Alberto Núñez Feijóo no ceja en su empeño para que la amnistía no salga adelante. Pero también para frenar cualquiera de los acuerdos con los independentistas como la condonación del 20% de la deuda, que Pedro Sánchez quiere hacer extensible al resto de las comunidades autónomas. Lo ha convertido en una cuestión de honor y ha pedido a sus barones que no acepten la quita.
La ofensiva contra la amnistía seguirá en las calles, y en el Senado donde tiene mayoría absoluta. Es el medio legal que está a su alcance para pararla, aunque de momento, lo más inmediato será retrasarla, al menos tres meses.
NO PODRÁ IMPEDIR SU APROBACIÓN PERO RETRASARÁ LOS PLANES DE SÁNCHEZ CON ERC Y JUNTS
No podrá impedir la aprobación de la amnistía en el Senado, pero al menos retrasará los planes de Sánchez pactados con ERC y Junts. Aunque presente un veto a la ley de amnistía en el Senado, ésta deberá volver al Congreso, con lo que sí o sí, la ley saldrá aprobada. La triquiñuela legal que ha encontrado es que en el regreso de la ley a la Cámara Baja, los populares habrán presentado una reforma del Reglamento de la Cámara Alta, y es en este paso donde se puede producir el retraso de tres meses.
La mayoría en el Senado permitirá al PP que el grupo Popular reforme la tramitación con carácter de urgencia de las leyes, para que puedan convertir su tramitación de forma ordinaria, lo que significa que en lugar de 20 días se tardaría en tramitar para volver al Congreso alrededor de dos meses. Con ello, la aprobación de la ley de amnistía no podría entrar en vigor hasta finales de marzo, descontado el mes inhábil que es enero.
EL PP YA HA REGISTRADO LA PROPUESTA DE REFORMAR EL REGLAMENTO DEL SENADO PARA QUE NO SE TRAMITE CON URGENCIA
En el PP aseguran que el grupo popular ya ha registrado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara, concretamente del artículo 133, lo que tiene como objetivo que la Mesa de la Cámara pueda decidir unilateralmente si se aplican o no los plazos de los procedimientos de urgencia pese a que lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados. La reforma afectaría a las proposiciones de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, en los que el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo.
Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia. En las proposiciones de Ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación de los procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores.
En este sentido, el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ha confirmado que el Grupo del PP en el Senado «no va a facilitar la tramitación de la ley de amnistía» porque «no cabe» en la Constitución y produciría «tener españoles de primera y españoles de segunda». Por este motivo, aseguró que la tramitación de la ley no va a ser uncamino de rosas.
FEIJÓO BUSCA QUE SÁNCHEZ FRACASE EN SU INVESTIDURA Y QUE HAYA ELECCIONES EL 14 DE ENERO
Por su parte, Feijóo sigue con su ofensiva contra la amnistía y los acuerdos de Sánchez con los independentistas de ERC y Junts. En el trasfondo se encuentra que la investidura de Pedro Sánchez también fracase y el país vaya a una repetición de elecciones generales el próximo 14 de enero. Sus argumentos contra la ley de amnistía se repiten una y otra vez. El registro del proyecto de ley de la amnistía en el Congreso «convertirá en represor al Tribunal Supremo y será un gol a los cimientos de la independencia del Poder Judicial».
La intención del PSOE es tramitar de forma urgente la proposición de ley. Dicha proposición llevará la firma de todos los grupos parlamentarios firmantes del acuerdo sobre la amnistía. Este trámite en el Congreso supondrá que se tramite en lectura única. Según los tiempos de la legislatura anterior, la ley tendría que estar aprobada a finales de diciembre.
Pero según la reforma del Reglamento del Senado presentada por el PP, en la exposición de motivos se recuerda que el artículo 90 de la Constitución se refiere sólo a los proyectos de ley, aunque hasta ahora las proposiciones de ley seguían la misma tramitación. Pero en su literalidad, la Constitución establece esos 20 días sólo para las proyectos de leyes ordinarias u orgánicas. Y la reforma concreta que se pretende es la del artículo 133 del Reglamento del Senado, con el fin de atribuir a la Mesa de la Cámara la facultad de decidir en cada caso sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley, la haya pedido o no el Gobierno o el Congreso.
LOS BARONES DEL PP RECHAZARÁN LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA DE SUS COMUNIDADES
En paralelo, se ha reunido con todos los barones autonómicos para emprender nuevas actuaciones desde las comunidades autónomas. A finales de esta semana, Feijóo reunió a todos los presidentes de las comunidades autónomas del partido para darles instrucciones claras sobre lo que deben hacer con medidas como la condonación de la deuda de cada comunidad con el Estado. Pero al conocer la condonación de la deuda pactada con ERC el jueves por la noche, llamó a sus barones para «compartir impresiones» a fin de una misma respuesta de rechazo rotundo a la oferta de Sánchez por parte de todos.
Cuca Gamarra explica que la condonación de la deuda de forma unilateral es un «ejercicio de corrupción política»
Además, en la cúpula del PP argumentan que un asunto como condenar deuda del Estado es un tema que debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal, donde están presentes todas las comunidades. Por este motivo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguraba que el marco legar para abordar el debate de la financiación debe ser «multilateral», todo lo demás es un «reparto discrecional del dinero de todos», que se traducirá en una financiación injusta.
En este sentido, cabe recordar que hay tres comunidades que no tienen ninguna deuda contraída con el Estado: Madrid, País Vasco y Navarra. Por ello, para Gamarra se trata de un «ejercicio de corrupción política».
