularidad activa de las excavaciones más complejas.
La lectura nacional de este episodio es inevitable. El hallazgo de Carral se produce en un momento en que la Ley de Memoria Democrática estatal obliga a las administraciones a localizar y exhumar a los desaparecidos, y en el que el PP nacional, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la norma por considerarla sectaria y revanchista. Sin embargo, en Galicia, el PPdeG se ha visto obligado a convivir con realidades como la de Beira, donde son diputaciones y universidades las que asumen el coste político y económico de la memoria. El caso gallego vuelve a funcionar como un espejo incómodo para la dirección nacional del partido: mientras Feijóo sostiene que la ley de memoria divide, en su tierra natal los restos de los represaliados afloran cada año y reclaman una respuesta institucional que las administraciones locales, incluso las gobernadas por el PSOE, están dando.
La próxima campaña arqueológica en las fosas de Boisaca y Serantes, prevista para el otoño de 2026, pondrá a prueba la sostenibilidad del modelo. El convenio con la USC deberá renovarse y ampliarse si se quiere mantener el ritmo de las exhumaciones, y ahí entrarán en juego tanto los presupuestos provinciales como los autonómicos. Para las familias de las víctimas, el desafío no es solo financiero: es la certeza de que, ochenta años después, todavía hay quien se niega a mirar hacia el suelo que pisa.
Ficha del Caso
- El caso: La Diputación de A Coruña y la Universidade de Santiago exhuman cuatro cuerpos en la fosa común de Beira, en Carral, donde se estima que hay al menos 18 víctimas del franquismo asesinadas en 1936.
- Datos importantes: Los restos presentan signos de violencia y coinciden con la investigación histórica de Xurxo Antelo. La intervención forma parte de un convenio que abarca también las fosas de Boisaca (97 víctimas) y Serantes (190). El primer individuo ya ha sido exhumado y se realizarán análisis genéticos con la colaboración de familiares.
- Resumen: El hallazgo en Carral confirma la localización de una fosa largamente documentada y evidencia cómo la memoria democrática en Galicia avanza gracias al empuje de administraciones locales, en un contexto nacional donde el PP critica la ley estatal mientras en su comunidad de origen afloran víctimas que reclaman dignidad.
