Junts y PNV no se fían de su socio Pedro Sánchez. Temen que en cualquiera de sus maniobras les de el ‘cambiazo’ de lo acordado y el decreto ley aprobado el pasado 20 de diciembre, otra ley ‘omnibus’ donde cabe todo, les ha puesto en alerta. El contenido del decreto es tan grande que en Junts y PNV lo están mirando con lupa, han decidido reunirse entre ellos (en Waterloo) y no han ocultado su desconfianza hasta el extremo de que en el Palacio de la Moncloa han empezado a llamar a vascos y catalanes para aclarar las cosas. La aplicación de la futura ley de amnistía -aun antes de estar aprobada- es el nuevo motivo de conflicto.
El motivo del nuevo encontronazo entre Sánchez y sus socios de Junts y PNV es el decreto ley del Consejo de Ministros de final de año en el que, entre otras cuestiones, se daba vía libre a la subida de las pensiones o la distribución de los fondos europeos. Pero la cuestión más candente es que dentro de ese decreto se incluye un cambio en la tramitación de los procesos judiciales para que se paralicen cuando un juez decida consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de una norma. Esta modificación supondrá en la práctica reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La traducción de este cambio significa que cuando se aplique la ley de amnistía cada caso de los más de 300 amnistiados previstos tendrá que ser visto por separado por un juez, lo que supondría paralizar la amnistía caso por caso si el magistrado correspondiente decide consultar al TJUE, dado que se trata de ver cómo se tratan los delitos cometidos durante el procès. En consecuencia, Junts ha puesto el grito en el cielo y, al ver en peligro, el desarrollo del punto fundamental del acuerdo con Sánchez, ya está amenazando con retirar su voto de la convalidación del citado decreto ‘omnibus’.
Estas son las quejas de Junts. Pero el PNV tampoco está por la labor de votar el citado decreto alegando la variedad tan diferente de temas que se incluyen a lo largo de las 300 páginas que lo componen. Sin embargo, no es decartable que algo tenga que ver la reciente reunión que mantuvieron Andoni Ortúzar y Carles Puigdemont en Waterloo. Los nacionalistas vascos consideran que son demasiadas leyes las que se quieren aprobar de golpe y alegan que habitualmente solo se utiliza este trámite cuando se trata de aprobar cuestiones urgentes. Y en el real decreto muchas no son urgentes.
Desde Moncloa aseguran a los independentistas catalanes que ese cambio no afectará a la hoja de ruta pactada, ya que el cambio introducido en la Ley de Enjuiciamiento Civil no es algo nuevo sino que trata de incorporar una práctica habitual de los jueces españoles con el Tribunal de Justicia Europeo, lo que obligaba a suspender el procedimiento judicial hasta que el TJUE se pronuncie sobre la norma consultada.
EL CAMBIO CRITICADO POR JUNTS NO ENTRARÁ EN VIGOR HASTA EL 20 DE MARZO
El decreto del Gobierno incluye dos párrafos para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y además especifica que entrará en vigor el 20 de marzo: «El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso».
«Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento». Lo único que se requerirá para suspender el procedimiento judicial es un «auto motivado, previa audiencia por plazo de diez días a las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal».
La lectura de estos dos párrafos ha inquietado de Junts. Su secretaria general, Mìriam Nogueras, ya ha advertido a los socialistas que la legislatura peligra si los dos polémicos párrafos entran en vigor y, con ello, se da al traste con la ley de amnistía. Lo que ha dejado claro Nogueras es que «si nos engañan, dejan de tener los siete votos que necesitan y los que salen perdiendo son ellos». El aviso para navegantes que siempre dirigen a Sánchez cuando no salen las cosas según Junts prevé.
LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP PRETENDE ILEGALIZAR A QUIEN PROMUEVA LA INDEPENDENCIA
Mientras tanto, la proposición de ley de amnistía sigue su cauce en el Congreso de los Diputados, que ha habilitado enero para agilizar su tramitación. En estos momentos, y una vez aceptada su toma en consideración por vía de urgencia a propuesta de PSOE, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, es el momento de presentar las enmiendas a la totalidad (se podían presentar desde el pasado 23 de diciembre y el plazo finaliza este 3 de enero a las 18,00 horas) y el PP ha presentado la suya.
El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha explicado tras presentar la enmienda a la totalidad que la enmienda de totalidad contempla la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. En su propuesta también persigue cartigar a las «autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales», buscando «perjudicar la unidad de España».
Ese texto alternativo que complementa la enmienda es una reforma del Código Penal y se debatirá en el Pleno del Congreso dentro de una semana. Pero además, los populares con su iniciativa quieren tipificar como delito las «declaraciones de independencia» y «lo referido a la violencia» o las «consultas ilegales», según ha avanzado Tellado, quien no ha aclarado si lo que se busca con la propuesta es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox.
Tras el debate de las enmiendas a la totalidad, el siguiente paso será en la Comisión de Justicia del Congreso para analizar las enmiendas parciales que hayan presentado los partidos políticos, que tendrán de plazo hasta el 16 de enero para presentarlas, tras aceptarse la petición del Grupo Socialista de ampliar una semana más este proceso.
LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE VOX PROPONE CASTIGAR A QUIENES NEGOCIEN CON CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN
También Vox ha presentado una enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía del Gobierno. Como el PP, el partido de Santiago Abascal propone que se tipifique un nuevo delito para castigar a quienes negocien asuntos «propios de las Cortes Generales» con quienes han sido procesados o sustraído la acción de la justicia «por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional».
En este sentido, propone que estos delitos sean castigados con penas de 6 a 10 años de prisión y de 6 a 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público. La enmienda de Vox también propone elevarlas penas de prisión contra quienes promuevan referéndums ilegales, también para los casos de ultrajes a España o sus símbolos. Y por último, la ilegalización de los partidos que amenacen la unidad de España y su integridad territorial.
«No sólo atacamos a la amnistía en sí, sino que combatimos todos los elementos que el Gobierno está utilizando para perpetrar ese golpe de Estado desde la mano de la Moncloa», ha resumido el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo.
