Andalucía ha renovado su compromiso de revalorizar la ayuda complementaria a las pensiones no contributivas y asistenciales. El último Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, una subida del 10% en el complemento autonómico que destina a las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantías de ingresos mínimos (SGIM) para el año 2024.
La pretensión del Gobierno que lidera Juanma Moreno Bonilla es complementar estas prestaciones con una ayuda extraordinaria de carácter anual y un pago único para ayudar a las personas mayores y a los que menos tienen. Según la Junta, se trata de la revaloración más alta que ha llevado a cabo el Gobierno de Andalucía en los últimos 20 años (casi siete puntos por encima del IPC).
UNA AYUDA DE ANDALUCÍA PARA 95.000 PERSONAS
En las pensiones no contributivas, la ayuda que aporta Andalucía pasará de 162,20 euros a 178,42 euros. La cuantía para ayudas sociales del fondo de asistencia social y del subsidio de garantías de ingresos mínimos pasará de 1.568,64 euros a 1.725,50 euros.
Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial en el momento del abono de dichas ayudas o tener reconocido el subsidio durante al menos los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía. Por este concepto, el número de personas beneficiarias de esta ayuda para 2024 asciende aproximadamente a 1.580, el 86% mujeres.
En su conjunto, la medida de Andalucía beneficiará a cerca de 95.000 andaluces, dentro del grupo de población más vulnerable, ya que quienes reciben estas prestaciones son personas que carecen de los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas de subsistencia, y esta ayuda económica es distinta y compatible con las del Sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la Administración General del Estado.
COGESTIONAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL
Por otro lado, Andalucía lleva un año y tres meses esperando que el Gobierno de Sánchez cumpla con su palabra y analice la cogestión del Ingreso Mínimo Vital, la prestación de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
En septiembre de 2022, el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se comprometió con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, a analizar mejorar la atención de las familias más vulnerables y la gestión de este Ingreso Mínimo Vital, del que se benefician 643.000 personas en Andalucía. Según datos del Ministerio de Inclusión Social, suponen el 32% de los dos millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en España.
El Gobierno andaluz quiere cogestionarlo pues tuvo que modificar el decreto de la Renta Mínima de Inserción Social para dar cobertura a los andaluces en situación de vulnerabilidad que quedaban fuera del Ingreso Mínimo Vital del Estado. En 2022 dieron más de 17.000 prestaciones en el marco de la Renta Mínima de Inserción, el doble que en 2018, que es cuando empezó a gobernar esta región el PP.
LA PALIATIVA ‘RMISA’ DE ANDALUCÍA
En febrero de este año la consejera Loles López, expuso en el Parlamento andaluz que el nuevo decreto que regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, conocida como Rmisa, que «ayuda a todas las familias que deja fuera el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno central» -que ya acogía en ese momento a 6.500 familias vulnerables en la comunidad autónoma- se tuvo que elaborar «en tiempo récord» para dar una respuesta «lo antes posible» a la población andaluza que más lo necesita. Ella era consciente de que «a la familia le da igual si es una ley o un decreto porque lo importante es que reciba su prestación». Loles López sostenía que «no es el nombre de la prestación sino la respuesta a la necesidad y que esta sea rápida y eficaz».
«LO IMPORTANTE NO ES EL NOMBRE DE LA PRESTACIÓN, SINO QUE SE RECIBA RÁPIDA Y EFICAZMENTE»
En esta misma línea, la consejera puso ejemplos de casos de personas en situación de vulnerabilidad que quedaban fuera del Ingreso Mínimo Vital. Por ejemplo aquellas personas con edades comprendida entre los 18 y 22 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% o cuando tengan a cargo a una persona con discapacidad, incluyendo situaciones de tutela o acogimiento familiar, así como contempla a aquellas personas con 16 o 17 años emancipadas y que tengan a cargo a una persona con discapacidad.
Así, el Ingreso Mínimo Vital ha tenido siete modificaciones en tan solo dos años y medio, por lo que se hacía necesario una solución para compatibilizar, en algunos casos, y completar, en otros, la prestación estatal con la autonómica.
Por eso insisten en que desde el Gobierno español se ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten y que se transfieran los recursos y fondos necesarios para gestionar esa prestación, con la premisa de que los andaluces no son menos que nadie y el Gobierno de Andalucía no va a permitir que se siga maltratando a Andalucía en ese aspecto.
