Preocupación y máxima vigilancia en Bruselas por la amnistía a Puigdemont

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha reclamado este miércoles por carta al Gobierno en funciones, presidido por Pedro Sánchez, información sobre el «alcance» de la futura ley de amnistía negociada por el PSOE con Junts en el marco de recabar los apoyos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. La misiva llega apenas 48 horas después del auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que pone de manifiesto el delito de terrorismo en los investigados por el caso de ‘Tsunami Democràtic’.

El comisario europeo ha trasladado la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exige «información más detallada» acerca del «alcance personal, material y temporal» de la eventual ley de amnistía.

«La Comisión seguirá con su cometido monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de derecho», señala en la carta. Este mismo argumento fue utilizado por el juez García Castellón para evitar que una modificación de los delitos en el Código Penal perjudique la acción de la Justicia, como ha ocurrido con los indultos y la sentencia del 1-O.

SERIAS PREOCUPACIONES POR LA AMNISTÍA

Según ha argumentado el comisario, hay «serias preocupaciones» por la ley de amnistía. «Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, esto se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y un gran número de ciudadanos se han puesto en contacto con la Comisión con respecto a este tema», ha indicado.

Comisión seguirá con su cometido monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión

Reynders ha comenzado la misiva recordando que la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado por la incapacidad para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales «es una cuestión que viene de lejos» y «que despierta serias preocupaciones» para la Comisión, que ha pedido «soluciones en varias ocasiones», según ha reiterado.

El comisiario Europeo de Justicia, Didier Reynders, considera la malversación de Puigdemont como un fraude penado con 5 años de cárcel como mínimo
El comisiario Europeo de Justicia, Didier Reynders, muestra su preocupación por la amnistía a Puigdemont

«En primer lugar, no se ha avanzado en su renovación a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado las medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus jueces miembros teniendo en cuenta las normas europeas», ha explicado el comisario europeo.

EL PSOE QUITA HIERRO A LA AMNISTÍA Y VIGILANCIA DE BRUSELAS

Reynders ha insistido en reiterar el llamamiento «a todos las partes implicadas» para que implementen todas las recomendaciones realizadas en 2022 y 2023. Así, ha pedido que, tras las elecciones generales del 23 de julio, se priorice la renovación del órgano de gobierno de los jueces y abordarla «sin demora».

Preguntados por la carta de Bruselas, fuentes del PSOE han querido restar importancia a la consulta del político liberal belga, a quien atribuyen un perfil político muy conservador, y han defendido que el Ejecutivo comunitario debería centrar su atención en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

LA RENOVACIÓN DEL CGPJ, PENDIENTE

Tampoco creen que la misiva de Reynders pueda complicar las negociaciones que PSOE y Junts mantienen precisamente en Bruselas desde hace casi una semana para tratar de cerrar el acuerdo que facilite la investidura de Sánchez y que esperan se produzca pronto.

La carta del comisario de Justicia es la primera muestra clara de que Bruselas está atenta al desarrollo de la ley, ya que hasta el momento se había limitado a recalcar que es un asunto «interno» de la política nacional que debe enmarcarse dentro del orden constitucional del país. En distintas ocasiones, Reynders apuntó que le era difícil evaluar una propuesta legislativa antes de su propio desarrollo y que el Ejecutivo comunitario no podría pronunciarse mientras no hubiera documentos precisos sobre la mesa.