Juanma Moreno acaba de presentar una iniciativa con la que pretender reformar la Ley del Consejo Consultivo de Andalucía, aprobada en 2005, con el objetivo de que todos los expresidentes de la Junta andaluza formen parte de dicho consejo y cuenten con un sueldo superior a los 70.000 euros brutos anuales.
El personal que tendrán a su servicio es un asesor de nivel 30, un automóvil de representación y dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta. Este personal podrá ser nombrado y cesado libremente por el titular de la Consejería de la Presidencia a propuesta del expresidente o expresidenta. Su oficina estará en el edificio del Parlamento andaluz y el coste anual podría suponer para la junta unos 225.000 euros.
Moreno sigue los pasos de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid a finales de diciembre del pasado ejercicio logró que la Asamblea de Madrid aprobase la Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Educación de las Instituciones y los Organismos de la comunidad, por la que se ha recuperado el Consejo Consultivo. La nueva norma incluye que los expresidentes autonómicos podrán formar parte de él y cobrar por su participación.
Otra de las comunidades que cuenta con Consell Jurídic Consultiu es la valenciana, cuyos expresidentes no cobran suelo o pensión vitalicia, pero a quienes se pone a su disposición una oficina de apoyo con dos asesores y un conductor. Estos datos son pagados con el presupuesto de la Generalitat.
Por término medio, los expresidentes autonómicos, al menos 12 de 15, cobran un sueldo de 70.000 euros brutos anuales, tienen coche, chófer, oficina y secretaria. Aunque cada comunidad regula de forma diferente la figura de sus expresidentes, en todas, menos Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia y La Rioja, tienen algún tipo de reconocimiento por ‘labor prestada’, como cobrar una pensión vitalicia, un sueldo durante varios años o disponer de coches, funcionarios y oficinas.
JUANMA MORENO FIJA COMO LÍMITE LOS 75 AÑOS PARA QUE SEAN MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO
La propuesta del presidente de Andalucía es que Los expresidentes de la Junta sean miembros del Consejo Consultivo hasta los 75 años de edad, aunque si en el momento de la aprobación de la ley ya los hubieran cumplido, lo podrán solicitar para ser miembros durante un mandato de cinco años.
El argumento de Moreno Bonilla es que se debe utilizar la «experiencia» de quienes han sido presidentes de la comunidad. No obstante, quedarían excluidos aquellos que han sido inhabilitados por la trama corrupta de los ERE, como son Manuel Chaves (78 años) y José Antonio Griñán (77 años), quienes además ya no cumplirían el requisito de los 75 años, ya que ambos superan esa edad límite. Tampoco podrían beneficiarse Rafael Escuredo (79 años) y José Rodríguez de la Borbolla (76 años).
Por tanto, la única presidenta de la Junta de Andalucía que podría optar a formar parte del Consejo Consultivo sería Susana Díaz (49 años), quien presidió la Junta entre el 6 de septiembre de 2013 hasta el 18 de enero de 2019, siendo su sucesor Juanma Moreno Bonilla. En la actualidad es senadora de la XV Legislatura, por lo que tendría que abandonar su escaño ya que la propuesta establece los cargos de presidencia y consejeros permanentes y electivos del Consejo Consultivo sean incompatibles con el desempleo de cargos públicos de representación popular.
Hasta ahora, los presidentes andaluces al cesar su actividad laboral tenían derecho a una asignación mensual igual al 60% de la retribución que corresponda a quien ejerza la presidencia de la Junta. Por otra parte, desde su cese, tienen derecho a los medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina y de servicios de seguridad.
OTROS EXPRESIDENTES AUTONÓMICOS NO GOZAN DE NINGÚN PRIVILEGIO
Por contra, algunas comunidades autónomas no cuentan con ninguna ley que reconozca privilegios a sus expresidentes. Este es el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia y La Rioja.
