El caso de la granja porcina del terror, ubicada en el municipio burgalés de Quintanilla del Coco, pone en guardia a AENOR. Según la querella interpuesta por el Observatorio de Bienestar Animal, a la que ha tenido acceso MONCLOA.com, solicita el castigo a los trabajadores a los que se aprecia realizando los hechos denunciados por posibles delitos de maltrato animal con agravante de muerte, omisión y delito continuado relativo al mercado y a los consumidores, así como un delito de estafa continuado e incluso otros presuntos delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente.
El escrito de los querellantes, presentado ante el juzgado de Lerma, pone de manifiesto que AENOR certificó el Bienestar Animal en la granja del terror con su sello en 2019. La empresa certificadora no niega los hechos, pero ha iniciado una investigación para tomar medidas dentro de sus competencias contra la explotación agrícola propiedad de Domingo Pozo Martínez, que además es alcalde del municipio Quintanilla del Coco.
DELITOS DE MALTRATO ANIMAL Y ESTAFA
En la querella presentada por OBA en los tribunales se solicita el castigo a los trabajadores a los que se aprecia realizando los hechos denunciados, por posibles delitos de maltrato animal con agravante de muerte, omisión y delito continuado relativo al mercado y a los consumidores, así como un delito de estafa continuado e incluso otros presuntos delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente.
En virtud de los artículos del Código Penal que recoge la querella, el juez o tribunal podría imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas (si se hubiesen usado) por un tiempo de uno a cuatro años, además de ser castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
Otro castigo que cabría es la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos.
Además, el delito de estafa se encuentra duramente castigado en nuestro Código Penal, aunque para determinar sus penas se tiene muy en cuenta la gravedad del engaño, los medios empleados y la unión existente entre el estafador y su víctima. El delito básico de esta modalidad está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años, según el importe defraudado, las relaciones que existan entre ellos o los medios empleados.
Este último delito de estafa o fraude a los consumidores por la información de la carne de los cerdos o sus derivados que consumen está muy ligado con el sello de AENOR, ya que dicha explotación agrícola se encontraba desde 2019 hasta ahora certificada en Bienestar Animal, según el Protocolo de Bienestar Animal Welfair, cuyo propietario es el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries).
SEIS AUDITORÍAS PREVIAS DE AENOR
AENOR asegura no haber tenido aún acceso al texto de la querella, aunque sí ha podido visionar el vídeo que acompaña a la denuncia con imágenes hirientes a la sensibilidad. Tras ello se ha abierto de inmediato un procedimiento para contrastar la veracidad de estas informaciones. El primer paso ha sido una auditoría sin previo aviso que se desarrolló en las instalaciones de la granja del terror. A dicha auditoría acudieron una auditora de AENOR, con extensa experiencia y especialización, así como un lead auditor de Welfair. Como consecuencia de los hallazgos realizados, se ha procedido a la retirada del certificado para las dos instalaciones de Domingo Pozo Martínez en Quintanilla del Coco.
Esta retirada implica el cese del uso del certificado con efecto inmediato. De este hecho ya ha sido informada la entidad certificada. Ahora AENOR va a continuar con las medidas contempladas en el Reglamento General de los Certificados de Conformidad de AENOR, que contempla un período de alegaciones por parte de la entidad certificada. En el caso de resolver que se han cometido incumplimientos, AENOR tomará también acciones según la gravedad de los mismos y revisará exhaustivamente su proceso de evaluación para proceder como corresponda dentro de su ámbito de competencia. Una vez que AENOR concluya el proceso informará de su resultado.
Desde 2019 en que fue certificada la granja del terror había sido auditada en seis ocasiones: el 31 de julio de 2019, el 7 de septiembre de 2020, el 5 de febrero de 2022, los días 8 y 9 de junio de 2022, el 5 de diciembre de 2022 y el 24 de agosto de 2023. Y en ninguna de estas auditorías se habían apreciado en la granja situaciones homólogas a las que aparecen en el video grabado por el Observatorio de Bienestar Animal.
En junio de 2022 AENOR suspendió temporalmente el certificado por superar el máximo de cerdos
A raíz de la auditoría del 8 y 9 de junio de 2022, llevada a cabo junto a un auditor supervisor de la certificación Welfair, por iniciativa de AENOR se suspendió temporalmente el certificado al apreciar una serie de incumplimientos del Protocolo Welfair, siendo el más relevante una superación del número máximo de animales para la instalación auditada. Tras el procedimiento contemplado en el Reglamento de Certificación, se suspendió la certificación con efecto 11 de julio de 2022. En la auditoría de diciembre del 2022, también desarrollada junto a un auditor de la certificación Welfair, se comprobó el cumplimento del Protocolo y se levantó la suspensión de la certificación, con efecto 16 de enero de 2023.
AENOR RECHAZA LAS SITUACIONES DEL VÍDEO
Para la concesión de la certificación de AENOR se realiza una exhaustiva auditoría, mediante la evaluación de 4 principios: buena alimentación, buen alojamiento, buen estado de salud y comportamiento apropiado para las necesidades de la especie. Estos principios están agrupados a su vez en 12 criterios que van desde la ausencia de dolor por el manejo, lesiones o enfermedades; hasta garantizar los movimientos o un adecuado comportamiento de los animales, entre otros. Anualmente, AENOR realiza auditorías para comprobar que se mantiene el cumplimiento de los requisitos.
Dicho proceso de certificación se realiza en cuatro etapas: la primera, consistente en la planificación y coordinación con la organización que solicita la certificación, de la auditoría in situ a las instalaciones. La segunda es la visita in situ a las instalaciones, cuya duración dependerá del tamaño de la explotación y siempre el tiempo necesario para una auditoría rigurosa. El tercer paso es la elaboración del informe de auditoría. Si durante la auditoría in situ se identificaran no conformidades, dependiendo de la gravedad de éstas, la organización deberá solventarlas para poder continuar el proceso de certificación. Finalmente, una vez analizado todo el expediente, los servicios técnicos de AENOR emiten el certificado con validez de un año.
Desde este compromiso demostrado en la extensión de buenas prácticas en bienestar animal, AENOR ha rechazado profundamente las situaciones que pueden apreciarse en el vídeo con imágenes hirientes y trabaja activamente para la erradicación de prácticas inadmisibles en el trato a los animales en las granjas.
Cabe destacar que el comunicado del Observatorio de Bienestar Animal señaló erróneamente al Grupo Uvesa, al informar que sus trabajadores eran los que intervienen en los traslados de los cerdos, pero fuentes de comunicación de esta empresa han subrayado a MONCLOA.com que no tiene responsabilidad alguna en el presunto caso de maltrato animal en la granja del terror de Quintanilla de Coco, ya que ellos solamente son un mero proveedor de los piensos en esa explotación porcina.
Se trataría pues de un error del Observatorio de Bienestar Animal (OBA) que relacionaba a los trabajadores que estaban trasladando los cerdos con esta compañía. Desde UVESA defienden que su compañía siempre ha apostado por introducir prácticas de Bienestar Animal y que año tras año refuerza su deber en el cumplimiento, no solo de la normativa legal comunitaria en esta materia, sino de otros requisitos adicionales que suponen un mayor nivel de exigencia en materia de sanidad animal, manejo de los animales, bioseguridad, trazabilidad y medio ambiente, respondiendo a las necesidades de los consumidores españoles, ofreciendo productos de máxima calidad, saludables y seguros.
