Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el pasado lunes una “campaña integral” para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusa de amenazar la soberanía nacional y de ejercer una jurisdiccion sin límites sobre los ciudadanos y funcionarios estadounidenses.
La ofensiva de Washington contra el tribunal de La Haya
El anuncio, difundido por el Departamento de Estado, no especifica tácticas concretas pero sí deja clara la voluntad de Washington: acabar con una institución que considera un peligro para su modelo de vida. “La CPI y sus aliados buscan un tribunal mundial permanente con alcance prácticamente ilimitado, con capacidad de anular los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros Estados soberanos”, declaró Rubio.
La CPI, creada en 2002 bajo el Estatuto de Roma, surgió con la promesa de llevar ante la justicia a los criminales de guerra más atroces. Sin embargo, para la Administración Trump, esa misión se ha corrompido. En lugar de perseguir a tiranos como el sirio Bashar al Assad, el tribunal se ha centrado en investigar a soldados estadounidenses desplegados en Afganistán y en solicitar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
A las acusaciones de sesgo se suma la suspensión, en junio de este año, del fiscal jefe Karim Khan por graves denuncias de conducta sexual inapropiada. Además, una denuncia formal presentada por una organización legal israelí sugiere que Khan habría recibido garantías de patrocinio por parte de Qatar a cambio de imputar a altos cargos de Israel.
No es la primera vez que Estados Unidos responde con dureza. En febrero de 2025, la Casa Blanca ya impuso sanciones contra funcionarios de la CPI por negarse a respetar la soberanía y los derechos de los estadounidenses. La campaña actual eleva el pulso: ya no se trata de castigar, sino de desmantelar.
Para el Departamento de Estado, la CPI no es un tribunal imparcial sino un instrumento político que desafía la soberanía de las naciones y busca someter a sus ciudadanos a una jurisdicción extranjera.
El dilema europeo: entre el Estatuto de Roma y el aliado transatlántico
El movimiento coloca a la Unión Europea y a España en una posición incómoda. Los 27 Estados miembros son firmantes del Estatuto de Roma y defensores acérrimos de la CPI, vista en Bruselas como una piedra angular del orden internacional basado en reglas. Cualquier intento de desmantelarla desde Washington desencadenará, inevitablemente, fricciones diplomáticas.
España, que ha hecho de la defensa del multilateralismo y la justicia universal una seña de identidad, podría verse abocada a una situación delicada. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha ocultado su apoyo al tribunal, pero también valora la sólida relación bilateral con Estados Unidos en materia de defensa y comercio. A eso se suma que los principales partidos de la oposición, como el PP, tienden a alinearse con los planteamientos de seguridad tradicionales de Washington, lo que añade complejidad al debate interno.
De momento, la Unión Europea ya condenó en 2025 las sanciones estadounidenses contra funcionarios de la CPI. Ahora, con una campaña abierta de desmantelamiento, el pulso puede escalar. La Casa Blanca, bajo la doctrina de America First, no suele dar marcha atrás por las quejas de sus aliados. Y eso obligará a las capitales europeas a decidir hasta dónde están dispuestas a llegar en su defensa del tribunal frente al socio indispensable de la OTAN.
La Lógica de Washington
Detrás de la ofensiva de Rubio no hay un arrebato aislado, sino una corriente profunda del pensamiento conservador estadounidense que se remonta al rechazo del Senado a ratificar el Estatuto de Roma. Desde la Administración de George W. Bush, que en 2002 se negó a adherirse al tribunal, la posición oficial ha sido que la CPI carece de legitimidad para juzgar a ciudadanos de países que no la han reconocido. La Ley de Protección de Personal de Servicio Estadounidense, que permite al presidente usar “todos los medios necesarios” para liberar a soldados detenidos por la corte, es la máxima expresión de ese recelo.
Para Donald Trump y su secretario de Estado, la CPI es la encarnación de un globalismo que erosiona la capacidad de autogobierno. No se trata solo de un tribunal: es un proyecto político que, en su lectura, utiliza el derecho internacional para perseguir a los enemigos de Occidente con una vara de medir distinta. Las acusaciones de corrupción y sesgo que rodean al fiscal Khan refuerzan la convicción de que el tribunal nunca ha sido un foro neutral, sino un arma contra Israel y, por extensión, contra los intereses de Washington.
La campaña para desmantelar la CPI se inscribe en la misma lógica que llevó a imponer aranceles por seguridad nacional o a retirar tropas de Afganistán: recuperar soberanía frente a estructuras multilaterales que, a juicio de la Casa Blanca, la han ido cediendo. En el Partido Republicano actual, este planteamiento concita un amplio respaldo, y Rubio, que supo evolucionar desde un internacionalismo clásico hacia el pragmatismo trumpista, se ha convertido en su portavoz más elocuente. La pregunta para los aliados europeos es si están preparados para asumir el coste de seguir defendiendo un tribunal que Washington considera un enemigo declarado.
Ficha del Caso
- El caso: El secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña para desmantelar la CPI, acusándola de erosionar la soberanía estadounidense y de perseguir a Israel y a tropas de EE.UU.
- Datos clave: La CPI fue creada en 2002 por el Estatuto de Roma; 123 países son parte, pero EE.UU. nunca lo ratificó. En 2025, la Administración Trump impuso sanciones a funcionarios del tribunal. Su fiscal jefe, Karim Khan, fue suspendido en junio de 2026 por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
- Para España: España, como firmante del Estatuto, deberá manejar tensiones diplomáticas; aunque no hay impacto económico directo, podría verse arrastrada a la presión de Washington.