Otras comunidades eligen como vía nombrarles consejeros de sus Consejos Consultivos, como hizo a finales de año Madrid y está a punto de aprobar el Parlamento de Andalucía. Este es el caso, además de la Comunidad Valenciana, Galicia o Castilla y León. Cobran unos 70.000 euros brutos anuales por su asesoramiento. Como botón de muestra, el expresidente Juan Vicente Herrera, que ejerce esa potestad a cambio de un salario de 80.741,24 euros, lo mismo que los consejeros. Y en Asturias no cobran nada, pero puedan disponer de un local como despacho en dependencias del Principado y la asignación de un funcionario para realizar labores de secretaría.
En el caso de Galicia, por ejemplo, los expresidentes de la Xunta de Galicia tienen derecho a percibir, durante un máximo de dos años desde su cese, una retribución del 60% de lo que recibían como presidentes. Además, tienen derecho, por un periodo de entre cuatro y diez años, a un asistente y coche oficial con conductor.
En Murcia, aunque no cobran ningún sueldo tras dejar el cargo, ostentan la condición de diputado regional y pueden ser también senadores y, en Ceuta, no tienen ninguna remuneración económica establecida aunque reciben un ‘tratamiento institucional’. Y en Navarra se reconoce a los expresidentes, presidentes, consejeros y directores generales del Gobierno foral cobrar hasta dos años el 80% del sueldo que percibían.
Y en Canarias, se ha creado un ‘órgano asesor’ que otorga a los expresidentes de la comunidad sueldos de consejeros y que tendrá un coste de 350.000 euros. Asimismo, quienes formen parte de este órgano podrán de manera individual o conjunta realizar estudios, análisis y emitir informes.
CATALUÑA CUENTA CON LOS EXPRESIDENTES MÁS RICOS
De todas las comunidades, Cataluña se lleva la palma en el trato excelente que dispensa a sus expresidentes. Los catalanes aprobaron el llamado ‘Estatuto de los Expresidentes’ en 2003, siendo Jordi Pujol el president. Lo hizo poco antes de retirarse de la vida política. Dicho Estatuto fija un 80% del sueldo del cargo a los expresidentes. El actual president de la Generalitat, Père Aragonés cobra en torno a 153.000 euros anuales brutos. Por tanto, presidentes como Joaquín Torra tendrían una pensión de más de 122.000 euros brutos anuales, como mínimo durante una legislatura. Y a partir de los 65 años, ya como jubilación, dicha cantidad pasa a ser del 60%. Y junto al sueldo disponen de oficina y los recursos necesarios para mantenerla.
En la actualidad, solo Pasqual Maragall disfruta de esos privilegios. José Montilla es senador; Jordi Pujol tuvo que renunciar a estos privilegios tras confesar que tenía una herencia millonaria sin declarar en el extranjero, renunciando, entre otras cuestiones, a los 80.000 euros de sueldo por haber ejercido como president durante 23 años, al coche oficial y al chófer y a la oficina que tenía en el céntrico Paseo de Gracia.
Por su parte, en el País Vasco la Ley del Gobierno incluye un complemento de jubilación para los exlehendakaris. En la actualidad reciben ese complemento Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, además de disponer de oficina, secretaria, coche y chófer. Por su parte, el exlehendakari Juan José Ibarretexe, que da clases en la universidad, caba de renunciar a la oficina y secretaria, pero mantiene el chófer y el coche. Y su sucesor, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso en la actualidad, solo conserva el servicio de seguridad de la Ertzaintza como escolta. Y cuando llegan a la edad de jubilación, la ley establece que los exlehendakaris tienen derecho a que el Gobierno vasco les complemente su pensión hasta el 50 % del sueldo anual por todos los conceptos que corresponda al cargo. En la actualidad, el lehendakari tiene asignado un sueldo en torno a los 115.000 euros.
En Castilla-La Mancha, los expresidentes tienen a su disposición una secretaría con dos personas, un local de oficina, un conductor y un automóvil de representación. José María Barreda y María Dolores de Cospedal han renunciado a estos privilegios. José Bono sería el único que los mantiene, aunque el actual presidente Emiliano García-Page asegura que antes de las elecciones del 28M de 2023 recibió una carta del expresidente renunciando a estos privilegios.
En Extremadura, los expresidentes disponen de tres trabajadores y un vehículo. Ninguno tiene oficina física, pero tienen derecho a percibir dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación a instancias de la Junta.
