miércoles, 29 mayo 2024

Marlaska desata la alarma en Andalucía por los recortes en la Policía Nacional

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se enfrenta a un nuevo reto en este Gobierno de coalición. La Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía es el nuevo motivo de enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. 

En un llamado urgente, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, del Partido Popular (PP), ha levantado la voz de alarma al describir la situación precaria que enfrentan los agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía. Sanz ha argumentado que la Comunidad Autónoma se encuentra al borde de un «colapso técnico» con consecuencias imprevisibles para su operatividad.

Según declaraciones del consejero, la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita, que teóricamente debería constar de 725 funcionarios, se ve gravemente afectada al contar actualmente con solo 383 agentes en activo. Este preocupante dato indica que la fuerza policial en ejercicio se encuentra operando al 52% de su capacidad nominal. Además, se proyecta que para el año 2024, la plantilla sufrirá 11 bajas adicionales, lo que agrava aún más la situación.

La disminución significativa en el número de agentes en activo plantea serias dudas sobre la capacidad de la Unidad de Policía Adscrita para cumplir eficazmente con sus responsabilidades en la región. Antonio Sanz ha subrayado la necesidad de abordar esta situación de manera inmediata, advirtiendo que las consecuencias podrían ser impredecibles y perjudiciales para la seguridad y el funcionamiento del territorio andaluz.

EL GOBIERNO ANDALUZ SOLICITA UNA REUNIÓN URGENTE CON MARLASKA

La nefasta gestión de Marlaska pone en riesgo a la ciudadanía andaluza | Foto: Europa Press
La nefasta gestión de Marlaska pone en riesgo a la ciudadanía andaluza | Foto: Europa Press

Con esta complicada situación, el Gobierno andaluz ha solicitado «una reunión urgente» con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, Juanma Moreno se apoya también en las Comunidades Autónomas de Aragón, Valencia y Galicia, con el objetivo de ganar más fuerza y solicitar a Marlaska más agentes para las correspondientes policías adscritas.

No obstante, mientras esperan la llegada de que Marlaska acepte reunirse con ellos, una reunión de la cual aún no se ha establecido fecha ni hora, la Junta de Andalucía insta, con carácter de urgencia, la adscripción de un número mínimo de 125 funcionarios a su Policía Autonómica mediante la modalidad de comisión de servicio. «Solo espero que durante esta nueva legislatura el ministro de Interior atienda nuestras demandas, que no son precisamente políticas, son justas», comentó ante los medios de comunicación Sanz.

Dentro de las responsabilidades asignadas a la Policía Adscrita se incluye la prevención e investigación de incendios forestales, desempeñando un papel activo en el Plan Infoca. En el presente año, la unidad ha conseguido esclarecer el 85% de los incendios objeto de investigación, siendo un total de 73 de 85 casos. Adicionalmente, los agentes andaluces desempeñan un papel crucial en la seguridad de eventos destacados, como el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz) y el Plan Romero.

La unidad adscrita también se encarga de la protección personal de las más altas instancias autonómicas, así como de aquellas personalidades que circunstancialmente requieran tal resguardo. No obstante, al inicio de esta legislatura, el Gobierno de Juanma Moreno suspendió las labores de escolta para los consejeros, limitándolas exclusivamente al presidente de la Junta, debido a la escasez de efectivos.

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Por otra parte, la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía despliega esfuerzos significativos en la lucha contra los delitos relacionados con menores de edad, acumulando más de 100.000 actuaciones desde su creación hace tres décadas. Además, se ocupa de delitos que afectan al patrimonio, y recientemente se ha establecido un cuerpo especializado en ciberseguridad, siendo una iniciativa única entre las comunidades autónomas.

En teoría la plantilla debería constar de 725 funcionarios, actualmente solo están 383 agentes en activo

La Junta de Andalucía busca fortalecer aún más las competencias de esta unidad, con planes para incorporar especialistas que aborden el acoso a menores y el bullying en entornos educativos. Asimismo, se pretende mejorar el perfil de los agentes en la lucha contra la violencia de género.

El Ministerio del Interior ha solicitado a la Junta que asuma el 50% del coste de la Unidad, ya que anteriormente solo se encargaba de financiar uniformes y medios materiales. La disposición de Andalucía para cumplir con esta demanda está condicionada a contar con una dotación presupuestaria adecuada, según informan fuentes del Gobierno.

LAS COMUNIDADES DEL PP SE UNEN PARA HACER OPOSICIÓN A MARLASKA

La nefasta gestión de Marlaska pone en riesgo a la ciudadanía andaluza | Foto: Europa Press
La nefasta gestión de Marlaska pone en riesgo a la ciudadanía andaluza | Foto: Europa Press

La Policía Autonómica de Andalucía se encuentra notablemente distante de cuerpos como los Mossos catalanes o la Ertzaintza vasca. Establecida en 1993, con tres décadas de existencia, opera orgánicamente bajo el Ministerio del Interior y funcionalmente bajo la Junta de Andalucía, específicamente, bajo la Consejería de la Presidencia. Aunque asume ciertas funciones, especialmente al servicio del Ejecutivo autonómico, no ejerce plenamente como un cuerpo policial autónomo.

La Junta de Andalucía ha establecido una alianza con las Comunidades Valenciana, Aragón y Galicia, todas bajo el gobierno del Partido Popular, solicitando de manera conjunta una reunión urgente con el ministro del Interior para exigir un aumento en el número de agentes para sus respectivas Policías Adscritas. Sin embargo, la situación de la Policía andaluza es la más crítica entre las cuatro.

En ninguna de las demás unidades adscritas se observa una escasez de personal tan aguda como en el caso de Andalucía. La Comunidad Valenciana tiene una tasa del 79,6%; en Aragón, del 73,3%, y en Galicia, del 71%. Desde el Gobierno andaluz, denuncian que «Andalucía se encuentra en una situación muy alarmante y está siendo particularmente perjudicada».