La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha informado que el Tribunal Supremo ha aceptado a trámite el recurso presentado por esta asociación en contra de una orden emitida por María Gámez, quien fue directora de la Guardia Civil bajo la supervisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La socialista María Gámez fue directora de la Guardia Civil hasta que dimitió tras la imputación de su marido en un caso de corrupción, siendo sustituida por la que entonces era delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. La orden a la que se refieren desde la AUGC buscaba reducir los salarios de los guardias civiles a través de un sistema de cálculos matemáticos irracionales por medio de los incentivos de productividad para los agentes.
EL CÁLCULO DE MARLASKA CON PLUSES SALARIALES
Dicho documento ya fue rechazado en otra instancia por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Pero ahora, tal y como informa la asociación de la benemérita, el Tribunal Supremo cuestiona e investiga el tipo de documento, en este caso la Orden General que el ministro utilizó para fijar el cálculo de los pluses salariales en la Guardia Civil.
En concreto, lo que se trata de dilucidar es «si dado el contenido y la finalidad de la Orden General número 4, de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, esta ha de ser calificada como un acto administrativo con pluralidad de destinatarios, o si se trata de una disposición general de carácter reglamentario, o si pudiera calificarse como una categoría intermedia entre las dos anteriores», informa AUGC.
EL MINISTRO MARLASKA NO HA ESTADO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
Y por ello, la Sala Tercera del Supremo de lo Contencioso-Administrativo, ha aceptado la propuesta de unificar jurisprudencia. En un auto del 28 de noviembre, el Supremo declaraba varias cuestiones que presentan interés casacional. Para AUGC, «el ministro Marlaska no ha estado a la altura de las circunstancias en la última legislatura por lo que desde esta Organización demandamos cambios urgentes».
EL CASO DE MARLASKA RECUERDA AL DE VERGÉS
Este caso judicial recuerda bastante al de Alba Vergés, la ex consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, que está siendo investigada por el retraso en el suministro de vacunas de la Covid a policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. La Fiscalía pidió su imputación y el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, Fernando Luis Criado, está investigando si intervino en el calendario de vacunación.
El escrito argumenta que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, concretamente a través de una miembro de su gabinete en un mensaje de Whatsapp que decía: «la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo». En la causa, además de Vergés y el ex secretario de Salud Pública, Josep María Argimon, hay investigados otros cuatro cargos de la Conselleria durante la pandemia.
Vergés tiene la condición de aforada al ser diputada de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento catalán, por lo que le corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instruir la causa contra Vergés y previsiblemente contra el resto de investigados. Curiosamente, dicho tribunal ya rechazó investigarla porque no apreciaba ninguna «acción u omisión» por su parte, antes de que salieran los nuevos indicios mencionados.
Pero hay más investigaciones abierta. Recientemente fue Marlaska quien ordenó al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que se abriera una investigación interna en la Guardia Civil contra los responsables de la Asociación pro Guardia Civil (APROG) tras el duro comunicado que realizaron criticando el pacto entre el PSOE de Pedro Sánchez y el Junts de Carles Puigdemont.
EL PACTO PSOE-JUNTS DIO 1.600 MILLONES A MOSSOS
Fruto de ese pacto, el Gobierno y la Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue del cuerpo de los Mossos d’Esquadra hasta 2030, según explicó la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas. Ello supondrá el aumento de 3.000 agentes, hasta los 22.006 efectivos en 2030, sumado a otro acuerdo presupuestado en 46 millones de euros para la jubilación anticipada de los Mossos d’Esquadra.
«Quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado», es una de las frases del comunicado de APROG, aunque son muchas más las asociaciones de la Guardia Civil que han criticado dicho acuerdo para la investidura de Sánchez.
guardia civil reclama a marlaska la equiparación salarial
Finalmente, la Guardia Civil no cesa de reclamar a Marlaska que cumpla los acuerdos de equiparación salarial y reconocimiento de los profesionales como grupo de riesgo para una jubilación similar al resto de cuerpos policiales. También pide la implementación de una jornada laboral digna y la remuneración adecuada mediante sistemas de productividad, la aplicación del Código Penal Militar mientras se realizan funciones policiales; o la búsqueda de una segunda generación de derechos para los guardias civiles donde puedan expresar sin limitaciones sus demandas y reclamaciones en el seno del Consejo de la Guardia Civil, entre otras cuestiones. En marzo habrá una manifestación por ello.
