El sindicato afín a Vox, Solidaridad, quiere paralizar el país el próximo 24 de noviembre en protesta por los acuerdos de Pedro Sánchez con los que serán sus socios de investidura. El paro convocado tiene marcados tintes políticos, pero también argumentan para esta convocatoria, el pacto alcanzado con el PNV y Junts, entre otros, porque afecta al conjunto de los trabajadores.
En concreto, Solidaridad protestará por la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, ya que el acuerdo con los nacionalistas vascos incluye que en un máximo de dos años, el Gobierno vasco se haga cargo de la gestión de la Seguridad Social. El otro gran argumento utilizado por Solidaridad es el punto del acuerdo que supondrá modificar el Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos autonómicos firmados en el País Vasco primen por encima de los negociados a nivel estatal o sectorial.
También añaden todos los recortes que sufrirán los trabajadores por los acuerdos económicos y fiscales firmados por Pedro Sánchez con sus socios, que supondrán recortes en todo tipo de ayudas y subvenciones para los trabajadores.
Con estos argumentos, y con el trasfondo de la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez en el inicio de su legislatura, el sindicato liderado por el responsable de Vox en Almería, Rodrigo Alonso, ha convocado a sus afiliados a la huelga general. Que entre sus argumentos incluya la protesta contra la futura Ley de Amnistía no encuentra ninguna justificación laboral, sino más bien podría entenderse como una huelga política.
EL ANTECEDENTE DE LAS HUELGAS POLÍTICAS CONVOCADAS EN CATALUÑA EN OCTUBRE DE 2017
Ejemplos de huelgas generales con marcado carácter político las encontramos, precisamente, en Cataluña que, durante octubre de 2017, ese mes y año que la ley de amnistía ahora perdonará. La huelga general más sonada fue la realizada el 3-O. Ese martes 3 de octubre de 2017 fue convocada por CGT, CNT, COS, I-CSC e IAC, a los que se sumaron los denominados Comités de Defensa de la Huelga, previamente conocidos como Comités de Defensa del Referéndum.
El motivo de aquella convocatoria fue denunciar la supuesta vulneración de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales en diferentes centros de trabajo tras la intervención en los mismos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (dentro de la Operación Anubis contra el referéndum sobre independencia de Cataluña).
En paralelo, el 1-O de 2017, la Mesa por la Democracia convocó una paralización social general, bajo el nombre de ‘Parada de país’, para ese mismo 3 de octubre. En esta plataforma se encontraban la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, CCOO, UGT, USOC.
LA AFILIACIÓN A SOLIDARIDAD NO LLEGA AL 0,1% DE LOS TRABAJADORES DEL PAÍS
De acuerdo con los registros del Ministerio de Trabajo, Solidaridad no llega a un 0,1% de delegados sindicales del total 292.980 que hay registrados en el país. El propio sindicato asegura tener más de 250 delegados sindicales y más de 500 secciones donde está presente con cerca de 15.000 afiliados con una cuota de entre 3 y 50 euros. Cabe recordar que CCOO cuenta con más de un millón de afiliados y UGT se aproxima a esa cifra. Por ello, ha optado por recoger firmas en su propia web, que ya se aproxima a las 60.000. En la web del sindicato se puede leer «Movilización permanente frete al golpe. ¡Viva España!».
Solidaridad fue creado en diciembre de 2020 para «la defensa de la solidaridad con los trabajadores de España» como una entidad sin ánimo de lucro para defender los intereses laborales de los trabajadores. Se financia a través de las cuotas de sus afiliados, además de por los «productos y renta de sus bienes, donaciones, subvenciones y aportaciones» además de «cualquier otro recurso que pueda obtener de conformidad con los preceptos legales».
Su secretario general es Rodrigo Alonso, presidente de Vox en Almería y exconcejal del PP. Entre las políticas a desarrollar por Vox se encuentra la retirada de las subvenciones públicas a los sindicatos, por este motivo cuando Solidaridad comenzó su andadura sus actuaciones se dirigieron contra CCOO y UGT, a cuyos representantes llamaban «comegambas». Su objetivo es atraer afiliados de los dos sindicatos mayoritarios. Se dio a conocer con la huelga de transportistas en toda España en marzo de 2022, que puso en peligro el suministro a grandes ciudades, con algún enfrentamiento con las Fuerzas de Orden Público. En noviembre intentó un nuevo paro de los transportistas con desigual éxito .
¿LA HUELGA CONVOCADA POR SOLIDARIDAD ES POLÍTICA O LABORAL?
La convocatoria de huelga debe ser registrada en el Ministerio de Trabajo, al menos diez antes de su celebración (este martes es la fecha tope para presentarla), pero sus argumentos iniciales no se corresponden estrictamente con motivos laborales ya que explican en su web que se debe a la «nueva traición del Gobierno de España con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal y el resto de los actores».
La normativa laboral reconoce a los sindicatos legalmente creados pueden convocar huelga, un derecho que no se puede cercenar sea cual sea el motivo por el que se convoca. No obstante, las leyes laborales precisan que «la huelga no puede ser política», lo que significa que el motivo por el que se convoca debe afectar a los intereses de los trabajadores. En el caso de que los argumentos del sindicato se decanten más por la huelga política que estrictamente laboral deberán ser los juzgados los que dictaminen si se puede realizar o no. Para que los juzgados intervengan debe existir una demanda previa.
Solidaridad se cura en salud para alejar la cuestión política en su exposición de motivos al asegurar que los acuerdos para la investidura de Sánchez van a traer «recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España». Añaden, además, que se creará «un marco de desigualdad para los trabajadores en el conjunto de España, una regresión laboral y unos ajustes en forma de congelación de salarios públicos, pensiones, un aumento de impuestos y cotizaciones».
En su argumentario explican que estos recortes vendrán a través de los Presupuestos Generales del Estado, como la cesión del cien por ciento de los tributos que se pagan en Cataluña, o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco o la condonación de una parte de la deuda que tienen las comunidades con el Estado.
